MIGRACIONES-EEUU: La ilegalidad como delito
El senador republicano Russel Pearce promueve en la legislatura de Arizona
leyes anti-inmigrantes.
Crédito: Valeria
Fernández/IPS |
Valeria Fernández
IPS
28 de octubre de 2009
PHOENIX, Estados Unidos - Arizona va en camino de convertirse en el
primero de los Estados Unidos en tipificar como delito la mera presencia de
inmigrantes indocumentados.
Políticos de Arizona vuelven a promover proyectos de ley que convertirían en
delito el ingreso sin autorización en el estado, lo cual permitiría a la policía
arrestar a cualquiera que atraviese ilegalmente la frontera hacia este
territorio.
Este estado del sudoeste de Estados Unidos es considerado por expertos un
laboratorio de políticas anti-inmigrantes. En 2007, Arizona aprobó uno de los
regímenes más duros de sanciones contra los patronos que contraten mano de obra
extranjera ilegal.
La campaña por la aprobación de la norma denominada "Apoyemos a Nuestras
Agencias del Orden Público y a Nuestros Vecindarios Seguros" se lanzó luego de
que el gobierno central estadounidense restringió la autoridad de la Oficina del
Sheriff del condado de Maricopa en materia de migraciones.
La aplicación de las leyes migratorias es considerada una facultad del
gobierno federal, pero Arizona le ha asignado a las policías locales el poder de
detener y de deportar a extranjeros indocumentados. Washington avaló esa
práctica en la presidencia de George W. Bush (2001-2009).
"Los 'feds' (funcionarios federales) han estado ausentes y ahora les niegan a
otros la posibilidad de cumplir con su tarea", dijo Russel Pearce, miembro del
Senado de Arizona en representación del opositor Partido Republicano.
Pearce cree que la policía local tiene, inherentemente, la autoridad de hacer
cumplir las leyes migratorias federales. También piensa así el sheriff de
Maricopa, Joe Arpaio, una de las figuras más controvertidas del estado y de todo
el país.
En el condado viven casi cuatro millones de personas. Arpaio, quien se jacta
de ser el sheriff más duro de Estados Unidos, es la máxima autoridad de la
policía local.
El Departamento (ministerio) de Seguridad Interna despojó a los sheriffs de
la autoridad para aplicar las leyes migratorias.
Pero Arpaio cuenta con una de las principales fuerzas de policía
anti-inmigrantes, tanto en las calles y campos de Maricopa como en las cárceles,
para lo cual debió sellar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna
que lo exceptúa del artículo 287(g) de la Ley de Migraciones.
Pero el actual subsecretario (viceministro) de Seguridad Interna, John
Morton, dijo que las acciones de Arpaio no eran consistentes con el nuevo
programa federal en la materia, el cual ordena la captura de inmigrantes
ilegales sólo si cometen delitos graves.
La réplica de los políticos conservadores de Arizona no se hizo esperar.
"Ésta es una acción correctiva que tomamos porque Washington se niega a
actuar en nuestra frontera", dijo el conservador J. D. Hayworth, ex legislador
del estado y conductor de un programa de radio.
El nuevo proyecto de ley local también cuenta con el apoyo de la Asociación
de Policías de Phoenix (PLEA), que representa a unos 2.000 uniformados.
Pero es posible que la iniciativa quede por el camino. En los dos últimos
años, versiones similares del mismo proyecto fueron aprobadas por la legislatura
y vetadas por la entonces gobernadora Janet Napolitano, actual secretaria
(ministra) de Seguridad Interna en Washington.
Y este mismo año, el Congreso legislativo de Arizona dejó de lado 27
proyectos de ley que habrían ordenado mayor represión contra los inmigrantes
ilegales.
Pero el senador Pearce confía en que hay posibilidades de que la ciudadanía
del estado apruebe el proyecto en las urnas para noviembre de 2010.
"La gente comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo. Estados Unidos
se está levantando", dijo una ciudadana que apoya la iniciativa, Pam Pearson,
para quien los inmigrantes indocumentados "deben regresar a casa con sus hijos y
luego volver aquí correctamente".
En 2006 se aprobaron en las urnas cuatro iniciativas legislativas sobre
inmigrantes ilegales --entre ellas declarar el inglés idioma oficial del
estado-- con 70 por ciento de los votos.
"Derrotaremos esas leyes en los tribunales", dijo el abogado penalista
Antonio Bustamante, crítico fervoroso del sheriff Arpaio, para quien el proyecto
en ciernes es claramente inconstitucional pues propone que autoridades locales
regulen un área reservada al gobierno federal.
Hasta ahora, los jueces han dejado tales iniciativas sin efecto. Ahora están
en curso los procesos de apelación.
Mientras, Arpaio esgrime leyes estatales para continuar implementando redadas
en barrios y empresas de predominio latino. En la última, sus agentes arrestaron
a 66 inmigrantes que se trasladaban en automóvil.
En una conferencia de prensa, Arpaio explicó los criterios utilizados para
determinar quiénes serían arrestados, lo cual levantó una espesa polvareda.
"Carecer de (documento de) identificación, parecer que acaban de llegar de
México y admitirlo. Eso es suficiente", dijo.
El Departamento de Justicia (fiscalía general federal) investiga si este
sheriff recurrió a la ilegal práctica policial y de inteligencia denominada
"racial profiling" o "perfil racial" (elaboración de "perfiles criminales" o
vigilancia selectiva sobre la base del origen racial y religioso).
"Se burla de su propio gobierno y, en ese proceso, separa a los padres de sus
hijos", dijo el inmigrante indocumentado Franciso Rojo, quien fue a trabajar en
bicicleta en el día de la redada para evitar ser arrestado.
"Sinceramente, espero que el presidente Barack Obama haga algo para
detenerlo", agregó Rojo.
En cambio, el fiscal del condado de Maricopa, Andrew Tomas, considera que
"Arizona marca el camino en el combate contra la inmigración ilegal".
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