La externalización del control migratorio practicada por Europa sienta un
peligroso precedente para otros países que acogen a refugiados en todo el mundo
MSF renuncia a los fondos públicos de la Unión Europea y sus estados miembros, en protesta por
su dañina política migratoria.
MSF
17 de junio de 2016
Familia iraquí en el centro de detención de la isla de Samos, Grecia Mohammad Ghannam/MSF
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Médicos Sin Fronteras (MSF) renuncia desde hoy a los fondos de la Unión Europea y sus
Estados miembros, en protesta por la dañina política migratoria europea,
basada en la disuasión y en alejar lo máximo posible de sus costas a quienes
huyen de la guerra y el sufrimiento. Esta decisión es de efecto inmediato y se
aplica a los proyectos de MSF de todo el mundo.
Pasados tres meses del acuerdo entre la UE y Turquía, que los Gobiernos europeos consideran un
éxito, miles de personas vulnerables han sido abandonadas a su suerte sin
importar el coste humano. Como consecuencia directa de este acuerdo, más
de 8.000 personas, entre ellas cientos de menores no acompañados, han quedado
atrapadas en las islas griegas, donde han estado viviendo en condiciones
extremas, en campos superpoblados, a veces durante meses. Estas personas temen
ser devueltas por la fuerza a Turquía, y a pesar de esta posibilidad, se les
priva de asistencia legal, su única defensa contra una expulsión colectiva. La
mayoría de estas familias, que Europa ha decidido apartar de su vista mediante
disposiciones legales, han huido de la guerra en Siria, Irak y Afganistán.
“MSF lleva meses denunciando la vergonzosa respuesta europea, centrada en disuadir a estas
personas en lugar de proporcionarles la asistencia y la protección que
necesitan”, explica el secretario general internacional de MSF, Jérôme
Oberreit. “El acuerdo entre la UE y Turquía va un paso más allá y pone en
peligro el mismo concepto de ‘refugiado’ y la protección que este ofrece a
las personas en peligro”.
La semana pasada, la Comisión Europea dio a conocer una nueva propuesta para replicar la lógica del
acuerdo con Turquía en más de 16 países de África y Oriente Próximo; estos
acuerdos impondrían restricciones en los convenios de comercio y ayuda al
desarrollo a los países que no frenen la migración hacia Europa o no faciliten
los retornos forzosos, y premiarían a los que sí lo hagan. Entre estos socios
potenciales se encuentran Somalia, Eritrea, Sudán y Afganistán, cuatro de los
diez principales países de origen de los refugiados y solicitantes de
asilo*. “¿Acaso la única oferta que Europa puede hacer a los refugiados es
que se queden en los países de los que huyen desesperados? De nuevo, la
prioridad de Europa no es darles la mejor protección disponible, sino
mantenerles bien lejos con la mayor eficiencia posible”, señala Oberreit.
El acuerdo UE-Turquía sienta un peligroso precedente para otros países que acogen a refugiados y
envía el mensaje de que atender a quienes se han visto obligados a abandonar
sus hogares es opcional y de que el asilo se puede negociar. Sin ir más lejos,
el mes pasado, el Gobierno de Kenia mencionó la política migratoria europea
para justificar su decisión de cerrar el mayor campo de refugiados del mundo,
Dadaab, y enviar a los refugiados de vuelta a Somalia. El acuerdo tampoco
alentará precisamente a los países vecinos de Siria –que ya acogen a millones
de refugiados– a mantener sus fronteras abiertas.
“El intento de Europa de externalizar el control migratorio está teniendo un efecto dominó, con las
fronteras cerrándose una tras otra hacia el este, hasta Siria –apunta el
representante de MSF–. La gente tiene cada vez menos lugares a los que huir. En
Azaz, 100.000 personas han quedado atrapadas entre una frontera cerrada y el
frente de batalla: la aterradora situación de la gente de Azaz ¿va a ser una
excepción o por el contrario va a ser la norma a partir de ahora?”
El paquete financiero del acuerdo UE-Turquía incluye 1.000 millones de euros en ayuda humanitaria.
Nadie duda de que hay necesidades humanitarias en Turquía, país que en la
actualidad acoge a unos tres millones de refugiados sirios, pero esta ayuda no
se basa solo en tales necesidades: esta ayuda se ha negociado como recompensa
por las promesas de control fronterizo. Esta instrumentalización de la ayuda
humanitaria es inaceptable.
“Las políticas disuasorias que Europa presenta a su opinión pública como soluciones
‘humanitarias’ han agravado el sufrimiento de las personas que necesitan
ayuda. Estas políticas no tienen nada de humanitario, no deben convertirse
en la norma y deben ser denunciadas”, añade Oberreit. Por todo ello, “Médicos
Sin Fronteras no va aceptar más financiación de instituciones y Gobiernos
cuyas políticas son tan dañinas. Llamamos a los Gobiernos europeos a cambiar
sus prioridades: en lugar de maximizar el número de personas que pueden
rechazar, deben aumentar el número de personas que pueden acoger y proteger”.
MSF renuncia a los fondos públicos de la Unión Europea y sus estados miembros, en protesta por su dañina política migratoria.
MSF lleva proporcionando asistencia a las personas que intentan cruzar el
mar Mediterráneo para llegar a Europa desde 2002. En los últimos 18 meses, MSF
ha atendido a unos 200.000 hombres, mujeres y niños en Europa y en el
Mediterráneo. Actualmente, la organización presta asistencia a refugiados,
solicitantes de asilo y migrantes en Grecia, Serbia, Francia, Italia y en el
Mediterráneo, así como en varios países de África, Asia y Oriente Próximo.
Un 92% de los fondos de Médicos Sin Fronteras son de origen privado. Sin
embargo, la organización también recibe fondos públicos institucionales en el
marco de algunos acuerdos financieros destinados a programas
específicos. En 2015, MSF recibió 19 millones de euros de las
instituciones europeas, otros 37 millones de Estados miembros de la UE y 6,8
millones del Gobierno de Noruega. En 2016, además de los fondos de la Oficina
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), MSF recibió financiación
pública institucional de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Irlanda,
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
* Tendencias del primer semestre de 2015, informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
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