Guantánamo: saldo por liquidación
Alberto Piris
La Estrella Digital
22 de julio de 2009
Cuando el Gobierno de España está estudiando cómo ayudar a Obama para poner
fin a esa ignominia internacional que ha sido -y todavía es- el presidio militar
de Guantánamo, acogiendo para ello en territorio español a algunos de los allí
ahora detenidos, conviene prestar atención a todo lo relacionado con esa
peculiar cárcel.
Cuatro tunecinos y un yemení son, por el momento, los posibles huéspedes de
nuestro Gobierno, sobre los que se han difundido informaciones contradictorias.
Según una reciente encuesta, cerca de un 60% de los entrevistados españoles se
opone a la acogida de presos guantanameros. Hay quien se expresa así en la
página web de un diario nacional: "La mayoría de estos presos son [...] de
países que entrenan y exportan terroristas islámicos, que es lo mismo que
delincuentes comunes. Es por tanto a estos países donde deben volver estos
vagos", reflejando el sentir de cierta parte de la población, aunque no se
entienda la razón para tacharles de "vagos", sobre todo tras haber soportado
varios años de brutal confinamiento, ni la de equiparar a los terroristas con
delincuentes comunes, en lo que no estarán de acuerdo las fuerzas de seguridad
del Estado.
El apasionamiento, tan habitual en bastantes opinantes españoles, ciega con
facilidad. No todos los presos de Guantánamo son terroristas. Algunos han sido
detenidos injustamente, han visto violados sus más esenciales derechos humanos y
han sufrido la humillación y la violencia de la tortura. Tal es el caso del
ciudadano británico Binyam Mohamed. Apresado en Pakistán en el 2002, fue
entregado primero a Marruecos, luego enviado a Afganistán y por último encerrado
en Guantánamo. Cabe sospechar que en ninguna de las escalas intermedias fue
objeto de las atenciones que los convenios de Ginebra exigen tener con los
prisioneros de guerra.
Sin pruebas que pudieran fundamentar una acusación, fue liberado tras siete
años de cautiverio y retornó al Reino Unido en febrero pasado. Ahora ha iniciado
un proceso legal para obtener las pruebas de su tortura. Consisten éstas en unas
fotografías que le hicieron, tras ser apaleado por sus guardianes, y que se
adhirieron a la puerta de su celda con el fin de poder identificarlo
visualmente, porque después del "interrogatorio" al que la CIA le sometió su
rostro había quedado irreconocible. Esas fotos, según la legislación de EEUU,
han de ser destruidas, junto con las demás pruebas presuntamente acusatorias,
desde el momento en que el detenido es puesto en libertad sin cargos.
Mohamed desea recuperar esas fotografías para demostrar que fue torturado, lo
que se niega oficialmente, y demandar a EEUU por los delitos de tortura y
detención ilegal. Las fotos fueron tomadas en el año 2006: "... tras haberme
pateado y golpeado, los guardianes me retorcieron los brazos esposados. Abrieron
mis puños cerrados doblando hacia atrás los dedos, uno a uno". Le fotografiaron
cuando estaba tendido en el suelo e inmovilizado por los vigilantes: "Me
arrojaron a mí y a mi Corán contra la valla. Cuando protesté, volvieron a
hacerlo. Entonces me encadenaron a una silla y me cortaron la mitad de la barba.
Luego me humillaron con una 'búsqueda en la cavidad anal', cuando era evidente
que yo nada podía ocultar allí".
Mohamed razona así su empeño: "Las autoridades han negado sistemáticamente
que yo haya sido torturado, y por eso deseo recuperar las fotografías para
demostrar que yo digo la verdad y ellos mienten".
Otro que demandará a EEUU por haber sufrido detención ilegal y torturas es un
periodista de la cadena Al Yazira, con el apoyo de la organización
"Centro de Justicia de Guantánamo", creada en Ginebra (Suiza) por antiguos
prisioneros de la base estadounidense. En el diario británico The
Guardian se explica que las acciones legales contra los antiguos miembros
del Gobierno de Bush se inspiran en la causa abierta por Baltasar Garzón contra
Augusto Pinochet, por el presunto asesinato de españoles en Chile durante su
dictadura. El hito que esto supuso en la práctica jurídica internacional no
podrá ser olvidado fácilmente, por molesto que resulte para algunos gobernantes
de sinuosa moral.
Aunque Obama, poco después de asumir la presidencia, firmó una orden
paralizando los juicios contra los detenidos en Guantánamo, éstos han
continuado. Desarrollados por las llamadas "Comisiones militares", se han
disfrazado bajo el nombre de "audiencias administrativas", como la que tuvo
lugar la semana pasada para procesar a cinco sospechosos de colaborar en los
atentados del 11-S. Numerosos incidentes la hicieron inútil, como cuando a un
procesado le fue denegada la petición de interrogar a uno de los testigos, al
que acusaba de falsedad.
Se entiende que Obama busque ayuda en los países aliados para resolver la
enrevesada situación que heredó de su antecesor, y es también obligado que éstos
busquen el mejor modo de hacerlo, aunque sólo fuese para agradecerle que nos
haya evitado la pesadilla de una Casa Blanca encabezada por John McCain y Sarah
Palin. Pero habrá que comprobar que en este saldo por liquidación y cierre del
negocio no nos den gato por liebre.
http://www.estrelladigital.es/ED/diario/187319.asp
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