La imputación de Julian Assange por parte del Gobierno
de EE. UU. representa una grave amenaza para la libertad de prensa
Glenn Greenwald y Micah Lee
The Intercept
18 de abril de 2019
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La imputación de Julian Assange por parte del Departamento de Justicia de Trump, aún sin cerrar, representa una grave amenaza para la libertad
de prensa no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El auto acusatorio y la solicitud de extradición adjunta del
Gobierno de EE.UU. utilizados por la policía británica para arrestar a
Assange, una vez que Ecuador retiró oficialmente su protección de asilo, busca
criminalizar numerosas actividades en el núcleo del periodismo de
investigación.
Mucho de lo informado hoy sobre esta acusación está plagado de falsedades. Dos hechos
en particular han sido completamente distorsionados por el Departamento de
Justicia y luego propagados por numerosas organizaciones de los medios.
El primer hecho crucial de la acusación es su alegato clave: no resulta nada nuevo
que Assange no solo recibió documentos clasificados de Chelsea Manning sino que
trató de ayudarla a descifrar una contraseña para cubrir sus huellas. Era
algo bien conocido desde hacía mucho tiempo por el
Departamento de Justicia de Obama y formó explícitamente parte del juicio de
Manning. No obstante ese Departamento -que no es precisamente famoso por ser el mejor guardián de
las libertades de prensa- llegó a la conclusión de que no podía ni debía
procesar a Assange porque acusarlo constituiría una seria amenaza para la
libertad de prensa. En resumen, la acusación de hoy no contiene
evidencias ni hechos nuevos sobre las acciones de Assange, hace años
que todos esos detalles son bien conocidos.
El otro hecho clave del que se informa de manera errónea es que la imputación
acusa a Assange de intentar ayudar a Manning a conseguir acceder a las bases de
datos de documentos a los que ella no tenía acceso válido: es decir, de
piratear en lugar de hacer periodismo. Pero la acusación no alega tal cosa. Más
bien acusa simplemente a Assange de intentar ayudar a Manning a iniciar sesión
en los ordenadores del Departamento de Defensa utilizando un nombre de usuario
diferente para poder mantener el anonimato al descargar documentos de interés
público y luego enviarlos a WikiLeaks para que los publicara.
En otras palabras, la acusación busca criminalizar lo que los periodistas no solo
tienen permitido sino que también tienen la obligación ética de hacer: tomar
medidas para ayudar a sus fuentes a mantener el anonimato. Como señaló hace mucho tiempo el abogado de Assange, Barry
Pollack: “Las alegaciones de hecho... se reducen a alentar a una fuente para
que le brinde información, esforzándose en proteger la identidad de esa fuente.
Los periodistas de todo el mundo deberían estar profundamente preocupados por
estas acusaciones penales sin precedentes”.
Esa es la razón de que la acusación represente una amenaza tan grave para la libertad
de prensa. Caracteriza como delitos graves muchas acciones que los periodistas
no solo tienen permitido llevar a cabo sino que también deben realizar para
elaborar informes sensibles en la era digital.
Pero como el Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa con un titular que afirmaba que
Assange estaba acusado de “piratear” hechos delictivos, los medios de
comunicación repitieron tal afirmación a lo loco, aunque la imputación
no contenga tal acusación. Simplemente acusa a Assange de intentar ayudar a
Manning a evitar que la detectaran. Eso no es “piratear”. Se trata de una
obligación fundamental del periodismo.
 |
La historia de este caso es vital para comprender lo que realmente sucedió hoy. El
Gobierno de EE. UU. ha estado dispuesto a acusar a Julian Assange y WikiLeaks
desde al menos 2010, cuando el grupo publicó cientos de miles de registros de
guerra y cables diplomáticos que revelaron numerosos crímenes de guerra y otros actos de
corrupción por parte de EE. UU., Reino Unido y otros gobiernos
de todo el mundo. Para lograr ese objetivo, el Departamento de Justicia de
Obama seleccionó un gran jurado en
2011 y llevó a cabo una amplia investigación sobre WikiLeaks,
Assange y Manning.
Pero en 2013, ese Departamento de Justicia llegó a la conclusión de que no
podía procesar a Assange en relación con la publicación de esos
documentos porque no había forma de distinguir lo que hacía WikiLeaks de lo
que The New York Times, The Guardian y numerosos
medios de comunicación de todo el mundo hacen de forma rutinaria: es decir,
trabajar con diversas fuentes para publicar documentos clasificados.
