Una juez federal suspende la detención indefinida
de los ciudadanos bajo la NDAA
Glenn Greenwald
Global Research
22 de mayo de 2012
http://tribunahispanausa.com
Una juez del Distrito Federal del Sur de Nueva York, Katherine Forrest,
recientemente nombrada, emitió (el pasado 16 de mayo) una sorprendente decisión:
una que prohíbe preliminarmente la aplicación de altamente polémica y
controversial detención indefinida de los ciudadanos de los Estados Unidos, que
está incluida en el Acta de la Autorización de la Defensa Nacional (NDAA),
decretada por Congreso y firmada como ley por el presidente Obama el pasado 31
de diciembre.
La decisión tuvo lugar como parte de una demanda presentada por siete
disidentes —incluyendo Chris Hedges, Dan Ellsberg, Noam Chomsky, y Birgitta
Jonsdottir— que alega que la NDAA viola “el derecho a la libre expresión y el
derecho a la libre asociación garantizados por la Primera Enmienda, así como el
derecho a un proceso judicial debido garantizado por la Quinto Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos”.
La decisión es una victoria contundente para los demandantes, pues rechaza
cada uno de los tres argumentos del Departamento de Justicia (DOJ) de Obama: (1)
A causa de que ninguno de los demandantes ha sido detenido indefinidamente,
ellos aún carecen de una “situación” para desafiar el estatuto; (2) Incluso si
estuvieran en dicha situación, la carencia de una inminente aplicación en contra
de ellos hace que la prescripción de un alivio sea innecesaria; y (3) la NDAA no
crea ninguna nueva poder de detención más allá de los ya proporcionados por el
AUMF del 2001.
Miedo razonable
En cuanto al primer argumento del DOJ primer —la falta de una situación
(estar arrestado, por ejemplo)— la corte encontró que los demandantes ya están
sufriendo un miedo razonable de que podrían ser detenidos indefinidamente bajo
la Sección 1021 de la NDAA como resultado de sus actividades protegidas
constitucionalmente. Como la corte explicó (h/t Charles Michael):
En apoyo a su moción, los demandantes afirman que el § 1021 ya ha
afectado sus actividades de asociación y expresión, y continuaran afectándolos,
y que el § 1021 es incierto hasta tal punto que provoca miedo de que algunas de
sus actividades de expresión y asociación podrían estar sujetas a la detención
militar indefinida o prolongada.
La corte encontró que los demandantes “han demostrado un miedo real de que
sus actividades de expresión y asociación” podrían ser sujetos de la detención
indefinida bajo ley, y que “cada uno de ellos ha propuesto evidencias concretas
e incontrovertibles —no hipotéticas— de las maneras en las cuales la presencia
de la legislación ha afectado ya esas actividades de expresión y asociación”
(solamente como un ejemplo, Hedges presentó evidencia de que sus “actividades
periodísticas anteriores referentes a ciertas organizaciones tales como al-Qaeda
y el Talibán” prueban que “él tiene un real miedo de que esas actividades lo
sujetarán a la detención bajo la §1021”). Así, concluye la corte, estos
demandantes tienen el derecho a desafiar la constitucionalidad del estatuto a
pesar del hecho de que todavía no han sido detenidos bajo el mismo; eso es
porque sus amplios poderes, amenazándolos con la detención, ya los están dañando
en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Es interesante mencionar que, en este punto, la corte le dijo en varias
ocasiones al DOJ que podría omitir la “situación” de los demandantes si estaban
dispuestos a indicar claramente que ninguna de las conductas periodísticas y de
libre discurso, en los cuales estaban involucrados los demandantes, podrían
llevarlos a una detención indefinida. Pero el gobierno rechazó responder al
cuestionamiento. Así, concluye la corte, los “demandantes han establecido un
reclamo más que plausible de que el estatuto usurpa inorportunamente sus
derechas bajo la primera enmienda”.
Estatuto incierto
Independientemente, la corte encontró que los demandantes tendrán un probable
éxito en su demanda de que la NDAA viola sus derecho a un debido proceso de la
quinta enmienda, porque el estatuto es tan incierto que es virtualmente
imposible saber qué conducta podría estar sujeta a la detención indefinida.
