Deportados por violar la luz roja
William Fisher
IPS
19 de agosto de 2010
NUEVA YORK - Un programa gubernamental diseñado para detener peligrosos
criminales es usado para deportar a personas que reciben multas de tránsito o
cometen delitos menores, según grupos defensores de los derechos de los
inmigrantes.
Las organizaciones señalaron que 79 por ciento de las personas deportadas a
través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) no son criminales o fueron
detenidas por delitos leves, como violaciones de tráfico o travesuras
juveniles.
De las aproximadamente 47.000 personas deportadas a través del programa,
desde su entrada en vigor en octubre de 2008 hasta junio de 2010, sólo 20 por
ciento fueron formalmente acusadas o condenadas por delitos graves de "nivel
uno", como agresión sexual o tráfico de drogas.
Los activistas también señalaron que el programa "sirve como una pantalla de
humo para el prejuicio racial, permitiéndole a los oficiales de policía detener
a personas basándose en su apariencia y a no ciudadanos sabiendo que serán
deportados, aun si son erróneamente arrestados o nunca son condenados".
Las críticas contra el programa proceden fundamentalmente de la Red
Organizadora del Día Nacional del Trabajador (NDLON, por sus siglas en inglés),
el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia para la
Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo.
Las organizaciones dijeron que documentos oficiales obtenidos gracias a la
ley de Libertad de Información "revelan un patrón de deshonestidad" en la
agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus
siglas en inglés), que implementa el S-Comm.
El programa promueve la cooperación entre las autoridades migratorias
nacionales y la policía del estado respectivo. Los agentes locales pueden
aplicar leyes federales deteniendo a inmigrantes indocumentados que comentan
delitos para luego derivarlos a la ICE.
Funcionarios de la ICE declararon su intención de expandir el S-Comm a todas
las jurisdicciones del país para 2013. Actualmente funciona en 544
jurisdicciones de 27 estados. El programa administra información de huellas
digitales a través de la base de datos de las autoridades migratorias.
Los activistas señalaron que la ICE "ha sido deshonesta con el público y con
las agencias del orden público locales sobre la verdadera misión y el impacto
del S-Comm".
"Aunque la ICE considera al S-Comm una herramienta eficiente y bien
confeccionada contra inmigrantes que constituyen una ‘importante amenaza’, en
los hechos funciona como un sistema de redadas", añadieron.
Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo a
IPS: "El mal llamado programa Comunidades Seguras es el nuevo esquema del
Departamento de Seguridad Nacional para incluir a los policías locales en la
aplicación de las leyes migratorias".
Por su parte, Francis Boyle, profesor de leyes en la Universidad de Illinois,
dijo a IPS: "Esto es simplemente un ejercicio de prejuicio racial contra los
latinoamericanos".
Los registros obtenidos por las organizaciones no gubernamentales "revelan
una peligrosa tendencia", dijo el director ejecutivo de la NDLON, Pablo
Alvarado.
"Este programa crea una explosión de medidas como las (implementadas en el
sudoccidental estado) de Arizona, y cuyos resultados han demostrado ser
desastrosos. Gracias al S-Comm, afrontamos la potencial proliferación del
prejuicio racial, de la desconfianza hacia la policía local, del temor y de la
xenofobia", alertó.
Según las organizaciones, información preliminar confirma que algunas
jurisdicciones, como el condado de Maricopa, en Arizona, tienen tasas anormales
de deportaciones de personas sin antecedentes penales a través del S-Comm.
El promedio nacional de deportados sin antecedentes es de 26 por ciento, pero
esa cifra también varía ampliamente a lo largo del país. Llega a 54 por ciento
en Maricopa, cuyo sheriff, Joe Arpaio, recibe cientos de demandas por abusos a
los derechos civiles y es investigado por el propio Departamento de Justicia por
realizar redadas indiscriminadas contra inmigrantes.
En una medida que expertos legales califican de inusual, ese Departamento
amenazó esta semana con demandar Arpaio si no cooperaba en una investigación
sobre su supuesto abuso de poder y acoso a personas de origen
latinoamericano.
Todo esto amenaza con exacerbar el enfrentamiento entre la administración del
presidente Barack Obama y el gobernador de Arizona, Jan Brewer. Las leyes
migratorias de ese estado se han convertido en un tema de contención de cara a
las próximas elecciones legislativas de noviembre.
El Departamento de Justicia inició una nueva acción legal contra la ley
B-1040 de Arizona, que permite a los agentes de inmigración detener a una
persona si consideran tener razones suficientes para creer que reside en el país
sin documentos.
Un juez federal concluyó que muchas secciones de la norma no podían aplicarse
hasta que una corte de apelaciones se expidiera sobre su legalidad. El gobierno
de Obama sostiene que las leyes federales deben ser las únicas sobre el
tema.
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