El Departamento de Justicia de Obama intentó durante años encontrar pruebas para
justificar la afirmación de que Assange hizo algo más que actuar como periodista
-por ejemplo, que trabajó ilegalmente con Manning para robar los documentos-
pero no encontró nada para justificar esa acusación y, por lo tanto, nunca
había acusado a Assange (como se señaló, el Departamento de Defensa de Obama
estaba al tanto, desde al menos 2011, del núcleo de la acusación de la
imputación de hoy -que Assange trató de ayudar a Manning a eludir un muro de
contraseñas para que pudiera utilizar un nombre de usuario diferente- porque eso formaba parte de los
cargos contra Manning).
Así pues, Obama puso fin a sus ocho años en el cargo sin acusar a Assange o
WikiLeaks. Todo lo relacionado con la posible imputación de Assange cambió solo
al inicio de la administración de Trump. A principios de 2017, los funcionarios
más reaccionarios de Trump estaban decididos a hacer lo que el Departamento de
Justicia de Obama se negó a hacer: acusar a Assange en relación con la
publicación de los documentos de Manning.
Como informaba el New York Times a
finales del año pasado: “Poco después de asumir el cargo de director de la CIA
[el actual secretario de Estado], Mike Pompeo habló en privado con los
legisladores sobre un nuevo objetivo para los espías estadounidenses: Julian
Assange, el fundador de WikiLeaks”. The Times agregaba que “el
Sr. "Pompeo y el exfiscal general Jeff Sessions desataron una campaña
agresiva contra Assange, invirtiendo la visión de la era de Obama de WikiLeaks
como entidad periodística”.
En abril de 2017, Pompeo, cuando aún era jefe de la CIA, pronunció un discurso desconcertante
en el que afirmó: “Tenemos que reconocer que no podemos permitir que Assange y
sus colegas tengan licencia para usar los valores de la libertad de
expresión contra nosotros”. Y puntualizó su discurso con esta amenaza:
“Darles espacio para aplastarnos con secretos que han robado es una
perversión de lo que representa nuestra gran Constitución. Y eso va a
terminarse ya”.
Desde el principio, el Departamento de Justicia de Trump no ha ocultado su deseo de
criminalizar el periodismo en general. Al comienzo de la administración de
Trump, Sessions discutió explícitamente
la posibilidad de procesar a periodistas por publicar información clasificada.
Trump y sus principales asesores se mostraron claramente ansiosos de
desarrollar e intensificar la evolución de la administración de Obama
para permitir que en Estados Unidos
pueda criminalizarse el periodismo.
El arresto de hoy de Assange es claramente la culminación de un esfuerzo de dos años por
parte del Gobierno estadounidense coaccionando a Ecuador -bajo su nuevo y sumiso presidente,
Lenín Moreno- para que retirase la protección de asilo que concedió
a Assange en 2012. Anular el asilo de Assange permitiría que el Reino Unido
arrestara a Assange por el cargo menor que tiene pendiente en Londres por
haberse fugado tras pagar una fianza por la libertad condicional y, mucho más
significativamente, para amparar una solicitud de extradición del Gobierno
estadounidense de enviarlo a un país con el que no tiene conexión (EE. UU.) y
ser juzgado en relación con los documentos filtrados.
De hecho, el motivo de la administración Trump está claro. Dado que Ecuador retiró
su protección de asilo y permitió de manera servil que el Reino Unido entrara
en su propia embajada para arrestar a Assange, este solo se enfrentaba en el Reino
Unido a un cargo menor por prófugo de la justicia (Suecia cerró su investigación de
agresión sexual no porque concluyera que Assange era inocente sino porque
pasaron años intentando extraditarlo sin éxito). Al acusar a Assange y exigir
su extradición, se asegura de que Assange -una vez que cumpla su condena en una
cárcel de Londres por el tema de violación de fianza- permanezca en una prisión
británica durante todo el año o más que se demore la solicitud de extradición
estadounidense. Ciertamente Assange recurrirá y tratará de abrirse camino
a través de los tribunales británicos.
La imputación se lanzó no para acusar a Assange de actividades periodísticas sino
de piratería criminal. Pero es un pretexto apenas disfrazado para procesar a
Assange por publicar documentos secretos del Gobierno de Estados Unidos
mientras pretende estar haciendo otra cosa.
