El estado de la libertad de prensa se obscurece al ser aprobada la extradición de assange
por parte del gobierno del reino unido
17 DE JUNIO 2022
KEVIN GOSZTOLA
The Dissenter Newsletter
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Traducido por El Mundo no Puede Esperar 25 de junio de 2022
La ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel,
aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks Julian Assange a los Estados Unidos.
La decisión de Patel de entregar a un periodista al
gobierno estadounidense para procesamiento criminal fue inmediatamente
condenada por organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa. El equipo
legal de Assange planea presentar una apelación al Alto Tribunal argumentando
la naturaleza política del caso y cómo la ley de extradición fue interpretada.
Describiéndolo como “vergonzoso” la directora de
campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras, Rebecca Vincent, dijo que
la decisión representó
“otro fracaso por parte del Reino Unido para proteger el periodismo y la
libertad de prensa, acercando a Julian Assange a la extradición”.
La organización global de derechos humanos Amnistía
Internacional renovó su
posición. “Permitir que Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos lo
pondría en grave riesgo y envía un mensaje escalofriante a los periodistas
alrededor del mundo”.
Don’t Extradite Assange , una campaña que movilizó oposición al caso en el Reino Unido, declaró
que “Este es un día obscuro para la libertad de prensa y la democracia
británica. Cualquiera en este país a quien le importe la libertad de expresión
debería estar profundamente avergonzado que la Ministra de Interior haya
aprobado la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, el país que planeó
su asesinato”.
Assange enfrenta 18 cargos en su contra presentados
por el Departamento de Justicia estadounidense, 17 de los cuales pertenecen a
la Ley de Espionaje (Espionage Act). Todos los cargos están relacionados
con los documentos que WikiLeaks publicó en el 2010 y 2011, mismos que fueron
proporcionados por la denunciante (whistleblower) del ejército
estadounidense Chelsea Manning.
Más de 300 doctores, psiquiatras y psicólogos organizados bajo el lema “Doctors for Assange”, enviaron una carta
a Patel el 10 de junio para recordarle las “serias preocupaciones” relacionadas
con la “salud deteriorada” del fundador de WikiLeaks, que ha empeorado en custodia.
“Bajo las condiciones en las que el sistema legal británico ha fracasado para tomar en cuenta el estado actual de la salud del
Sr. Assange”, declararon los doctores, “ninguna decisión válida para aprobar su
extradición puede ser tomada por Usted o por alguien más”. Los doctores dejaron
claro que extraditar a una persona con un estado de salud tan comprometido era
“médica y éticamente inaceptable”.
Añadieron que “Si llega a sufrir daño en Estados Unidos bajo estas circunstancias, es culpa suya, ministra, quien será
responsable de ese resultado negligente”. Diecinueve organizaciones
comprometidas con la libertad de expresión y de prensa escribieron una
carta a Patel el 22 de abril, después de que el tribunal de distrito ordenara
la extradición de Assange y la enviara a revisión al Ministerio de Interior.
“Assange probablemente estará detenido (en EE.UU.) en condiciones de aislamiento o de confinamiento solitario a pesar de las
garantías del gobierno estadounidense, que pueden exacerbar severamente el
riesgo de suicidio”, advirtieron las organizaciones. “Él no podría defenderse
de manera adecuada en los tribunales estadounidenses, ya que la Ley de
Espionaje no tiene defensa de interés público. Su enjuiciamiento establecería
un precedente peligroso que podría ser aplicado a cualquier medio informativo
que publique historias basadas en información filtrada o a cualquier
periodista, editor o fuente en cualquier parte del mundo”.
“Le pedimos, ministra de Interior, honrar el compromiso del gobierno británico de proteger y promover la libertad de los
medios y rechazar la solicitud de extradición. Le pedimos que libere al Sr.
Assange de la prisión de Belmarsh y le permita regresar a su familia después de
años de aislamiento. Finalmente, le pedimos que públicamente se comprometa en
asegurar que ningún editor, periodista o fuente jamás enfrentará detención en
el Reino Unido por publicar información de interés público”.
Las organizaciones exigieron una reunión con Patel, pero parece que jamás la otorgaron, para que las organizaciones pudieran
continuar expresando sus preocupaciones.
El 10 de mayo Dunja Mijatović, comisionado para el Consejo de Europa apeló a
Patel “Es mi punto de vista que la acusación de parte de Estados Unidos en contra
del Sr. Assange levanta importantes preguntas acerca de la protección de
aquellos que publican información clasificada en interés del público,
incluyendo información que expone violaciones de derechos humanos”.
