Por qué llevo a los tribunales a Barack
Obama
Chris Hedges 20 de enero de 2012
En mi nombre, el viernes último, y ante la Corte de los Estados Unidos del
Distrito Sur de la Ciudad de New York, los abogados Carl J. Mayer y Bruce I.
Afran accionaron mi querella como demandante en contra de Barack Obama y el
Secretario de Defensa Leon Panetta, recusando la legalidad de la Autorización
para el Uso de la Fuerza Militar incluida en la última versión de la Ley de
Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act),
firmada por el presidente el 31 de diciembre.
En el Título X, Subtítulo D, con el epígrafe "Contra-Terrorismo", la ley
autoriza al ejército - por primera vez en más de doscientos años - a ejecutar
acciones de vigilancia interna. Según este proyecto de ley, que empezará a regir
desde el tres de marzo, el ejército podrá detener indefinidamente y sin juicio a
cualquier ciudadano de los Estados Unidos bajo la sospecha de ser un terrorista
o de ser cómplice del terrorismo. Igualmente, los sospechosos podrán ser
llevados por el ejército a nuestra colonia penal de ultramar en la bahía de
Guantánamo y ser retenidos allí "hasta el final de las hostilidades". Esto es
una catastrófica cachetada a las libertades civiles.
Yo viví muchos años en países donde el ejército tenía el poder de arrestar y
retener sin cargos a los ciudadanos. He estado en algunas de sus cárceles. He
tenido amigos y colegas que han "desaparecido" dentro de los gulags militares.
He conocido las consecuencias del poder policíaco irrestricto de aplastar que se
le ha dado a las fuerzas armadas de algunas naciones. Y aunque mi batalla
parecerá quijotesca, es una que debe llevarse a cabo si es que tenemos alguna
esperanza de sacar al país del fascismo corporativo.
La sección 1031 del proyecto de ley define a una "persona encubierta" - un
sujeto para el arresto - como "una persona que fue parte de o haya apoyado
substancialmente a al-Qaeda, a los Taliban, o a las fuerzas asociadas que estén
involucradas en hostilidades en contra de los Estados Unidos o de sus socios de
coalición, e incluye a cualquier persona que haya cometido un acto de
beligerancia o haya apoyado directamente las hostilidades en auxilio de dichas
fuerzas enemigas".
El proyecto de ley, sin embargo, no define los términos "haya apoyado
substancialmente", "haya apoyado directamente" o "las fuerzas asociadas".
Regularmente tuve encuentros con líderes de Hamas y de la Jihad Islámica en
Gaza. En Túnez, tuve por costumbre visitar a los líderes de la Organización de
Liberación de Palestina, incluyendo a Yasser Arafat y a Abu Jihad, cuando eran
estigmatizados como terroristas internacionales. En Irán, pasé el rato con la
Guardia Revolucionaria, y con los combatientes del Partido de los Trabajadores
del Kurdistán en el norte de Irak y en el sureste de Turquía. Todas estas
entidades fueron o están etiquetadas como organizaciones terroristas por el
gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué estará diciendo este proyecto de ley acerca
de si se ha estado en el lugar cuando - en los 80 - yo y otros gringos hicimos
giras al lado de las unidades armadas de los sandinistas en Nicaragua y de las
guerrillas del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí de El Salvador?
¿Qué dirá de aquellos de nosotros que estuvimos con los insurgentes sureños
durante la guerra civil de Yemen o con los rebeldes del sur de Sudán? Más veces
de las que puedo contar, he cenado con personas a las que se les pone el sello
de terroristas en nuestro país. Pero eso no me convierte en uno.
Una vez que un grupo esté señalado de ser una organización terrorista, sea
este una asociación de caridad palestina o un elemento del movimiento
independentista uighur, el ejército, según este proyecto de ley, podrá arrestar
al ciudadano estadounidense que haya apoyado a las asociaciones de caridad
relacionadas con el grupo o que, sin saberlo, haya enviado dinero o suministros
médicos a grupos de fachada. Ya hemos visto la persecución y clausura de
organizaciones islámicas de caridad que apoyaban a los palestinos. Ahora los
miembros de estas organizaciones pueden ser tratados como portadores de la
tarjeta de "terroristas" y enviados a Guantánamo.
Pero yo sospecho que el verdadero propósito de este proyecto de ley es
silenciar a los movimientos internos, nacionales, que amenazan al estado
corporativo. La definición de un terrorista es tan insubstancial bajo la Ley
Patriota (Patriot Act) que, probablemente, hay unos cuantos millones de
estadounidenses que califican para ser investigados o encerrados. Considere
usted los criterios arcanos que pueden convertirlo en sospechoso dentro de
nuestro nuevo estado militar-corporativo. El Departamento de Justicia lo
considerará digno de ser investigado si usted ha perdido unos cuantos dedos, si
usted tiene municiones a prueba de agua, si usted es dueño de armas de fuego o
si usted tiene almacenados en su casa alimentos para más de siete días. Añadir
unas cuantas tácticas obstruccionistas del movimiento Ocupad a esta lista, sería
un procedimiento sin cosidos. Por puro capricho del ejército, un sospechoso de
ser "terrorista" que, ciertamente, también es ciudadano estadounidense, podría
sufrir una extraordinaria capitulación: Ser secuestrado y abandonado para que se
pudra en uno de nuestras zonas de conflicto "hasta que finalicen las
hostilidades". Puesto que se trata de una guerra interminable, la estadía sería
muy larga.
