El largo camino de la American Psychological Association hacia la redención
Roy J. Eidelson
Solomon Asch Center at Bryn Mawr College, Estados Unidos
Recibido 25/08/2015; aceptado 02/09/2015
Introducción [1]
Hace doscientos años Mary Shelley escribía Frankenstein, una
novela acerca del joven doctor que abandona todos los límites éticos y toma el
imprudente camino de una ciencia desasida de valores y una ambición sin
restricciones de conciencia. Trae a la vida un monstruo horrible, hecho de
partes de cuerpos recolectadas de mataderos, salas de disección y cementerios.
Posteriormente, el doctor se horroriza y se arrepiente de las elecciones
realizadas y se esfuerza por minimizar el daño que ha causado.
La situación que enfrenta la American Psychological Association, la organización de psicólogos más grande del mundo,
no es tan diferente. Durante más de una década, la conducción de la APA
sacrificó la pauta ética de la profesión referida a “no dañar” y, en cambio,
abrazó la búsqueda de un mayor poder, influencia y prestigio ofrecidos por la
brutal y tortuosa “guerra contra el terrorismo” estadounidense. Ahora, después
de años de controversias, evasivas y negaciones, la APA ha comenzado a
reflexionar seriamente sobre la devastación producida y el camino hacia la redención.
Cabe hacer notar que en su convención anual de agosto de 2015, en Toronto, el Consejo de Representantes de la APA
aprobó por abrumadora mayoría una resolución
histórica que incluye tres cambios cruciales de política. Primero, la resolución se opone a cualquier
participación de psicólogos en interrogatorios de seguridad nacional. Segundo,
la resolución adopta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y el
dictamen de representantes de Naciones Unidas y otros cuerpos internacionales
sobre la determinación de qué constituye tortura y tratos o castigos crueles,
inhumanos y degradantes. Y tercero, la resolución también especifica, basándose
en el referéndum de
miembros de la APA de 2008, que los psicólogos presentes en la Bahía Guantánamo (y otros sitios
internacionales similares) están en situación de violación de la política de la
APA, a menos que estén trabajando directamente en beneficio de los detenidos o
brindando tratamiento al personal militar.
Después de años de obstrucción desde los niveles más altos de la APA, esta resolución resulta un muy significativo
avance. Al mismo tiempo, permanece incierto si la conducción de la Asociación
perseverará con su nueva agenda de transparencia, responsabilidad y reforma.
Para apreciar cabalmente este momento y las participaciones involucradas es
importante considerar cómo la APA llegó a este punto y los desafíos que todavía
están por delante.
La historia de colusión de la APA
Apoyo a la “Guerra contra el terrorismo”
El inquietante rol de la APA en la larga pesadilla de tortura de los Estados Unidos comenzó en los días
inmediatamente posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001. En aquel tiempo, el vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney
ofreció estas siniestras instrucciones a la audiencia nacional de televisión:
También tenemos que trabajar…el lado oscuro, si ustedes quieren. Tenemos que dedicar tiempo en
las sombras en el mundo de la inteligencia. Mucho de lo que aquí debe ser hecho
tendrá que ser hecho silenciosamente, sin discusión, usando fuentes y métodos
que están disponibles en nuestras agencias de inteligencia… Este es el mundo en
el que esta gente opera, y entonces será vital para nosotros utilizar cualquier
medio a nuestra disposición, básicamente, para alcanzar nuestro objetivo.
Las implicaciones de su mensaje fueron claras y profundamente preocupantes para muchos en el mundo entero. Sin
embargo, la conducción de la APA rápidamente tomó medidas para asegurar que la
Administración Bush viera a la Asociación como un recurso clave y un socio
altamente valioso en las operaciones militares y de inteligencia que
resultarían centrales a la nueva “guerra contra el terror”. En este esfuerzo la
APA ansiosamente ofreció sus servicios y experiencia a quienes
tomaban decisiones en el Departamento de Defensa y en la Agencia Central de
Inteligencia (CIA).