Cualquiera que sea la verdad sobre la acusación, partes sustanciales del documento
describen explícitamente como criminales exactamente las acciones que los
periodistas realizan habitualmente con sus fuentes y, por lo tanto, constituyen
un intento peligroso de criminalizar el periodismo de investigación.
La acusación, por ejemplo, pone un gran énfasis en el presunto apoyo de Assange
para que Manning -después de que ella le entregara cientos de miles de
documentos clasificados- intentara obtener más documentos para que WikiLeaks
los publicara. La acusación formal afirma que “las discusiones también reflejan
que Assange alienta activamente a Manning para que proporcione más información.
Durante un intercambio, Manning le dijo a Assange que ‘después de esta carga,
eso es todo lo que realmente me queda’. A lo que Assange respondió, ‘según mi
experiencia, los ojos curiosos no se secan nunca’”.
Pero alentar las fuentes para obtener más información es algo que los periodistas
hacen habitualmente. De hecho, sería una violación de los deberes periodísticos
de uno no pedir a las fuentes vitales con acceso a información
clasificada que puedan proporcionar aún más información para permitir un
conocimiento más completo. Si una fuente llega a un periodista con información,
es completamente normal y previsible que el periodista responda: ¿Puedes
darme también X, Y y Z para completar la historia o para mejorarla? Como
Edward Snowden dijo esta mañana:
“Bob Woodward declaró públicamente que me habría aconsejado permanecer en mi
puesto y actuar como topo”.
El periodismo de investigación en muchos, cuando no en la mayoría, de los casos
implica constantes idas y venidas entre el periodista y la fuente, a la que el
periodista intenta inducir a que proporcione más información clasificada,
aunque hacerlo sea ilegal. Incluir ese “estímulo” como parte de una acusación
penal, como hizo el Departamento de Justicia de Trump hoy, es criminalizar el
quid del periodismo de investigación en sí mismo, incluso si la acusación
incluye otras actividades que usted pueda pensar que quedan fuera del ámbito
del periodismo.
Como explicó el profesor de periodismo de Northwestern, Dan Kennedy, en The Guardian en
2010, cuando denunció como amenaza a la libertad de prensa los intentos del
Departamento de Justicia de Obama de acusar a Assange basándose en la teoría de
que él hizo algo más que recibir y publicar documentos de forma pasiva, es
decir, que colaboró activamente con Manning:
El problema es que no hay que hacer una distinción significativa. ¿Cómo es
que& The Guardian, igualmente, no se “confabuló”
con WikiLeaks para obtener los cables? ¿Cómo es que The
New York Times no “colaboró” con The Guardian cuando este
medio le dio una copia al Times tras la decisión de Assange de
eliminar al Times del último volcado de documentos?
Por lo demás, no veo cómo puede decirse que ninguna entidad informativa no se ha
confabulado con una fuente cuando recibe documentos filtrados. ¿Acaso el Times no
se alió con Daniel Ellsberg cuando recibió los Papeles del Pentágono? Sí, hay
diferencias. Ellsberg había terminado de hacer copias mucho antes de comenzar a
trabajar con el Times, mientras que Assange pudo haber incitado a
Manning. Pero, ¿es eso realmente importante?
La mayoría de los informes de hoy sobre la imputación de Assange han sugerido falsamente
que el Departamento de Justicia de Trump descubrió algún tipo de evidencia
nueva que probaba que Assange intentó ayudar a Manning a hackear una
contraseña para usar un nombre de usuario diferente a la hora de descargar los
documentos. Aparte del hecho de que esos intentos fracasaron, nada de esto es
nuevo: Como demuestran los últimos cinco párrafos de esta historia
de Politico 2011 : que el hecho de que Assange hablara con
Manning sobre las formas de utilizar un nombre de usuario diferente que evitara
su detección formó parte del juicio de Manning, y que era algo conocido por el
Departamento de Justicia de Obama desde hacía tiempo cuando decidieron no
procesarle por tal motivo.
Hay solo dos elementos nuevos que explican la acusación de hoy a Assange: 1) Desde
el principio, la administración Trump incluyó a extremistas autoritarios como
Sessions y Pompeo, a los que no les preocupa ni lo más mínimo la libertad de
prensa y estaban decididos a criminalizar el periodismo contra EE.UU., y 2) Con
Ecuador a punto de retirar su protección de asilo, el Gobierno estadounidense
necesitaba una excusa para evitar que Assange quedara libre.
