DERECHOS HUMANOS-EEUU: Ejecutar al sospechoso
Por William Fisher
IPS
5 de febrero de 2010
NUEVA YORK - Defensores de las libertades civiles y juristas reaccionaron
este viernes a lo que describieron como "la ejecución deliberada de ciudadanos
estadounidenses alejados de toda actividad hostil, si el Poder Ejecutivo
determina en forma unilateral que se ajustan a una definición secreta de
enemigo".
La reacción respondió a una admisión del director de Inteligencia Nacional,
Dennis Blair, que tomó por sorpresa a la comunidad de inteligencia y a sus
críticos. Blair reconoció el miércoles en una audiencia del Congreso legislativo
que Estados Unidos puede, con aprobación del Poder Ejecutivo, matar a ciudadanos
estadounidenses sospechosos de terrorismo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) es
una de las organizaciones que expresaron indignación por la falta de información
pública sobre esta política y las posibilidades de abuso que se abren.
"Creo que se trata de algo más que de instigar miedo. Matan a alguien y no
necesitan ninguna justificación", comentó el abogado George Brent Mickum, quien
defendió a varios detenidos en la base militar de Estados Unidos en Guantánamo,
Cuba.
"Hemos matado a miles de víctimas inocentes en un intento por eliminar a
supuestos operadores (terroristas). Y no olvidemos con cuánta frecuencia
nuestros servicios de inteligencia se han equivocado sobre supuestos operadores"
terroristas, destacó Mickum en declaraciones a IPS.
"Mis clientes Bisher al Rawi, Jamil el-Banna, Martin Mubanga, Abu Zubaydah y
Shaker Aamer fueron todos acusados de terrorismo sobre la base de datos de
inteligencia. En cada uno de los casos, la inteligencia se equivocó. No tengo
ninguna esperanza de que la inteligencia sea mejor con respecto a supuestos
terroristas estadounidenses", declaró el abogado.
Francis A. Boyle, profesor de derecho constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Illinois, dijo a IPS que "esta ejecución
extrajudicial de seres humanos" viola tanto el derecho internacional como la
quinta enmienda de la Constitución nacional.
"El gobierno de Estados Unidos ha elaborado una ‘lista de muerte’ para
ciudadanos estadounidenses en el exterior, similar a las que elaboraban las
dictaduras latinoamericanas en sus guerras sucias", sostuvo Boyle.
La comunidad defensora de los derechos humanos fue igualmente enérgica en su
reacción. "La respuesta más breve es que los combatientes pueden ser ejecutados
y los civiles no, según el derecho internacional. La ciudadanía no importa. El
hecho es que ser ‘sospechoso de terrorismo’ no significa necesariamente ser
combatiente", observó Daphne Eviatar, abogada de la organización Human Rights
First.
"La pregunta clave… es si la persona ejecutada ‘participa directamente en
hostilidades’. De lo contrario, es un crimen de guerra", agregó.
Al dar su testimonio ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de
Representantes, Blair reconoció que la comunidad de inteligencia toma "medidas
directas" contra los presuntos terroristas.
Asimismo, admitió que los funcionarios antiterroristas pueden matar a
ciudadanos estadounidenses que participen en grupos extremistas en el exterior
"con permiso específico" de sus superiores.
"Si pensamos que una medida directa implicará matar a un estadounidense,
pedimos un permiso específico", declaró Blair en respuesta a una pregunta del
representante Pete Hoekstra, del opositor Partido Republicano.
Las declaraciones de Blair fueron precedidas de la publicación de un artículo
en el diario The Washington Post en el cual se afirmaba que el presidente Barack
Obama había adoptado la política de su antecesor, George W. Bush, de autorizar
la ejecución de ciudadanos estadounidenses involucrados en actividades
terroristas en el exterior.
El artículo, que citó a funcionarios anónimos, sostenía que la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales
tienen a tres ciudadanos estadounidenses en sus listas de personas que buscan
capturar o ejecutar.
Chip Pitts, presidente del grupo de derechos humanos Bill of Rights Defence
Committee, lamentó la posición del presidente.
"Al igual que adoptar la política de detención indefinida de Bush, adoptar la
política de las ejecuciones extrajudiciales selectivas es un trágico error
legal, moral y práctico de la administración Obama", dijo a IPS.
"Aun para quienes aceptan la legitimidad de la pena de muerte, esto debilita
el estado de derecho, que es nuestra mejor arma para luchar contra los
verdaderos terroristas, sin subvertir por completo el debido proceso y los
derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses", señaló Pitts.
Ben Wizner, un abogado que trabaja para el Proyecto de Seguridad Nacional de
ACLU, consideró "alarmante" que el presidente pueda autorizar el asesinato de
estadounidenses en el exterior, "aunque estén lejos de las hostilidades, nunca
hayan tomados las armas contra Estados Unidos y sólo sean considerados una
‘amenaza’ no específica".
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