Pronto se les dio a los psicólogos roles centrales en el desarrollo y la justificación de las llamadas “técnicas
mejoradas de interrogatorio” de la Administración Bush. La mera presencia de
psicólogos en los brutales interrogatorios llevados a cabo en los “sitios
negros” de la CIA y Guantánamo era considerada prueba de que la tortura no
estaba ocurriendo puesto que se argumentó que los profesionales de la salud
nunca permitirían la imposición intencional de dolor físico severo o el
sufrimiento psicológico . Ciertamente, es razonable preguntarse si la Casa
Blanca podría haber logrado proseguir su agenda de tortura si la APA hubiera
tomado desde el principio una fuerte posición contra la participación de los
psicólogos en estas operaciones.
Protección de los psicólogos que hacen daño
Desde ese primer momento en adelante, los influyentes conductores de la APA eligieron un camino que directa o
indirectamente brindó apoyo y encubrimiento para el tratamiento inhumano a los
detenidos de la guerra contra el terror. Tres breves ejemplos deberían bastar.
Primero, en 2002 la APA completó una revisión de muchos años de su código de ética,
que incluyó cambios indudablemente bienvenidos por quienes aceptaron los
métodos de Cheney de “el lado oscuro”. Por ejemplo, el nuevo código permitió a
los psicólogos evadir su responsabilidad alegando que solo “seguían órdenes”
–en otras palabras, la desacreditada “defensa de Nüremberg”–. El código
actualizado también hizo más laxas las normas relativas a la investigación,
facilitando la prescindencia de las protecciones del consentimiento informado.
En última instancia, estas revisiones facilitaron la participación de
psicólogos en espantosos interrogatorios y experimentos sobre los detenidos.
Segundo, meses después de la aparición de los informes sobre tortura que involucraban a psicólogos en
Guantánamo y otros lugares, la conducción de la APA creó en 2005 el Grupo de
Trabajo Presidencial sobre la Ética Psicológica y la Seguridad nacional (Presidential
Task Force on Psychological Ethics and National Security, PENS). La
APA constituyó este grupo de trabajo predominantemente con representantes del
ejército de los Estados Unidos y de las agencias de inteligencia, varias de las
cuales trabajaban en las cadenas de mando donde los presuntos abusos habían
ocurrido. En poco tiempo, este grupo afirmó que era ético para los psicólogos
participar en interrogatorios de detenidos y otros roles relacionados, alegando
falsamente que su participación servía para mantener estas operaciones
“seguras, legales, éticas y eficaces”. Con la injustificada aprobación “de
emergencia” del Informe del PENS
por parte del Consejo de la APA, ésta se convirtió en la única organización de la salud en apoyar prácticas
contrarias a las normas internacionales de derechos humanos.
Y tercero, en 2013, después de una demora de seis años, la Oficina de Ética de la APA bajo la dirección de Stephen
Behnke– cerró el expediente de una denuncia que había sido presentada contra el
psicólogo John Leso quien trabajaba en Guantánamo. Con este acto, la Oficina
afirmó que no había “ninguna causa
para actuar” –a pesar de la convincente evidencia de que el Doctor
Leso había sido co-autor de un memorandum
que recomendaba técnicas de detención e interrogatorio abusivas–. El Doctor Leso estuvo también presente durante
algunas sesiones de interrogatorio del detenido Mohammed al-Qahtani, quien fue
sometido a casi 20 horas de interrogatorio diarias, fue mantenido en
aislamiento sin contacto con otros detenidos, fue frecuentemente encapuchado,
fue forzado a usar un sostén de mujer, y fue llevado con correa y forzado a
realizar trucos de perro. Más tarde, la jueza Susan Crawford se negó a
remitir el caso de al-Qahtani a juicio porque determinó que su interrogatorio corresponde a la
definición legal de tortura. Pero la APA se negó incluso a abrir una
investigación formal completa de las acciones del Doctor Leso.
Ruptura de la barrera de la evasión y la negación
Durante años, los conductores de APA se rehusaron a considerar seriamente los repetidos llamados a rendir cuentas y
a la reforma, realizados por preocupados psicólogos y defensores de los
derechos humanos. Prueba de tal menosprecio fue una columna en la revista de la
APA, Monitor on Psychology, escrita por el entonces presidente Gerald Koocher, en la cual describió a los críticos de APA como
“comentaristas oportunistas disfrazados de eruditos”. El otoño pasado, sin
embargo, la marea cambió cuando James Risen, el reportero ganador del premio
Pulitzer, publicó Pay Any Price: Greed, Power, and Endless War [Pagar
cualquier precio: codicia, poder y guerra eterna]. A través del acceso a
cientos de correos electrónicos no revelados previamente que implicaban al
personal jerárquico de APA, Risen confirmó que la APA había “trabajado
continuamente para proteger a los psicólogos… involucrados en el programa de tortura”.