Un análisis ténico de los demandas de la acusación demuestra de manera similar que
el cargo contra Assange es una seria amenaza para las libertades de prensa que
se recogen en la Primera Enmienda, principalmente porque busca criminalizar lo
que en realidad es el deber central de un periodista: ayudar a la fuente a
evitar ser detectada. La acusación trata de forma engañosa de convertir los
esfuerzos de Assange para ayudar a Manning a mantener su anonimato en una
especie de ataque siniestro de piratería informática.
El ordenador del Departamento de Defensa que Manning utilizó para descargar los
documentos que luego entregó a WikiLeaks estaba probablemente ejecutando el
sistema operativo Windows. Tenía varias cuentas de usuario, incluida una cuenta
a la que Manning tenía acceso legítimo. Cada cuenta está protegida por una
contraseña, y los ordenadores con Windows almacenan un archivo que contiene una
lista de nombres de usuario y “hashes” de
contraseña, o versiones codificadas de las contraseñas. Solo las cuentas
designadas como “administrador”, una cuenta cuya denominación Manning no tenía,
tienen permiso para acceder a este archivo.
La acusación sugiere que Manning, para acceder al archivo de contraseña, apagó su
ordenador y luego lo volvió a encender, esta vez arrancando en un CD con el
sistema operativo Linux. Desde dentro de Linux, supuestamente, accedió a este
archivo lleno de hashes de contraseña. La acusación alega que
Assange acordó intentar descifrar uno de estos hashes de
contraseña, lo que, de tener éxito, lograría recuperar la contraseña original.
Con la contraseña original, Manning podría iniciar sesión directamente en la
cuenta de ese otro usuario, lo cual -como lo indica la acusación- “habría
dificultado que los investigadores identificaran a Manning como la fuente de
divulgación de la información clasificada”.
Parece que Assange no pudo descifrar la contraseña. La acusación alega que “Assange
indicó que había estado tratando de descifrar la contraseña al afirmar que
‘hasta ahora no había tenido suerte’”.
Por lo tanto, incluso si uno acepta todas las afirmaciones de la acusación como
verdaderas, Assange no estaba tratando de hackear nuevos
archivos de documentos a los que Manning no tenía acceso, sino que trataba de
ayudar a Manning a evitar que la detectaran como fuente. Por esta razón, el
precedente que sentaría este caso sería un golpe devastador para los
periodistas de investigación y la libertad de prensa en todas partes.
Los periodistas tienen la obligación ética de adoptar medidas para proteger de
represalias a sus fuentes, lo que a veces incluye otorgarles el anonimato y
emplear medidas técnicas para ayudar a garantizar que no se descubra su
identidad. Cuando los periodistas se toman en serio la protección de la fuente,
eliminan los metadatos y redactan la información de los documentos antes de
publicarlos en caso de que haya riesgo de que esa información pueda utilizarse
para identificar a su fuente; alojan sistemas basados en la nube como SecureDrop, ahora
empleados por docenas de
grandes salas de redacci ó n en todo el mundo, que hacen que
sea más fácil y más seguro para los denunciantes que puedan estar bajo
vigilancia enviar mensajes y documentos clasificados a periodistas sin que sus
empleadores lo sepan; y usan herramientas de comunicación seguras como Signal y
las configuran para eliminar los mensajes de forma automática.
Pero la acusación de Assange de hoy busca criminalizar exactamente este tipo de
esfuerzos de protección de la fuente, ya que afirma que “fue parte de la
conspiración que Assange y Manning usaron una carpeta especial en un buzón en
la nube de WikiLeaks para transmitir registros clasificados que contienen
información relativa con la defensa nacional de Estados Unidos”.
La acusación, en muchos otros pasajes, mezcla claramente las mejores prácticas
estándar de una sala de redacción con una conspiración criminal. Afirma, por
ejemplo, que “formó parte de la conspiración el hecho de que Assange y Manning
usaran el servicio de chat online “Jabber” para colaborar en la adquisición y
difusión de los registros clasificados, y para formular el acuerdo para
descifrar la contraseña [...]”. No hay duda de que usar Jabber, o cualquier
otro sistema de mensajería cifrada, para comunicarse con las fuentes y adquirir
documentos con la intención de publicarlos, es una parte completamente legal y
estándar del periodismo de investigación moderno. Las salas de prensa de todo
el mundo utilizan ahora tecnologías similares para comunicarse de forma segura
con sus fuentes y ayudar a sus fuentes a evitar que el gobierno las detecte.
