Submarinos no navegables
Juan Gelman
pagina12.com.ar
6 de septiembre de 2012
Es una tortura conocida y empleada hace mucho por la policía de las
dictaduras, los regímenes autoritarios y aun democracias como EE.UU., que la
utilizó vastamente en las guerras de Irak y Afganistán. Se introduce la cabeza
del prisionero en un recipiente lleno de agua hasta que está a punto de
ahogarse, se le saca la cabeza para que respire un momento y se la vuelve a
sumergir. Indefinidamente, hasta que diga lo que el torturador quiere que diga,
cierto o falso. El método fue aprobado por W. Bush, como demuestran documentos
desclasificados del Departamento de Justicia (www.aclu.org, 24/8/9).
Había trascendido durante la campaña electoral del 2008 que Barack Obama
estaba dispuesto a crear una comisión que investigara todas las violaciones del
gobierno W. Bush a la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor en 1987 y de la que
EE.UU. es Estado Parte (www.salon.com, 13/11/08). No fue así. Amnistía
Internacional, la Unión Estadounidense pro Libertades Civiles (ACLU, por sus
siglas en inglés) y hasta la propia ONU fueron defraudadas.
El nuevo presidente, a menos de cuatro meses de instalado en la Casa Blanca,
viajó a la sede de la CIA para manifestar su apoyo al servicio de espionaje y a
sus miembros, pese a las abundantes denuncias de abusos físicos y mentales a los
sospechosos de terrorismo, que los propios asesores de Obama calificaron de
“torturas”. Ante unos mil agentes, el mandatario las calificó de “errores”,
destacó que era preciso respetar los valores e ideales “que hacen de EE.UU. algo
especial, y a ustedes mismos especiales... incluso cuando es duro y no sólo
cuando es fácil” (www.washingtonpost, 21/4/09). Esta declaración fue recibida
“con ovaciones ensordecedoras”, informó el Washington Post.
Los documentos desclasificados revelaron, por ejemplo, que la CIA aplicó el
“submarino” 183 veces a un solo prisionero. Obama no utilizó ni uno de los diez
minutos que duró su discurso en la CIA para mencionar posibles investigaciones o
indagaciones penales y aseguró a los presentes que el nuevo gobierno “protegerá
sus identidades y su seguridad mientras continúan desempeñando sus funciones con
vigor”.
Días antes, cuando se dieron a conocer los memos de la CIA y del gobierno de
Bush con la autorización para torturar, Obama señaló que no se juzgaría a nadie
por los tales “errores” y más: si alguno era llevado a la Justicia, lo
defenderían abogados cuyos honorarios se oblarían con dinero público. “Es un
tiempo de reflexión, no de castigo”, refrendó (www.de mocrats.co, 16/4/09).
Esto acuñó una suerte de dogma jurídico no escrito hasta que adquirió status
oficial. En mayo último, un jurado de tres miembros de la Corte de Apelaciones
del segundo circuito de Nueva York aprobó la siguiente presentación del
gobierno: los cables de la CIA que describen el uso del “submarino” no son
desclasificables pese a la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas
en inglés), lo cual clausura la demanda de ACLU y de otros organismos de
derechos humanos que solicitaron que se hicieran públicos más documentos
atinentes al maltrato de prisioneros durante la guerra de Irak. El fallo acepta
el pálido argumento de la Casa Blanca: revelar esa documentación atentaría
contra la seguridad nacional (www.nytimes.com, 24/5/12).
El procurador general Eric H. Holder Jr. atornilló aún más el argumento: la
semana pasada anunció que nadie sería juzgado por la muerte de un prisionero en
Afganistán en el año 2002 y la de otro en Irak en el 2003 “eliminando la última
posibilidad de que se acepte cualquier acusación penal relacionada con los
brutales interrogatorios de la CIA” (www.nytimes.com, 30/8/12). El cierre de ambos
casos, agrega el New York Times, “significa que llegó a su fin el limitado
esfuerzo del gobierno Obama destinado a investigar los programas antiterroristas
que se llevaron a cabo bajo el presidente George W. Bush”.
La justificación de Holder es igualmente limitada: “El Departamento (de
Justicia) ha cesado los procesos porque las pruebas admisibles no serían
suficientes para obtener y sostener una condena más allá de toda duda razonable”
(www.justice.gov, 30/8/12). ¿Qué
dificultad habría entonces para dar a conocer los documentos solicitados por la
ACLU?
El entonces procurador general Michael Mukasey encargó en enero del 2008 al
fiscal federal John Durham, un republicano declarado, que averiguara el porqué
de la destrucción de 92 videos con pruebas evidentes de las sesiones de tortura
de José A. Rodríguez, un alto funcionario de la CIA. El mandato de Durham fue
prorrogado bajo Obama para incluir otros casos. Pese a las pruebas concluyentes
de torturas que provocaron la muerte de prisioneros, “Durham decidió no
emprender acción alguna con un único argumento, la discreción procesal” (//harpers.org, 31/8/12). Como dijo Obama
al comenzar su mandato: “Mi gobierno siempre actuará conforme a la ley”.
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