Un poder judicial clase B
William Fisher
IPS
10 de noviembre de 2009
Comisión militar en Guantánamo.
Crédito: Depto.
de Defensa de EEUU |
NUEVA YORK - Activistas de derechos humanos y juristas de Estados Unidos
cuestionan la enmienda de la Ley de Comisiones Militares que durante la
presidencia de George W. Bush (2001-2009) habilitó las cortes marciales contra
supuestos terroristas.
Según los críticos, la revisión era innecesaria. La nueva ley, dicen,
determinará nuevos retrasos en los procesos y creará un "sistema de justicia de
segunda clase".
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la
más antigua de las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, pidió
al gobierno de Barack Obama "abandonar el sistema de comisiones militares,
fatalmente sesgado".
Las comisiones militares son cortes marciales instaladas en la base naval
estadounidense en el enclave de Guantánamo, Cuba, donde han sido conducidos la
mayoría de los acusados detenidos en el marco de la "guerra contra el
terrorismo" declarada por Bush en septiembre de 2001.
La ACLU también recomendó que, "cuando la evidencia de crímenes terroristas
existan" se juzgue "a los detenidos en Guantánamo en tribunales federales".
El no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, docenas de
cuyos abogados defienden a prisioneros en Guantánamo, consideró en una
declaración que "el uso de comisiones militares sólo conducirá a más retrasos en
los procesos".
"Cualquier nuevo sistema" que repita el recurso de las cortes marciales
determinará "crecientes dolores y errores, así como años de apelaciones para
aventar las incertidumbres legales creadas hoy", agregó la institución.
"Aspectos fundamentales del sistema, como quién puede ser juzgado por las
comisiones, siguen siendo vagos", consideró el Centro.
La organización agregó que la nueva norma "incluye la 'conspiración' y el
'apoyo material' (al terrorismo) como crímenes de guerra, lo cual contradice la
anterior posición del gobierno de Obama" de rechazar la posibilidad de que esos
delitos sean juzgados por las comisiones militares.
El presidente Obama sancionó la revisión la semana pasada, como parte de la
Ley de Autorización de Defensa Nacional.
Otros expertos y activistas cuestionan la norma, pero notan ciertas
mejoras.
El coronel David Frakt, oficial de la Fuerza Aérea y defensores de
prisioneros de la "guerra contra el terrorismo", consideró que la ley original
era "un error catastrófico".
Frakt defendió a un joven preso en Guantánamo, Mohammed Jawad, liberado el
pasado verano boreal y enviado a su hogar en Afganistán años después de su
arresto. El militar y abogado convenció a un juez militar de que su confesión
había sido arrancada mediante coerción.
"Las nuevas comisiones militares son una mejora significativa, al menos en el
papel. La revisión de fallos y el establecimiento de criterios de admisibilidad
de declaraciones voluntarias son dos de los avances más importantes", dijo a IPS
el jurista, de vuelta en su cátedra de Derecho en la Universidad de Western
State, en California.
Pero "las comisiones están aún fundamentalmente sesgadas en varios aspectos",
acotó.
Frakt observó que no hay obligación de investigación previa al juicio, como
una audiencia preliminar o gran jurado, y que las declaraciones arrancadas
mediante coerción aún son admitidas como evidencia.
También cuestionó el hecho de que menores de edad aún puedan ser juzgados por
las comisiones militares.
La nueva ley "todavía autoriza el juzgamiento de detenidos por una variedad
de delitos que no son crímenes de guerra tradicionales, entre ellos apoyo
material al terrorismo, terrorismo, conspiración y la tipificación inventada de
‘asesinato en violación de la ley de guerra’", añadió.
Las comisiones militares, dijo Frakt a IPS, son "totalmente
innecesarias".
"Ahora que las reglas sobre evidencias en las comisiones militares se
atenuaron para parecerse más a las reglas de los tribunales federales, la razón
real para su creación --lograr condenas fáciles con pruebas contaminadas-- quedó
removida. Pero la contaminación del proceso original persiste", indicó.
"El criterio para determinar qué casos van a las comisiones militares y
cuáles a los tribunales federales no tiene sentido", sostuvo. "Básicamente, los
casos irán a la justicia civil si el Departamento de Justicia (fiscalía general
de Estados Unidos, de rango ministerial) quiere y cree que puede acusar con
éxito, y los restantes irán a las comisiones."
"Ésa es otra prueba de que las comisiones son una opción de segunda clase",
advirtió el jurista.
Una cláusula del proyecto, propuesta por el senador Linsey Graham, del
opositor Partido Republicano, podría haber bloqueado la transferencia a la
justicia civil de los sospechosos de los atentados del 9 de septiembre de 2001
en Nueva York y Washington. Pero fue rechazada por 54 votos a 45 en el
Senado.
Ésa fue "una gran victoria", dijo a IPS Christopher Anders, uno de los
encargados de las relaciones de la ACLU con el Congreso legislativo.
"Por suerte, el Senado tomó la decisión correcta al no atar las manos del
presidente cuando se trata de acusar a los detenidos en la justicia federal, lo
cual retrasaría su procesamiento" y sus penurias, consideró.
Las autoridades de Estados Unidos juzgaron con éxito a casi 200 acusados de
terrorismo en tribunales federales desde los atentados de 2001, recordó. "El
sistema de justicia estadounidense funciona, y no hay razones para no usarlo",
indicó Anders.
En las comisiones militares, creadas por Bush luego de los atentados y luego
avaladas por el Congreso, se procesaron, en contraste, apenas tres casos.
Pero no faltan las críticas a las nuevas comisiones militares. El jurista
Francis Boyle, de la Universidad de Illinois, dijo a IPS que su propio
funcionamiento equivale a cometer crímenes de guerra "de acuerdo con la cuarta
Convención de Ginebra de 1949 e incluso el propio Manual de Campo del ejército
estadounidense".
"Decir que los tribunales regulares son para delitos regulares y que las
comisiones militares son para crímenes de guerra es una mentira", opinó, en
diálogo con IPS, Gabor Rona, director de asuntos de derecho internacional de la
organización de derechos humanos Human Rights First.
"Si esto fuera verdad, ¿por qué tenemos un Estatuto de Crímenes de Guerra que
les asigna como jurisdicción nuestros tribunales federales?", se preguntó.
"Me choca particularmente que" los asesores de Obama "reconozcan la
limitación histórica para el uso de las comisiones militares, es decir,
situaciones de ‘necesidad militar’", como "situaciones de ocupación, en las que
los mecanismos habituales de justicia no están operativos", explicó.
"Pero a pesar de reconocer el éxito de las acusaciones de tribunales
federales contra el terrorismo", los asesores fijaron "una serie de
consideraciones para decidir si se envía un caso a una comisión militar sin
advertir que los tribunales federales están abiertos y funcionando", sostuvo
Rona.
Para el director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales,
Vincent Warren, "ahora hay comisiones militares del presidente Obama: él las
posee y también posee todos los problemas que vienen con ellas", con lo cual
"dañará su legado y alentará a los críticos" de Estados Unidos "en el
mundo".
El gobierno anunciará el día 16 sus planes de acusar a varios detenidos en
Guantánamo, sea en tribunales federales o en las comisiones militares instaladas
en esa base naval.
Medios de prensa informaron que supuestos planificadores de los atentados de
2001 serían enviados a tribunales penales donde los acusará el Departamento de
Justicia.
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