Democracia bajo vigilancia estatal
8 de mayo de 2012 Glenn Greenwald
Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 13 de junio de
2012
Declan McCullagh, excelente reportero sobre tecnología de CNET (sitio web
sobre tecnología), informa
sobre los esfuerzos que se vienen dando desde la administración Obama para
forzar a la industria de internet a proveer al gobierno de los EEUU de un acceso
por “puerta trasera” a todas las formas de comunicación por internet:
El FBI está pidiendo a las compañías de internet que no se opongan a la
controvertida propuesta que requeriría que firmas como Microsoft, Facebook,
Yahoo, y Google, generen puertas
traseras al servicio de la vigilancia del gobierno... Esto incluía un viaje
ya organizado este mes a la costa oeste (que después fue pospuesto) para
reunirse con los Directores ejecutivos y los abogados jefes de las compañías de
internet...
La oficina legal del FBI ha elaborado una propuesta de ley que la agencia
afirma es la mejor solución: requerir que los sitios web de redes sociales y los
proveedores de VoIP, mensajería instantánea y correo electrónico alteren su
código para asegurar que sus productos sean pinchados fácilmente.
“Si creas un servicio, un producto o una aplicación que permite a un usuario
comunicarse, tú tienes el privilegio de añadir un código extra,” dijo a CNET un
representante de la industria que ha revisado el borrador de legislación del
FBI.
En cuanto a los fundamentos de esta política, escribí sobre ello en septiembre de 2010 ,
cuando salió
a la luz que la administración Obama estaba preparando una legislación para
obligar a que “todos los servicios que permiten comunicaciones (incluyendo
gestores de correo encriptado como BlackBerry, sitios web de redes sociales como
Facebook y software que permite mensajes directos “peer to peer” como Skype)
sean diseñados para asegurar el acceso a la vigilancia por parte del
gobierno.
Esto no va sobre expandir el ámbito de poder de vigilancia legal del gobierno
(numerosos cambios legislativos han conseguido esto bastante bien desde el 2001)
sino se trata de asegurar la capacidad física del gobierno de inmiscuirse en
todas las formas de comunicación en internet.
Lo que me resultó más alucinante entonces cuando escribí por primera vez
sobre estos esfuerzos de la administración Obama fue que apenas seis semanas
antes, una gran controversia había estallado cuando tanto Arabia Saudí como los
Emiratos Árabes Unidos habían
anunciado un bloqueo a los BlackBerries debido a que
eran técnicamente incapaces de monitorizar las comunicaciones llevadas a cabo en
esos dispositivos. Debido a que los datos de comunicaciones de Blackberry son
enviados directamente a servidores en Canadá y la compañía con la que opera
Blackberry (Research in Motion) rechazó
enseñar los datos a esos gobiernos, “las autoridades (en esas dos tiranías)
decidieron bloquear los servicios de Blackberry antes que continuar permitiendo
un flujo de información electrónico incontrolado y no monitorizado dentro de sus
fronteras.” Tal como escribí en ese momento: “Esta es la mentalidad central de
la Vigilancia de Estado Omnipotente: sobre todo lo demás, lo que está
estrictamente prohibido es la capacidad de los ciudadanos de comunicarse en
privado; no podemos tener ningún “ flujo de información electrónico incontrolado
y no monitorizado.”
En respuesta a esta polémica, la administración Obama entonces condenó
el bloqueo Saudí y de los Emiratos, llamándolo “un peligroso precedente” y
una amenaza a la “democracia, los derechos humanos y a la libertad de
información.” Apenas seis semanas más tarde, la misma administración Obama
adoptó exactamente la misma base lógica (que es intolerable que ninguna
interacción humana tenga lugar más allá de los entrometidos ojos y oídos del
gobierno) cuando propuso su obligatorio “acceso por la puerta trasera” para
todas las formas de comunicación por internet. De hecho, los Emiratos señalaron
que los EEUU (como siempre) estaban condenando exactamente lo que ellos mismos
estaban haciendo:
Yousef Al Otaiba, el embajador de los Emiratos en los Estados Unidos, dijo
que los comentarios (de la administración de Obama) eran decepcionantes y
contradecían el propio intento del gobierno de los EEUU para regular las
telecomunicaciones.
“De hecho, los Emiratos están ejerciendo su derecho a la soberanía y están
pidiendo el mismo acatamiento de las reglas (y con los mismo principios de
vigilancia judicial y de supervisión reguladora ) que los EEUU y otros gobiernos
le conceden a Blackberry y nada más,” dijo Otaiba.
“Lo que es más importante, los Emiratos requiere el mismo cumplimiento que
los EEUU por exactamente las mismas razones: para proteger la seguridad nacional
y para ayudar en la aplicación de la ley.”
