Ido pero no olvidado por fiscales españoles
José de la Isla
Hispanic Link
HOUSTON, Texas – el 20 de mayo, Ari Shapiro, de National Public Radio, reveló
que en el año 2002, un interrogador había recibido autorización de sus
superiores para torturar a Abu Zubaydah. Esto ocurrió antes que el Departamento
de Justicia hubiera emitido un memorando de John Yoo sobre los interrogatorios
“severos”.
Las técnicas aplicadas contra Zubaydah, a quien se detuviera el 28 de marzo
del 2002, recibieron autorización cada día. Durante los primeros dos meses, el
psicólogo James Mitchell, contratista de la CIA, se sentaría frente a una
computadora para enviar un cable al centro contraterrorista de la CIA pidiendo
permiso para aplicar técnicas más intensas. Ali Soufan, ex interrogador de la
FBI, quien estuvo presente, este mes testificó que Mitchell continuamente pedía
“autorización” para aplicar métodos cada vez más intensos.
Ya que la primera guía legal del Departamento de Justicia no se emitió sino
hasta el primero de agosto, ¿quién era la persona del otro lado del teléfono que
autorizaba el permiso?
La CIA reconoció que sí, Mitchell sí pidió permiso pero la agencia se negó a
describir la guía legal.
Una fuente, con conocimiento de lo ocurrido, le reveló a Shapiro bajo
condiciones de anonimato que la CIA envió el pedido a la Casa Blanca, donde
consejero legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzáles, dio su autorización,
permitiendo aplicación de la técnica.
Otra persona, Bradford Barenson, ex consejero legal de la Casa Blanca, le
dijo a Shapiro que “normalmente la oficina del consejero legal de la Casa Blanca
no entra en el tema de aconsejar a nadie más allá de la misma Casa Blanca”.
Barenson formó parte del personal legal con la tendencia ideológica que
fomentara la Sociedad Federalista que pobló la Casa Blanca bajo Bush.
La “relación de Gonzáles con el presidente era muy cercana, muy
confidencial”, al punto que tenían un intercambio por teléfono, “una guía
informal”, que dejaba en claro que lo que el presidente quería se realizara “sin
tener que entrar en decisiones formales”. Esta descripción de la cultura de la
oficina se la dio a Bill Minutaglio para una biografía de Gonzáles titulada, The
President’s Counselor, y publicada en el 2006.
Justo antes del 11 de septiembre, 2001, la prioridad era hacer muchos
nombramientos judiciales (consistentes con la perspectiva de la Sociedad
Federalista) y fortalecer las prerrogativas de la presidencia.
El 14 de septiembre del 2001, una resolución conjunta del Congreso le otorgó
a Bush la autorización de responder al ataque del 11/9 con fuerza militar.
Minutaglio escribió que le dio a “Bush el músculo para pelear la guerra de
cualquier manera necesaria”, embarcando a Gonzáles y a otros consejeros “en un
sendero clandestino y controvertido”.
Dentro de la Casa Blanca, Gonzáles argüía a favor de procesar y extraer “toda
información concebible” de o sobre personas sospechadas de ser terroristas. Esto
implicaba recoger “toda miga de evidencia posible”, y de desafiar limitaciones
establecidas anteriormente. La resolución del 14 de septiembre le permitió a
Bush “a usar toda fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones,
organizaciones o personas” involucradas en el 11 de septiembre.
La noción de “fuerza necesaria y apropiada” es la que ha respaldado las
controversias de interceptación de líneas telefónicas y de tortura. Al ofrecerle
latitud a la administración de Bush, las situaciones se convirtieron en excesos
de algunas leyes estadounidenses y algunos tratados internacionales.
Cada nueva clave, como las que develó Shapiro sobre lo ocurrido, justifica
aun más la necesidad de una comisión nacional que estipule descubrimiento
absoluto. Existe, claro está, interés intenso de parte del público por tener una
comprensión sin rodeos sobre lo que ocurrió.
Con el tiempo, la claridad y la sencillez han de surgir de los detalles
laberínticos, muchos de los cuales se hallan ocultos todavía, para enterarnos el
por qué se optó por cierto curso político. De lo contrario, se volverán a
repetir los mismos errores.
Pero hasta el momento, el descubrimiento absoluto y la comprensión están a la
zaga de lo que son los detalles embarazosos, hasta los detalles perjudiciales,
de las personas que sobrepasaron la raya.
El 17 de marzo en una reunión en la embajada de los Estados Unidos en Madrid,
el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, les dijo a las
autoridades que suspendería su investigación en curso del ex fiscal de la
Nación, Alberto Gonzáles, y sus cinco asociados en cuanto al papel que jugaron
en la tortura de seis ciudadanos españoles detenidos en Guantánamo, con tal que
los Estados Unidos realizara su propia investigación del tema, informó en su
blog,The Daily Beast, Scott Horton, profesor de derecho y escritor.
Los cinco asociados son ex subfiscal (ahora juez federal) Jay Bybee, ex
fiscal diputado John Yoo, ex consejero general del Departamento de Defensa
William J. Haynes, II, ex jefe de personal del vicepresidente Cheney, David
Addington, y ex subsecretario de Defensa, Douglas J. Feith.
Zaragoza no recibió respuesta alguna. Ahora se anticipa los fiscales
españoles anunciarán pronto que proseguirán con su investigación.
[José de la Isla, cuyo último libro Day Night Life Death Hope, lo distribuye
la Fundación Ford, redacta un comentario semanal para Hispanic Link News
Service. También es autor de The Rise of Hispanic Political Power (2003).
Comuníquese con él a:
joseisla3@yahoo.com.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