Esta demencial "guerra contra el terror" es tan indefinida y vaga como lo
puede ser un conflicto en cualquier estado totalitario. Disentir está
incrementalmente considerado como traición. Los enemigos supuestamente acechan
en cada una de las organizaciones que no canten los mantras patrióticos conque
el estado les ha provisto. Y este proyecto de ley está alimentando la paranoia
estatal. Expande nuestra permanente situación de guerra a todo los puntos del
globo. Borra las libertades constitucionales fundamentales. Ello significa que
ya no podemos por más tiempo describir nuestro sistema político con la palabra
"democracia".
El agachado y cobarde Partido Demócrata, que habría fingido indignación si
George W. Bush hubiese puesto en vigor esta ley, se manifiesta voluntarioso, una
vez más, para concederle el boleto a Obama. Lo que él ha hecho es imperdonable,
inconstitucional y excesivamente peligroso. La amenaza y alcances de al-Qaeda -
que yo estuve cubriendo en Europa y el Medio Oriente para The New York Times -
son marginales, pese a los ataques del 9/11. El grupo terrorista no plantea una
amenaza existencial para la nación. Está tan desestabilizado y fraccionado que
casi no funciona. Osama bin Laden fue muerto a balazos por comandos y su cuerpo
arrojado al océano. Incluso el Pentágono dice que la organización está mutilada.
¿Por qué, entonces, una década después del inicio de la llamada guerra contra el
terror, hay necesidad de que estas medidas draconianas se pongan en vigencia?
¿Por qué ahora los ciudadanos estadounidenses necesitan ser específicamente
singularizados mediante la detención militar y la negación del debido proceso
cuando ya, según la Autorización del Uso de la Fuerza Militar del 2001, el
presidente puede - en apariencia - encontrar la cobertura legal para servir de
juez, jurado y verdugo en la muerte de ciudadanos estadounidenses, tal como lo
hiciera con el asesinato del clérigo Anwar al-Awlaki en Yemen? ¿Por qué es
necesario este proyecto de ley cuando el gobierno rutinariamente ignora nuestros
derechos de la Quinta Enmienda - "Ninguna persona será privada de la vida sin el
debido proceso de ley" - al igual que el derecho a la libre expresión de la
Primera Enmienda?
El miedo es el arma de poder preferido por los regímenes totalitarios.
Siembra el miedo entre las gentes. Oblígales a deponer sus derechos en nombre de
la seguridad nacional. Y luego liquida a los pocos que no estén suficientemente
atemorizados. Si esta ley no fuere revocada, nada nos hará diferentes de
cualquier dictadura militar. Su aplicación será un gigantesco salto hacia
adelante para las oligarquías corporativas que planean continuar con el saqueo
de la nación, utilizando al estado y a la seguridad militar para intimidar a sus
habitantes hasta el sometimiento total.
La parte más extraña de esta legislación es que el FBI, la CIA, el director
de inteligencia nacional, el Pentágono y el Fiscal General no la apoyan. El
director del FBI Robert Mueller dijo que lo que él más teme, en verdad, del
proyecto de ley es que obstaculizaría la habilidad de la oficina en la
investigación del terrorismo, porque haría más difícil la cooperación de los
sospechosos retenidos por el ejército. "La posibilidad hace más factible el que
perdamos la oportunidades de conseguir la cooperación de personas que en el
pasado fuimos exitosos en ganar limpiamente", manifestó ante el Congreso.
Pero, comoquiera que sea, la legislación se hizo. Y yo sospecho que se hizo
porque las corporaciones, viendo el malestar en las calles, sabiendo que las
cosas se pondrán peores y alarmadas porque el movimiento Ocupad se hará más
grande, ya no confían en que la policía las proteja. Lo que buscan es la
competencia de invocar al ejército. Y ahora ellas pueden.
- Traducción: Orontes
H. Solís
Al original del artículo y al facsímil de la querella, en inglés ambos, con
este enlace http://www.truthdig.com/report/item/why_im_suing_barack_obama_20120116/
El columnista Chris Hedges escribe regularmente para Truthdig.com. Hedges se
graduó en Harvard Divinity School y por casi dos décadas fue corresponsal
extranjero de The New York Times. Es autor de muchos libros, que incluyen:
War Is A Force That Gives Us Meaning, (La guerra es una fuerza que nos da
significado), What Every Person Should Know About War (Lo que toda
persona debe saber de la guerra), y American Fascists: The Christian Right
and the War on America (Fascistas gringos: La derecha cristiana y la guerra
en los Estados Unidos). Su libro más reciente es Empire of Illusion: The End
of Literacy and the Triumph of Spectacle (El imperio de la ilusión: El fin
del alfabetismo y el triunfo del espectáculo).
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