El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que
viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también
la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense.
Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar
los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática
encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.
Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar
(Washington, DC) – Las alegaciones del Gobierno de Obama de que obstáculos legales impiden
la investigación penal sobre la tortura a manos de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) no son convincentes y amenazan con dejar un legado en el que
la tortura es una opción política, señaló Human Rights Watch en un informe
publicado hoy. Existe suficiente evidencia para que el fiscal general ordene la
investigación penal de altos funcionarios de Estados Unidos y otros implicados
en el programa de la CIA después del 11 de septiembre para la tortura, la
conspiración para la tortura y otros delitos tipificados en el derecho
estadounidense.
El informe de 153 páginas, “No More Excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture” (“No
más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA”),
exhibe evidencia para apoyar los principales cargos penales que pueden presentarse
contra los responsables de los actos de tortura sancionados por el Estado, y
cuestiona las afirmaciones de que los juicios no son legalmente viables. El
informe también detalla las obligaciones legales de EE.UU. de proporcionar
reparación a las víctimas de la tortura, así como los pasos que debe seguir
para hacerlo. También especifica las acciones que otros países deben emprender
para reivindicar las investigaciones penales sobre las torturas de la CIA.
Obama administration claims that legal obstacles prevent criminal investigations into
torture by the Central Intelligence Agency (CIA) are unpersuasive, and risk
leaving a legacy of torture as a policy option.
“Ha pasado un año desde el informe del Senado sobre la tortura y aún el Gobierno de
Obama no ha abierto nuevas investigaciones penales sobre las torturas de la
CIA”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Sin estas
investigaciones penales, que eliminarían la tortura como una opción política,
el legado de Obama quedará manchado para siempre”.
El 9 de diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. difundió
un demoledor resumen
del informe todavía confidencial de 6.700 páginas que documentaba el
programa de detención e interrogatorios de la CIA. Además de confirmar informes anteriores,
el resumen del Senado también reveló que la tortura era una práctica más brutal, sistemática y extendida en la CIA de lo
que se había informado anteriormente. También brindó nuevos detalles sobre los
abusos cometidos, como la denominada “alimentación rectal”,
y aportó información sobre el brutal impacto que las posiciones dolorosas y la privación del sueño tenían sobre los
detenidos. El resumen se centró en si “las técnicas de interrogatorio
mejoradas” eran un medio eficaz para obtener inteligencia útil (concluyó que no
lo eran), pero no evaluó la legalidad del programa.
El Departamento de Justicia asegura que ya había investigado
los abusos de la CIA en 2009 y concluyó que no había pruebas admisibles
suficientes para presentar cargos. Pero esa investigación, dirigida por John
Durham, examinó sólo los abusos de la CIA que iban más allá de las acciones
“autorizadas”, en lugar de todas las torturas y malos tratos de la agencia.
Incluso entonces, parece que ninguno de los investigadores entrevistó
a ninguno de los ex detenidos,
debilitando las alegaciones de que su investigación fue exhaustiva y creíble.
Uno de los argumentos de defensa más repetidos es que la CIA y los altos funcionarios
de la Casa Blanca se basaron en opiniones legales de la Oficina de Asesoría
Legal del Departamento de Justicia que pretendían considerar que las “técnicas
de interrogatorio mejoradas” eran legales: los denominados “Memos de la
tortura”. Sin embargo, el resumen del Senado pone en evidencia que los
funcionarios de la CIA sabían desde el principio que estas prácticas supondrían
una violación de las leyes contra la tortura. Otra prueba muestra que
funcionarios de la CIA y la Casa Blanca trataron de obtener garantías contra el
procesamiento penal y cuando éstas les fueron denegadas, contribuyeron a
elaborar esas mismas opiniones legales que autorizarían la tortura que
aplicarían a continuación.
