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ICE deja en el limbo a enfermos mentales

Demandan a la entidad por violar sus derechos

  • Pilar Marrero/pilar.marrero@laopinion.com |
  • 2010-03-27
  • | La Opinión

La oficina de ICE indicó que está en proceso de reformar su sistema de detención incluido el trato que reciben los enfermos. Archivo/La Opinión

Guillermo Gómez Sánchez y José Antonio Franco González son dos de los miles de inmigrantes que permanecen durante meses o años bajo la custodia de las autoridades migratorias en proceso de deportación, pero con una diferencia: son enfermos mentales.

Gómez Sánchez, de 49 años, sufre de esquizofrenia paranoide, Franco González, de 29, tiene la edad mental de un niño de seis años.

Ambos han estado perdidos en un limbo sin aparente salida, en cárceles y centros de detención de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta que fueron re encontrados "por casualidad", luego que abogados de interés público se interesaron en sus casos.

Ayer por la mañana varias organizaciones de derechos civiles presentaron sendas demandas contra el gobierno por la detención indefinida de los dos hombres, alegando que se les ha privado de sus derechos más elementales al proceso legal y leyes que protegen de la discriminación a personas con discapacidades.

"Estos hombres fueron completamente olvidados en el sistema de prisiones de inmigración, sus casos olvidados durante años. En otras palabras, castigados por tener un problema mental", dijo Ahilan Arulanantham, director de derechos de inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Es viernes por la mañana, y la señora María Franco, mamá de José Antonio, espera callada frente a las cámaras, sosteniendo una foto de su hijo. Cuando le corresponde hablar su mensaje es muy sencillo: "Él necesita de mi ayuda. Cada vez que vamos a visitarlo nos pregunta cuando puede venir y yo le digo que no sabemos. Lo extrañamos mucho", dice la mujer.

En ambos casos, un juez de inmigración halló incompetentes a los dos inmigrantes (los dos originarios de México) e incapaces de enfrentar un proceso ante las cortes migratorias.

Esto paralizó sus casos migratorios, pero en vez de ser liberados a sus familias o bajo cuidado médico, las instancias legales del gobierno insistieron en que ambos debían permanecer bajo custodia.

Talía Inlender, abogada de Public Counsel, participa de la demanda en el caso de Franco. Ella supo de su caso cuando un agente de deportación de la cárcel de Santa Ana le dijo que allí tenían a un enfermo mental cuyo caso estaba cerrado desde hace casi 5 años. La familia intentó obtener ayuda legal para reabrir el caso y "siempre les informaban que no se podía hacer nada" porque ambos tenían una convicción criminal anterior, que ya habían cumplido en prisión regular. En el caso de Franco se trató de "asalto con arma mortal" por tirar una piedra.

Gómez Sánchez tiene cuatro años y medio detenido, a pesar que un juez de inmigración determinó que no había riesgo de escape ni a su comunidad, pero el gobierno peleó para mantenerlo encarcelado. Jennifer Stark, abogada de ACLU y partipante en el caso, dijo que durante largos períodos de tiempo, Gómez "estuvo virtualmente perdido en el sistema de inmigración".

"Si lo liberaran podría estar con su madre y tener acceso a servicios médicos. Sin embargo, lo han estado transfiriendo y su condición se ha deteriorado notablemente", dijo Stark.

Portavoces de ICE indicaron que no podían comentar sobre los casos específicos dado las demandas, pero que la agencia estaba en proceso de reformar su sistema de detención y de ofrecer uno que "mejore la clasificación y tratamiento de detenidos con problemas de salud y problemas mentales".

En este momento ICE ni siquiera sabe cuántos detenidos con problemas mentales tienen en las instituciones (alrededor de 300) en las que se detiene a inmigrantes en proceso de deportación.


 

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