“La naturaleza general y vaga de los alegatos en contra del Sr. Assange y las ofensas en listadas en la acusación son
preocupantes ya que muchas son actividades que son parte del periodismo de
investigación en Europa y más allá”, argumentó Mijatović.
“Por consiguiente, permitir la extradición del Sr. Assange en base a esto, tendría un efecto escalofriante en la libertad de
prensa y podría dificultar que la prensa haga su trabajo como suministradora de
información y guardián público en sociedades democráticas”.
Todas las propuestas anteriores a Patel fueron
aparentemente puestas a un lado. No hay evidencia de que alguna de las quejas
acerca del caso de Assange fueran alguna vez consideradas por Patel.
La noticia de la decisión ni siquiera vino de Patel.
Un vocero del Ministerio de Interior, anónimo, dio la información que circuló
en los medios británicos.
“Bajo la Ley de Espionaje 2003, el Secretario de
Estado debe firmar la orden de extradición si no existen fundamentos para
prohibir que se haga la orden. Las solicitudes de extradición sólo son envidas
al Ministro de Interior una vez que el juez puede proceder después de considerar
varios aspectos del caso”.
“El 17 de junio, después de la consideración de los
magistrados de la corte y la corte alta, se ordenó la extradición del Sr.
Assange. El Sr. Assange tiene derecho a apelar en 14 días hábiles”.
“En este caso, los tribunales británicos no creen que
sería opresivo, injusto o un proceso abusivo extraditar al Sr. Assange”, dijo
el vocero anónimo. “Ni tampoco creen que la extradición pueda ser incompatible
con sus derechos humanos, incluyendo su derecho a un juicio justo y a la
libertad de expresión”. Dijeron, posteriormente, que en Estados Unidos su salud
sería tratada apropiadamente.
Pero esa no era una declaración fresca de parte
de un departamento dispuesto a tomar responsabilidad pública por aprobar la
solicitud. Fue un tipo de parafraseo vulgar del criterio legal utilizado para
tapar o justificar la acción del Ministerio de Interior.
El vocero repitió fielmente las “garantías” que
fueron puestas en las notas diplomáticas del Ministerio de Exterior británico
por el Departamento de Estado estadounidense, que intervino después de que el
Servicio Fiscal de la Corona y el gobierno estadounidense perdieran el caso a
nivel de tribunal de distrito el 4 de enero del 2021.
La intervención del Departamento de Estado estadounidense jugó un rol crítico en salvar la solicitud de extradición. El
Tribunal Supremo se basó en las garantías cuando revocó la decisión del
tribunal de distrito en diciembre del 2021.
Al final, Patel y el gobierno británico pusieron el
rol del Reino Unido como cliente del gobierno de Estados Unidos en este caso
tan complicado. Este es un papel que el Reino Unido ha jugado consiste y
diligentemente desde que apoyó la invasión de Irak en el 2003.
Los Estados Unidos y el Reino Unido acordaron a una
alarmante solicitud de extradición sin precedentes que criminaliza a alguien
por participar en actividades estándar de recopilación de noticias no sólo
porque comparten el desprecio del gobierno estadounidense por Assange sino
porque los oficiales británicos valoran la sociedad Estados Unidos-Reino Unido
más que los derechos humanos.
Patel y el Ministerio de Interior apoyaron la
expansión de la Oficina de Leyes Secretas (Official Secrets Laws) en el Reino
Unido mientras la solicitud de extradición se movía en tribunales británicos.
Como reportó
Mohamed Elmaazi para The Dissenter, la expansión propuesta haría
posible que el gobierno británico encarcelara a “filtradores, receptores de
información y editores secundarios – incluyendo periodistas- de los actuales
dos años hasta catorce años de prisión”.
El Ministerio de Interior sostuvo que no había mucha
diferencia por hacer entre “espionaje y divulgación no autorizada”. El Departamento
se refirió al periodismo como un acto capaz de “hacer daño más serio” que el
espionaje tradicional.
La Operación Pelícano (Operation Pelican),
nombre de la campaña
de presión para sacar a Assange de la embajada de Ecuador en Londres, fue
apoyada por el Ministerio de Interior. El investigador en jefe de Declassified
UK, Matt Kennard reportó
que Patel fue la consejera del grupo de derecha vinculado con la CIA llamado
Henry Jackson Society, que atacó a Assange varias veces desde el 2010.
Sin ninguna objeción significative del interior del
gobierno británico, si Assange es, eventualmente, puesto en un avión y traído a
los Estados Unidos para enfrentar juicio, junto con el gobierno estadounidense,
cargará con la responsabilidad de cualquier tragedia que ocurra mientras se
encuentre en una cárcel o prisión estadounidense.
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