Incapaz de evadir o frenar las controversias satisfactoriamente, como había hecho tan a menudo en el pasado,
en noviembre el Consejo de APA designó de mala gana al ex fiscal David Hoffman
y sus colegas del estudio jurídico Sidley Austin para, de modo independiente,
examinar las denuncias de que la APA conspiró con el Departamento de Defensa y
la Agencia Central de Inteligencia en apoyo de las prácticas de detención, interrogatorio
y tortura de la Administración Bush. Este pasado julio, justo antes de la
convención anual de la APA, los devastadores resultados de la revisión
independiente de Hoffman –basada en entrevistas a más de 150 personas y el estudio de más de
50.000 documentos– fueron divulgados. Este extracto del resumen del Informe
Hoffman destaca las extensas conclusiones alcanzadas:
Nuestra investigación determinó que funcionarios clave de APA, principalmente el
Director de la Oficina de Ética, conjuntamente y apoyado a veces por otros
funcionarios de APA, conspiró con importantes funcionarios del Departamento de
Defensa [DoD] para aligerar las directrices éticas de alto nivel de APA, y que
no limitaran al DoD más que las pautas de interrogatorio del DoD ya existentes.
Concluimos que el motivo principal de la APA para hacerlo fue alinear a la APA
y congraciarse con el DoD. Había otros dos motivos importantes: crear una buena
respuesta de las relaciones públicas y sostener el crecimiento de la psicología
sin restricciones en esta área.
También encontramos que en los tres años posteriores a la adopción del informe 2005 del
PENS como política de la APA, sus funcionarios se involucraron en un patrón de
colaboración secreta con funcionarios de DoD para vencer los esfuerzos del
Consejo de Representantes de la APA por introducir resoluciones que habrían
prohibido definitivamente a psicólogos participar en interrogatorios en la
Bahía de Guantánamo y otros centros de detención estadounidenses en el extranjero.
Para abordar adecuadamente las consecuencias de esta colusión –que involucró a la conducción y la burocracia
de la APA durante tantos años– se requerirá un compromiso institucional de amplia
base y la involucración de los miembros. Lo que sigue es sólo una lista parcial
de los pasos correctivos necesarios y de los obstáculos que quedan por delante.
El futuro incierto de la APA
Asuntos de personal
En la convención del mes pasado, Nadine Kaslow y Susan McDaniel, la presidenta saliente de APA y la presidenta
electa respectivamente, confirmaron que el Consejo de APA no tiene planes de
instituir más cambios de personal más allá de aquellos ya anunciados. Hasta el
momento, el director de la oficina de ética Stephen Behnke, identificado en el
Informe Hoffman como el individuo más completamente involucrado en la colusión,
ha sido despedido. Otros tres miembros del personal superior también se
marchan. El CEO Norman Anderson y el Deputy CEO Michael Honaker [2] se están jubilando más temprano, y la
directora de asuntos públicos Rhea Farberman ya ha renunciado. El comunicado de
prensa que anuncia las tres partidas alabó a estos individuos y no hizo ninguna mención a sus roles o
responsabilidades de supervisión en relación con la colusión de la APA y el
Departamento de Defensa.
Otros miembros clave –incluyendo la consejera general de APA Nathalie Gilfoyle y la subdirectora de la oficina de
ética Lindsay Childress-Beatty– permanecen en sus puestos a pesar de las graves
preocupaciones planteadas en el Informe Hoffman sobre sus acciones. También,
otros que figuran de forma prominente en el detallado análisis del Informe
incluyendo a Larry James, Gerald Koocher y Ron Levant– continúan en puestos
electos en el gobierno de APA. Mientras se respeta el debido proceso, no queda
claro si conservar “la vieja guardia” en tales roles de conducción sirve a los
mejores intereses de los miembros de la APA y su declarado programa de reforma.