Una semana después del anunciado bloqueo de Arabia Saudí y los Emiratos, El
New York Times publicó un artículo
de opinión de Richard Falkenrath (un oficial de alto rango del Departamento
de Seguridad Nacional de la administración Bush y actual director de la compañía
privada del actual secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por
sus siglas en inglés) Michael Chertoff) expresando su apoyo a los Emiratos por
el bloqueo de Blackberry. Falkenrath explicó que “entre los investigadores
policiales y los oficiales de inteligencia (en los EEUU), la decisión de los
Emiratos contó con su aprobación, admiración y tal vez incluso con un poco de
envidia.” La administración Obama (al tratar de lograr bloquear cualquier
tecnología de internet que permita que la comunicación se produzca más allá de
su alcance) está trabajando duro para asegurar que su propio aparato de
vigilancia de Estado se mantiene al nivel de los de los Emiratos Unidos y Arabia
Saudí.
El FBI afirma que este requerimiento es apenas una extensión de la actual ley
que obliga a todos las compañías de telecomunicaciones a proveer al gobierno
acceso a vigilancia a conversaciones telefónicas cuando se consigue una orden
judicial, y que no conseguir extender este requerimiento a las comunicaciones
por internet arriesgará “quedar a oscuras” en importantes investigaciones. Hay
muchas razones por las que esta afirmación es falsa.
Una, tal como me explicó el experto en vigilancia Julián Sánchez en Octubre,
el gobierno de los EEUU no necesita “puerta trasera” para acceder a todas las
comunicaciones por internet para espiar a individuos que incluso estén usando
comunicaciones encriptadas; sino que simplemente pueden conseguir vigilancia
sobre el usuario para hacerlo: “si el FBI tiene un objetivo individual y teme
que esté utilizando encriptación, ellos pueden hacer un allanamiento encubierto
utilizando una orden judicial tradicional e instalar un “registrador de teclas”
(Keylogger en inglés) en su ordenador.”
Además, el problema citado por el FBI para justificar su nuevo poder es una
excusa
total: ”los investigadores encontraron comunicaciones encriptadas en sólo
una ocasión durante las escuchas del 2009” e, incluso entonces, “los
investigadores del estado dijeron a la corte que la encriptación no les impedía
conseguir el texto plano de los mensajes.” Como siempre, sembrar miedo sobre la
seguridad nacional y otras amenazas es el instrumento para justificar nuevos
poderes de vigilancia masivos que irán más allá de su supuesta función.
Sánchez explica que el verdadero interés para requerir el acceso por la
puerta trasera para todas las comunicaciones por internet es poder acceder a
gran escala a todas las comunicaciones: “Si quieres escudriñar comunicaciones
en grandes cantidades, sólo será posible mediante una puerta trasera
sistémica.” McCullagh apunta
que Joe Biden lleva
desde el 9 de septiembre intentando sin éxito bloquear las comunicaciones
encriptadas, o al menos requerir un acceso a gran escala del gobierno. En cuanto
a que esta propuesta de ley es mucho más transgresora y peligrosa que la actual
ley que requiere que todas las comunicaciones telefónicas sean sujetas a
vigilancia del gobierno, ved el análisis
de Sánchez aquí. La Unión
de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en inglés) da argumentos
parecidos aquí sobre por qué esta propuesta es tan peligrosa, y describe las
múltiples maneras por las que va mucho más allá con respecto al acceso que el
gobierno tiene a las comunicaciones por teléfono.
Además, para cualquiera que defienda a la administración Obama en esto e
insista en que el Gobierno de los EEUU debe simplemente tener acceso a todas las
formas de comunicación humana: ¿aplica esto también a la comunicación en
persona? ¿Tendría que pedirse a los constructores de casas que instalen
micrófonos en cada habitación que hagan para asegurar que el Gobierno pueda
vigilar todas las comunicaciones humanas y así prevenir las amenazas contra la
seguridad nacional y ciudadana? Creo que alguien escribió una vez un libro sobre a
lo que inevitablemente lleva esta mentalidad. La sola idea de que ninguna
comunicación humana debería ser permitida fuera del alcance del gobierno es en
definitiva autoritarismo, que es lo que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes
Unidos (y sus patrones y aliados estadounidenses) han adoptado tan
enérgicamente.
* * * * *
El procedimiento que está utilizando aquí el FBI para conseguir esos poderes
para mí es tan relevante como la esencia de la política que quiere. Daos cuenta
cómo el FBI (para poder conseguir esos nuevos poderes) no cree que necesite
convencer a la ciudadanía estadounidense para que lo acepte. En cambio, se están
reuniendo con gente que de hecho tiene poder por encima de nuestras leyes
(ejecutivos de la industria) para suplicarles que no se opongan a ello. Los
oficiales del FBI planearon incluso un peregrinaje a Silicon Valley “para
reunirse con los abogados jefe de las compañías de internet” con la esperanza de
obtener su permiso para proceder con este esquema.