Específicamente, la corte se enfocó en la autorización del NDAA de detener
indefinidamente no sólo a miembros de Al Qaeda, sino también a los miembros de
supuestas “fuerzas asociadas” y/o cualquier persona que “apoya substancialmente”
tales fuerzas, y observó:
Los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito en su desafío a
la vaguedad (de la NDAA). Los términos sobre los cuales ellos se enfocaron en la
audiencia se relacionan a quién es una “persona abarcada” (por las definiciones
de la ley y pueda ser arrestada) . En ese aspecto, los demandantes señalaron la
carencia de la definición y la claridad con respecto a quién constituye una
“fuerza asociada” y qué significa “substancialmente” o “directamente” “ayuda” a
tales fuerzas o, Al-Qaeda o al Talibán…
El gobierno fue incapaz de definir exactamente qué significa que es
”directo” o “ayuda” “substancial”… Así, un individuo podría correr el riesgo de
apoyar substancialmente o directamente a una fuerza asociada sin estar incluso
enterado de que él o ella lo está haciendo.
Quizás más importante, la corte rechazó categóricamente la defensa central de
la odiosa ley de la administración de Obama y de sus defensores: a saber, no
hacía nada más que lo que la AUMF 2001 ya hacía y que realmente no ampliaba el
poder del gobierno sobre la detención indefinida. La corte citó tres razones por
las que el NDAA amplía claramente el poder de detención del gobierno más allá
del AUMF 2001.
Primero, “por sus términos, el AUMF está ligado directa y únicamente a
aquellos implicados en los acontecimientos del 9/11”, mientras que el NDAA
“tiene una definición no específica de la persona ‘abarcada’ que alcanza más
allá de los implicados en los ataques del 9/11 por sus mismos términos.” En
segundo lugar, “los individuos o los grupos sujetos en el AUMF son también más
específicos que aquellos en el §1021 del NDAA″; eso es porque el AUMF cubrió a
aquellos “implicados directamente en los ataques de 9/11, mientras que en el
§1021 [del NDAA] son grupos específicos y ‘fuerzas asociadas’”. Por otra parte,
“el gobierno no ha proporcionado un sistema concreto, cognoscible de
organizaciones o individuos que constituyen ‘fuerzas asociadas’, prestando una
indeterminación adicional al § 1021”. Tercero, el AUMF es mucho más específico
sobre cómo uno es culpable de “apoyar” a los grupos terroristas encubiertos,
mientras que el NDAA es increíblemente amplio y no específico en ese aspecto,
llevando así a que la corte crea que incluso las actividades legítimas podrían
llevar a una persona a la detención indefinida.
Rechazo a una declaración firmada por Obama
La corte también rechazó decisivamente el argumento de que una declaración
firmada del presidente Obama —expresando los límites de cómo él se prepone
ejercitar los poderes de detención del NDAA— soluciona cualquiera de estos
problemas. Esto es porque, dijo la corte, la declaración de firma “no indica que
el § 1021 del NDAA no será aplicado al libre discurso protegido por la Primera
Enmienda ni él da ninguna definición concreta a los términos vagos usados en el
estatuto”.
La corte concluyó tomando nota de lo que es en verdad la naturaleza
extraordinaria de su decisión, pero lo explicó esta manera:
Esta corte está muy consciente de que una imposición preliminar a un acto del
Congreso se debe hacer con gran precaución. Sin embargo, es la responsabilidad
de nuestro sistema judicial proteger al público contra los actos del Congreso
que infringen sobre las derechas constitucionales.
Yo he sido muy crítico de la judicatura federal en el último año debido a su
vergonzosa y sumisa deferencia al poder ejecutivo en el mundo post-9/11 y,
especialmente, a sus intentos de procesar a musulmanes con acusaciones de
terrorismo. Pero esto es definitivamente una excepción a esa tendencia. Esta es
una decisión extraordinaria y alentadora. Aunque todas las advertencias usuales
se aplican: esto es solamente una decisión preliminar (aunque la juez de la
corte hizo claro que ella cree que los demandantes prevalecerán en última
instancia). Ciertamente será apelado y puede ser invertido. Todavía hay otras
autoridades (incluyendo AUMF) que el DOJ puede utilizar para afirmar el poder de
la detención indefinida. No obstante, este es un raro y significativo límite
puesto al gobierno de los EE.UU. sobre su capacidad para adquirir cada vez más
amplios poderes, como la detención sin acusación, y está exactamente en los
terrenos de los principios del derecho constitucional: uno que las cortes
federales y la Rama Ejecutiva han estado ignorando voluntariamente en la pasada
década.
Texto original:http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30910
Traducción:
A. Mondragón
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