Con respecto a los asuntos de personal, la selección de un nuevo CEO para sustituir a Norman Anderson en
enero es obviamente una prueba crítica para la APA. El proceso de
identificación de candidatos potenciales, los antecedentes personales y las
características que se consideran más importantes y la composición de comités
de revisión y de selección son todas oportunidades para la Asociación de
demostrar que las prioridades equivocadas del pasado realmente ya no son
aprobadas. Más claramente, un CEO que no parece separarse legítimamente
de la pasada década de colusión –ni de los peores actores que formaron parte de
ello– no puede, siendo realistas, restaurar la confianza y mover a la APA a
tierras más altas.
Disculpas y Ejecución
En las últimas semanas, varios líderes de APA han expresado su pesar y han pedido disculpas a los miembros de
la Asociación. Pero no han ofrecido ninguna disculpa formal a los muchos
detenidos que fueron víctimas directas de las permisivas políticas de ética de
la APA –políticas que proporcionaron el apoyo para prácticas de detención y de
interrogatorio abusivas–. Cuando fueron cuestionadas sobre esto en la
convención, tanto Kaslow como McDaniel parecían incómodas y cautelosas de dar
una disculpa oficial, aparentemente preocupadas sobre la probabilidad de potenciales
repercusiones legales. Sin embargo, reparaciones simbólicas y materiales son
los componentes críticos de la transición de una era a la otra, para una nación
o una organización. Contribuciones financieras o un fondo permanente para
ayudar en el tratamiento y el apoyo de las víctimas de tortura son algunos de
los modos de reconocer de manera significativa el grave y, en algunos casos,
permanente daño que las acciones de la APA han causado.
Incluso antes de la nueva resolución del pasado mes, basada en el referéndum de socios de 2008, Guantánamo debería
haber sido prohibido a los psicólogos, puesto que los detenidos son retenidos
allí en violación al derecho internacional. Tan recientemente como en noviembre
pasado, el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura reiteró que el actual encarcelamiento
indefinido de detenidos en Guantánamo “constituye en sí una violación de la
Convención”. Sin embargo, según un sitio web
oficial del gobierno estadounidense, los psicólogos en Guantánamo
continúan “proporcionando servicios consultivos para apoyar la detención y las
actividades de inteligencia autorizadas por la ley”. Esto representa un desafío
directo al compromiso de la APA de hacer cumplir sus prohibiciones y sancionar
a los miembros que no cumplan.
Aunque no es técnicamente requerido por la nueva resolución, será importante para la conducción de la APA comunicar
rápida, clara y públicamente las nuevas políticas y sus restricciones a las
juntas de otorgamiento de licencias y a las asociaciones de psicólogos de los
50 estados americanos. Esto es necesario para facilitar una supervisión más eficaz
y el fortalecimiento de la ética de la profesión. Tal como está documentado, el
fracaso general de la APA y de las juntas estatales para tomar acciones
disciplinarias contra la mala conducta ética en contextos de seguridad nacional
cuenta entre las profundas desgracias de la profesión de la década pasada.
Preocupaciones y obstáculos aún más amplios
Más ampliamente, más allá de los detalles concretos de la nueva Resolución, no queda claro si la relación de la
APA con el Departamento de Defensa (DoD), la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) y otras agencias relacionadas cambiará y cómo. La deferencia indebida a
las preferencias y prioridades del gobierno condujeron directamente a la
colusión que sacrificó la ética profesional para la conveniencia política. ¿Qué
garantías institucionales se pueden poner ahora en marcha para evitar que
canales similares de influencia, oportunidades para el engaño estratégico y
tentaciones de poder y privilegio triunfen en el futuro?
Un baluarte contra tal retroceso sería un examen exhaustivo e imparcial de la ética psicológica en contextos de
seguridad nacional –exactamente lo que el grupo de trabajo PENS fracasó en
hacer–. Junto a otros colegas, Jean María Arrigo y yo hemos propuesto
un marco tentativo para este fin. Nuestro marco identifica cierto tipo de actividades, lo que llamamos
“psicología operativa dirigida a dañar adversarios” [adversarial operational
psychology], que creemos que debería estar éticamente prohibidas para los
psicólogos en estos contextos. Estas actividades principalmente implican la
participación en operaciones que involucran coacción, manipulación, engaño,
humillación o asalto. Como recientemente escribimos
en un artículo de opinión para Los Angeles Times:
Áreas sustanciales del trabajo militar y de inteligencia entran en conflicto con el compromiso de
los psicólogos de no dañar. Nuestra profesión tiene aún que abordar profundos
desafíos éticos planteados por operaciones e investigaciones de seguridad
nacional donde la intención es provocar daño, o donde las víctimas de la
intervención no han consentido, o donde las acciones están fuera del alcance de
la supervisión de paneles exteriores de ética. Sin imponer restricciones éticas
en estos contextos, los psicólogos arriesgan la pérdida adicional de la
confianza pública y la erosión de la ciencia psicológica.