Así es por supuesto como literalmente todas las leyes estadounidenses son
escritas: mediante reuniones
secretas de oficiales del gobierno con industrias afectadas para asegurarse
que sus intereses (opuestos a los intereses de los ciudadanos normales) sean
protegidos. Esto es lo que la reciente (y probablemente temporal) derrota
de la Ley de cese a la piratería en la red (SOPA por sus siglas en inglés)
reveló: aunque fue genuinamente alentador ver a tanta gente de todas las esferas
poner objeciones al intento del gobierno de tomar el control de internet, fue
realmente el hecho de que la industria de internet se
opuso a la ley lo que la tumbó. La oposición ciudadana, por sí misma, nunca
hubiera sido suficiente para superar el grupo de presión pro-SOPA que supone la
industria de entretenimiento; se necesitó otra poderosa industria para
detenerlo. Por esa razón, siendo conscientes de que la privacidad en internet
depende de los deseos de la industria tecnológica para defenderla, y mientras
algunas compañías han hecho unos esfuerzos encomiables,
está lejos de quedar claro que la oposición de la industria al incremento en los
poderes de vigilancia tiene nada que ver con cuestiones de privacidad:
Si va a haber una reforma de la “Ley de asistencia en las comunicaciones a
las fuerzas de orden público” (CALEA por sus siglas en inglés), “a la industria
le gustaría ver que cualquier legislación nueva incluya algunas protecciones
contra la revelación de cualquier secreto mercantil u otra información
confidencial que podría ser compartida con la fuerza pública, de manera que
no sean liberadas, por ejemplo, durante los procedimientos de audiencia
pública,” dice Roszel Thomsen, un socio de Thomsen y Burke que representa a las
compañías tecnológicas y es un miembro de un grupo de estudio del FBI. Sugiere
que ese lenguaje lo haría “de alguna manera más fácil” tanto para la industria
como para la policía para dar respuesta a nuevas tecnologías.
Potencialmente hay opciones prometedoras para al menos limitar, sino
revertir, esta extensión descontrolada del Estado de Vigilancia.
La lucha contra SOPA probó que hay un importante y representativo grupo entre
los usuarios de internet para luchar contra el control gubernamental de
internet, pero la clave es asegurar que siga siendo una causa no partidista. Hay
ejemplos que demuestran que poderes gubernamentales restrictivos puede
trascender típicas divisiones ideológicas (Adam Serwer publicó
la semana pasada sobre la coalición que ha surgido entre izquierda y derecha
contra las disposiciones de detención indefinida del Acta de autorización de la
Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés), y hemos visto coaliciones
parecidas en
oposición a la Ley
Patriótica y al
militarismo sin fin, y en apoyo a la
transparencia de la Reserva Federal y en defensa de las libertades
civiles y la privacidad en Gran Bretaña. De hecho, oponiéndose el intento de
la administración Clinton en 1990 de bloquear el cifrado a “prueba de gobiernos”
fue entonces una
gran causa para los conservadores, si bien con su estilo propio de “límites
al gobierno” así como para grupos de libertades civiles.
Esos ejemplos prueban que es posible movilizar oposición ciudadana de manera
significativa a la creciente capacidad de vigilancia del gobierno si esas
típicas divisiones partidistas e ideológicas se superan. A lo largo de estas
líneas, McCullagh apunta que “la Casa Blanca, tal vez menos inclinada que el FBI
para iniciar lo que probablemente sería una batalla por la privacidad dolorosa,
no ha enviado las enmiendas del FBI al Capitolio, aunque se esperaran
el año pasado.
Existe también la posibilidad (tan peligrosa como prometedora) de que severas
preocupaciones económicas podrían llevar a gran número de personas a abandonar
la corriente bipartidista y sus ortodoxias; eso es lo que está
ahora pasando precisamente en Grecia. Un creciente descontento con las
instituciones políticas estadounidenses podría levantar y subvertir los
preceptos hasta ahora incuestionables en maneras no predecibles, ambos buenos y
malos (de hecho, parece claro que el miedo a esa clase de descontento es el
principal factor que motiva el siempre creciente poder del Estado de vigilancia
interna).
Es posible que los ciudadanos se opongan de modo significativo a esta
implacable expansión del Estado de Vigilancia. Estos esfuerzos que está llevando
a cabo la administración Obama para asegurar total acceso al gobierno a todas
las formas de comunicación refleja que necesitan desesperadamente tales
esfuerzos. Pero por lo menos hasta ahora, aquellos que siguen expandiendo la
Seguridad Nacional y el Estado de Vigilancia parecen no tener ningún miedo a
ninguna reacción ciudadana.
Este artículo apareció primero en Salon.
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