Los “Memos de la tortura” estaban tan forzados en su razonamiento jurídico que no
pueden ser considerados de manera justa como una interpretación honesta de la
ley. Estos hechos constituyen la antítesis de la confianza de buena fe en el
asesoramiento de un abogado que podría servir como una defensa legítima en los
cargos de tortura. Además, el resumen del Senado y otras evidencias muestran
que la CIA cometió abusos que no fueron autorizados y aplicaron técnicas
permitidas en formas que excedían las autorizaciones.
Aunque gran parte de la tortura y otros abusos fueron cometidos hace una década o más,
la ley de prescripción no obstruye algunos cargos criminales. La prescripción
usual federal de cinco años no es un impedimento para los delitos de tortura y
conspiración para torturar en los casos en que hay un “riesgo previsible de que
pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte”, ni para ciertos
cargos de abuso sexual. Además, la ley de prescripción para el delito de
conspiración puede ser extendida si los responsables ocultan un componente
central de la trama, como fue el caso con el programa de la CIA, dijo Human
Rights Watch.
Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que EE.UU. ratificó en 1988,
los gobiernos están obligados a investigar de manera creíble las denuncias de tortura y a entablar procesos legales en los
casos en que esté justificado. No investigar ni enjuiciar las torturas de la
CIA aumenta el peligro de que algún futuro presidente autorice métodos ilegales
de interrogatorio similares en respuesta a una inevitable amenaza de seguridad
grave. Varios candidatos presidenciales para las elecciones de 2016 han defendido el uso
de “técnicas de interrogatorio mejoradas” y algunos han asegurado que las volverían a utilizar
en caso de resultar elegidos.
La Convención contra la Tortura, en cuya concepción el gobierno de EE.UU. jugó un
papel decisivo, también contempla el derecho de las víctimas de tortura a
recibir una reparación o indemnización. Sin embargo, los gobiernos de Bush y
Obama han frustrado activamente
todos los esfuerzos por parte de ex detenidos de obtener reparaciones en los tribunales estadounidenses, invocando
reclamaciones de inmunidad y seguridad nacional para conseguir que las demandas
fueran desestimadas incluso antes de que los demandantes pudieran siquiera
presentar evidencias de abuso.
El Departamento de Justicia debería nombrar a un fiscal especial para llevar a
cabo nuevas investigaciones que garanticen que todos los testigos pertinentes,
incluso las presuntas víctimas de tortura, sean entrevistados y que se
recopilen, conserven y examinen todas las pruebas materiales pertinentes
disponibles, recomendó Human Rights Watch.
“Si EE.UU., con su democracia establecida y su sistema político estable, puede
incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el
imperio de la ley en todo el mundo”, dijo Roth. “Los funcionarios del gobierno,
que buscaron y ayudaron a crear opiniones jurídicas que justificaban lo
injustificable no deberían de poder valerse de esas opiniones para evadir su
responsabilidad”.
El informe también describe casos en el extranjero
para investigar los abusos de la CIA relacionados con la
tortura. Estas investigaciones realizadas en otros países se han centrado en
funcionarios de EE.UU., así como funcionarios nacionales acusados de haber
participado o actuado como cómplices de abusos de la CIA. El deber de enjuiciar
le corresponde principalmente al gobierno de EE.UU., pero la Convención contra
la Tortura contiene una cláusula de “jurisdicción universal” que obliga a todos
los gobiernos a procesar a los sospechosos que entran en su territorio,
independientemente del lugar donde tuvo lugar la tortura. El hecho de que
EE.UU. no lleve a cabo sus propias investigaciones exhaustivas y creíbles sobre
las torturas de la CIA significa que otros gobiernos deberían tomar medidas
para investigar estos crímenes.
“Ante la negativa del gobierno de Obama de
investigar y procesar a altos funcionarios responsables de estos graves
delitos, otros países deberían proceder”, dijo Roth. “Si el presidente Obama no
va a evitar un peligroso precedente de impunidad para la tortura, otros países
deberían intervenir”.
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