Finalmente, es importante notar que no todos han saludado la nueva Resolución con entusiasmo. El coronel retirado
Larry James –quien era el psicólogo jefe en Guantánamo durante el período
en el que técnicas abusivas fueron usadas para sacar provecho de las vulnerabilidades de los prisioneros y
maximizar sus sentimientos de desorientación e impotencia– emite el único voto
negativo. Pero hay indudablemente otros miembros de APA que comparten su
aparente punto de vista de que participar en la debilitación de detenidos
dentro de límites– es un comportamiento éticamente apropiado para los psicólogos.
Además, junto a sus compañeros psicólogos militares Morgan Banks y Debra
Dunivin, James está entre aquellos que ahora tratan de desacreditar el Informe
Hoffman. Sus esfuerzos representan una advertencia de que el significativo
cambio dentro de APA está lejos de ser seguro.
Conclusión
La ética psicológica aborda asuntos de profunda consecuencia. Ellos existen para asegurar que nuestras habilidades
y conocimientos especializados no sean usados de modos que violan los
principios fundamentales de la profesión, su compromiso con el bienestar humano
y la confianza pública de la cual dependemos. También sirven para unirnos como
una comunidad comprometida en el trabajo compartido, proporcionando al mismo
tiempo la dirección moral y el apoyo colectivo para el psicólogo individual
enfrentado con decisiones difíciles o demandas irrazonables. En última
instancia, los psicólogos no pueden ser sanadores eficaces, investigadores o
profesores sin un código de ética que demanda respeto y responsabilidad.
Durante la década pasada y más, la traición a la ética básica de la profesión por la organización de psicólogos
más grande del mundo no ha hecho al mundo más seguro –y ciertamente no ha
ayudado a psicólogos dedicados en sus esfuerzos por abordar los muchos males sociales
que nos acosan–. Los derechos humanos y el principio de no dañar de la
psicología deben ir de la mano. Después de los ataques del 9/11, la APA pudo no
haber sido capaz de detener la embestida del gobierno estadounidense hacia la
brutalidad, pero no tenía que alimentar a la bestia.
Lamentablemente, demasiados líderes de la APA por demasiado tiempo han priorizado la conveniencia política sobre la
protección de los derechos humanos. Esto también debe terminarse. El voto clave
del mes pasado sugiere que diferentes voces y prioridades pueden ahora elevarse
dentro de APA. Pero hay mucho trabajo por hacer para reparar el daño y asegurar
que monstruosidades similares no sean creadas cuando futuras crisis surjan.
Hace años, el activista por la paz Daniel Berrigan ofreció esta sencilla guía a
una clase de estudiantes secundarios a punto de graduarse en la ciudad de Nueva
York: “Know where you stand, and stand there” [3].
Sus palabras merecen ser bien recordadas, ahora y siempre.
[1] Roy Eidelson es psicólogo
clínico y director asociado del Solomon Asch Center for Study of Ethnopolitical
Conflict en Bryn Mawr College. Fue presidente de Psychologists for Social
Responsibility y miembro de la Coalition for an Ethical Psychology. El presente
texto es una contribución especial del autor, quien participó en el reciente
Congreso anual de la APA en Toronto. La traducción al español es de Gabriela
Salomone. El Dr. Eidelson puede ser contactado en
reidelson@eidelsonconsulting.com.
[2] El término CEO –sigla que significa Chief Executive Officer, en
inglés– refiere al puesto de director ejecutivo o jefe de personal con
funciones administrativas de la Asociación. Deputy CEO corresponde al cargo
inmediatamente inferior al de CEO, subdirector o subjefe.
[3] El sentido de la frase puede ser traducido de la siguiente manera: Conoce
cuál es tu verdad, y apégate a ello.
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