Tortura e impunidad en la
Asociación Estadounidense de Psicología
17 de julio de 2015
Amy Goodman y Denis Moynihan
Ha pasado más de un año desde que el Presidente Barack Obama reconoció que
“inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre hicimos cosas
equivocadas. Hicimos muchas cosas bien, pero torturamos a algunas personas”. El
gobierno del predecesor de Obama, el Presidente George W. Bush, diseñó
cuidadosamente los fundamentos jurídicos para permitir lo que denominó
“técnicas mejoradas de interrogatorio”, que no es más que un eufemismo para
referirse a la tortura. Del complejo carcelario de Estados Unidos en la Bahía
de Guantánamo a los calabozos de Abu Ghraib en Irak y la base aérea de Bagram
en Afganistán, cientos, quizá miles de personas fueron sometidas a tortura en
nombre de la “Guerra contra el terrorismo”. A excepción de algunos soldados
raso en Abu Ghraib, ninguna persona ha sido responsabilizada de esto. La única
persona de jerarquía enviada a prisión por el programa de torturas fue John
Kiriakou, no por haber practicado la tortura, sino por haberla denunciado como informante.
La apariencia legal con la que se cometieron estos actos atroces se fundó en gran
medida en la cooperación de psicólogos profesionales que capacitaron y asesoraron
a los interrogadores y supervisaron el proceso de “quebrar” de los prisioneros.
Esta cooperación, a su vez, requirió la aprobación oficial de la Asociación
Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), la mayor organización de psicólogos profesionales del mundo.
En 2006, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría junto con la Asociación
Estadounidense de Medicina prohibieron que sus miembros participaran en
interrogatorios militares. No así la APA.
Este mes, la APA publicó un sorprendente informe independiente que confirma lo que denunciantes y
psicólogos disidentes han sostenido durante casi diez años: que la APA conspiró con el Departamento
de Defensa de Estados Unidos y la CIA para manipular las políticas, reuniones y a los miembros de la
asociación para lograr que la APA aprobara el programa de tortura del Pentágono. La junta directiva de la
asociación encargó el año pasado la realización de una investigación
independiente al ex fiscal federal adjunto David Hoffman. El informe de 542 páginas,
conocido como “El informe Hoffman”, desmiente lo que la APA había afirmado en varias
oportunidades: que ninguno de sus 130.000 miembros había sido cómplice de tortura.
Uno de los psicólogos disidentes es Stephen Soldz, catedrático de la Facultad de
Psicoanálisis de Boston y cofundador de la Coalición por una Psicología Ética.
“Desde al menos 2005 ha habido un gran debate en la asociación y entre colegas
de la profesión acerca de la participación de psicólogos en los interrogatorios
de seguridad nacional y en la práctica de la tortura", dijo Soldz en
Democracy Now! tras la publicación del informe. Soldz añadió: "La
asociación lo ha negado. El informe dice que la asociación se equivocó, los
denominados disidentes, los críticos teníamos razón. El informe concluye
fundamentalmente que hubo una conspiración que duró varios años entre los
líderes de la asociación y representantes de agencias de inteligencia del
Gobierno de Bush: el Departamento de Defensa y la CIA”.
El informe Hoffman investiga las prácticas de una un grupo de trabajo clave creado
por la APA, el Grupo Presidencial de Trabajo sobre Ética Psicológica y Seguridad Nacional,
también conocida como Grupo de Trabajo PENS. El grupo fue creado en 2005 y, en teoría,
debía reunirse para establecer las normas éticas para los psicólogos que supervisaban
los interrogatorios. Después de solo dos días y medio de deliberaciones, el grupo concluyó
que los psicólogos estaban desempeñando un “papel valioso y ético” en su colaboración con las
fuerzas armadas. El grupo PENS alentó a la APA “a garantizar que las actividades de los psicólogos
relacionadas con la seguridad nacional son seguras, legales, éticas y
eficaces”. Posteriormente se reveló que seis de los nueve miembros del grupo
con derecho a voto eran funcionarios militares o de agencias de inteligencia
con vínculos directos con los interrogatorios llevados a cabo en Guantánamo y
otros lugares.
Jean María Arrigo, miembro del Grupo de Trabajo PENS afirmó en Democracy Now!: “Valoro que me diga que me
invitaron para participar. En realidad, me nombraron para engañarme”. Arrigo
fue la primera persona que denunció al grupo de trabajo como una legitimación
de la tortura. Arrigo añadió: “La manipulación comenzó desde el principio. Por
ejemplo, me sentaban, no aleatoriamente ni por elección propia, entre Morgan
Banks, director del Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento (BSCT)
y el ahora presidente de la APA, Barry Anton, que era entonces el vínculo entre la junta
directiva de la APA y el grupo de trabajo”. Arrigo explicó que el grupo de trabajo era
básicamente dirigido por psicólogos del Pentágono, algunos de ellos incluso
vestidos de uniforme. A pesar de que se le pidió que no tomara notas,
igualmente lo hizo y desde entonces creó los archivos del Grupo de Trabajo
PENS en la Universidad de Colorado, Boulder. A Arrigo se le mintió sobre
el proceso deliberativo del grupo PENS al sugerirle que en reuniones futuras abordarían sus
preocupaciones acerca de la tortura.
El informe Hoffman está teniendo fuertes repercusiones en la APA. El director
de la Oficina de Ética de la APA, Stephen Behnke, considerado el “jefe” de la
conspiración entre la APA, el Pentágono y la CIA, ha sido destituido. Además,
esta semana se jubilaron sorpresivamente el director ejecutivo de la APA, el Dr. Norman Anderson; el subdirector ejecutivo, el
Dr. Michael Honaker; y la jefa de comunicaciones, Rhea Farberman.
Cuando le pregunté a Stephen Soldz si se deberían presentar acusaciones formales,
respondió: “Se demostró que estas personas y las demás estuvieron muy
involucradas en la conspiración. Trabajaban con Behnke, eran informadas de lo
que Behnke hacía, lo ayudaron, ayudaron a seleccionar a los miembros del grupo
de trabajo PENS, trabajaron en las políticas y socavaron sistemáticamente la voluntad de los miembros.
Debería haber una investigación judicial”. Soldz está instando a que el FBI y el Departamento de
Justicia inicien una investigación. Mientras tanto, Stephen Behnke, el director de ética de la APA
que fue destituido esta semana, ha contratado como abogado al ex director del FBI Louis Freeh.
© 2015 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés:
Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español,
spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se
emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en
más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el
sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos",
editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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