La acusación también alega que “formó parte de la conspiración que Assange y
Manning tomaran medidas para ocultar a Manning como fuente de divulgación de
los registros clasificados a WikiLeaks, eliminando incluso los nombres de
usuario de la información divulgada y borrando los registros de chat entre Assange
y Manning”.
Eliminar los metadatos que pudieran ayudar a identificar una fuente anónima, como los
nombres de usuario, es un paso fundamental para proteger a las fuentes. De
hecho, en 2017, The Intercept publicó un
documento muy secreto de la Agencia de Seguridad Nacional que afirmaba que la
inteligencia militar rusa desempeñó un papel al hackear la
infraestructura de las elecciones estadounidenses de 2016. La persona acusada y
condenada por haber proporcionado el documento, la informante Reality Winner,
ya había sido arrestada cuando se publicó la historia.
The Intercept fue ampliamente criticado cuando
los expertos en seguridad informática descubrieron que el documento incluía
“puntos de impresión” amarillos casi invisibles que rastreaban exactamente
cuándo y dónde se imprimía, que las impresoras más modernas agregan a cada
documento que se imprime. Si bien no hay pruebas de que estos puntos impresos
contribuyeran a que Winner se convirtiera en sospechosa (la declaración jurada del
FBI dice que ella era una de las seis personas que habían impreso este
documento, y la única que tenía contacto por correo electrónico con The
Intercept), podrían haber ayudado a la investigación, y The Intercept, como reconoció su
editor-jefe, debería haber tenido más cuidado y eliminar estos metadatos antes
de publicar el documento.
Esto se debe a que no solo es común, sino también éticamente necesario, que un
periodista haga todo lo posible para proteger de la detección a una fuente.
Prácticamente la totalidad de las acusaciones contra Assange en la acusación de
hoy consisten en que él hizo exactamente eso.
Por esa razón, la acusación, en esencia, busca claramente criminalizar lo que el
periodismo de investigación conlleva necesariamente para que sea eficaz. Es por
eso que las organizaciones de las libertades civiles, los grupos por la libertad de
prensa y las figuras políticas de todo el mundo, incluidos Jeremy Corbyn,
los miembros del Congreso de Estados Unidos Ro Khanna y Tulsi Gabbard,
el exsenador Mike Gravel,
los partidos políticos de izquierda brasileños e hindues y
la Unión Americana por las
Libertades Civiles han denunciado con vehemencia el arresto de
Assange de hoy.
Assange es una figura profundamente polarizadora. Es casi seguro que el motivo por el
que el Departamento de Justicia de Trump cree que puede salirse con la suya es
en base a una teoría que claramente pondría en peligro las principales
funciones periodísticas: porque espera que la intensa animosidad personal hacia
Assange cegará a la gente ante los peligros que plantea esta acusación.
Pero mucho más importante que los sentimientos personales de uno sobre Assange es el
gran paso que esta acusación representa para el objetivo explícitamente
establecido de la administración de Trump de criminalizar el periodismo que
implique facilitar información sobre documentación clasificada. La oposición a
ese objetivo amenazador no necesita de admiración o afecto por Assange.
Simplemente requiere creer en la importancia fundamental de una prensa libre en
una democracia.
Glenn Greenwald, abogado constitucionalista y excolumnista de The Guardian hasta octubre de 2013, ha
obtenido numerosos premios por sus comentarios y periodismo de investigación,
incluyendo el Premio George Polk 2013 por la información relativa a la
seguridad nacional. A principios de 2014, cofundó, junto a Betsy Reed y Jeremy
Scahill, un nuevo medio informativo global: The Intercept.
Micah Lee es ingeniero de seguridad informática y desarrollador de software de código abierto. Escribe sobre temas
técnicos como seguridad operacional y digital, herramientas de cifrado,
denuncia de irregularidades y piratería utilizando un lenguaje que todos puedan
entender. Usuario de Qubes y Linux, desarrolla herramientas de seguridad como
OnionShare. Antes de unirse a The Intercept, trabajó en la
Electronic Frontier Foundation, donde explicó a periodistas y abogados cómo
funcionan las tecnologías. También es fundador y miembro de la Fundación para
la Libertad de Prensa.
Fuente: http://theintercept.com/2019/04/11/the-u-s-governments-indictment-of-julian-assange-poses-grave-threats-to-press-freedoms/
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
