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Geisel y Baptista, responsables del asesinato o desaparición de 89
Ex dictadores de Brasil aprobaron ejecuciones: documento de la CIA
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 13 de mayo de 2018, p. 20
Río de Janeiro.
El penúltimo general dictador de la larga noche de tinieblas vivida por
Brasil entre 1974 y 1985, Ernesto Geisel, al igual que su sucesor, el también
general João Baptista Figueiredo, autorizaron la ejecución de subversivos
peligrosos. Fueron, pues, los responsables directos del asesinato o
desaparición de al menos 89 brasileños entre dicho periodo.
Un informe enviado el 11 de abril de 1974 –un jueves– por el entonces
director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), William
Colby, al todopoderoso secretario de Estado Henry Kissinger, artífice, entre
otras hazañas, del golpe que destituyó meses antes al presidente chileno
Salvador Allende, dice con todas sus letras que en una reunión con Figueiredo,
entonces jefe máximo de los servicios de inteligencia, y otros dos generales,
que Geisel autorizó que el método (ejecución sumaria) fuera preservado
como política de Estado.
Geisel hizo solamente dos recomendaciones: que las ejecuciones fueran
aprobadas por Figueiredo y que sólo se asesinara a subversivos
comprobadamente peligrosos.
Los detalles de la comunicación entre el director de la CIA y el secretario
de Estado fueron divulgados el pasado jueves por Matias Spekctor, quien además
de columnista del diario conservador Folha de Sao Paulo es
un prestigiado investigador de la Fundación Getulio Vargas. Ha sido el
documento secreto más perturbador que he leído en más de 20 años de
investigación, aseveró Spektor.
En el oficio, enviado a Kissinger, Colby describe una reunión ocurrida poco
antes, el 30 de marzo, 15 días después de que Ernesto Geisel llegó a la silla
presidencial. Participaron otros tres generales que encabezaban el combate a la
oposición a la dictadura: Milton Tavares de Souza, quien salía del Comando del
Centro de Inteligencia del Ejército, y Confucio Danton de Paula Avelino, quien
asumía el puesto, así como Figueiredo, jefe máximo del nefasto Servicio
Nacional de Informaciones.
En ese encuentro, Tavares de Souza, en tono de despedida, informó a Geisel
que en el periodo de su antecesor, el también general Emilio Médici, al menos
104 personas furon sumariamente ejecutadas por miembros del Centro de
Inteligencia del ejército. Y, acto seguido, pidió autorización al nuevo
mandatario para que las fuerzas armadas mantuvieran la política de exterminio
de opositores.
Todo eso ocurrió un sábado y al final de la reunión Geisel pidió a sus
subordinados pensar sobre el tema hasta el lunes.
Y el lunes primero de abril, cuando se cumplían 10 años de dictadura
(curiosamente, es en Brasil el día de la mentira, o, como dicen en
España, de los santos inocentes), Geisel dio su veredicto: tal política,
efectivamente, debería continuar. Pero con un detalle:
solamente subversivos peligrosos debían ser ejecutados. Determinó que
todos los asesinatos serían previamente aprobados por Figueiredo.
El informe de Colby a Kissinger no deja lugar a dudas. Todo es
minuciosamente detallado. Dos párrafos del documento –el primero y el quinto–
siguen blindados, o sea, no han sido liberados.
Hace décadas, una de las más sólidas e icónicas figuras de la izquierda
brasileña, Leonel Brizola, dijo que uno de los problemas de los golpistas
latinoamericanos es que confían en la CIA. Se olvidan de que pasado algún
tiempo sus archivos son abiertos y entonces salta todo lo podrido que hicieron.
La revelación del documento localizado por Spektor causó cierto revoltijo
en Brasil. Curiosamente, los archivos ahora examinados estaban disponibles al
público desde 2015.
De los países latinoamericanos que transitaron de dictaduras a democracias
en años recientes, Brasil es el único donde ninguno de los agentes del Estado
que cometieron crímenes de lesa humanidad ha sido castigado. Sobran pruebas,
pero la ley de amnistía promulgada en agosto de 1979, ya en el ocaso de la
dictadura, por el entonces presidente Figueiredo –el general encargado de decir
quiénes eran o no subversivos peligrosos aptos para ser ejecutados–
asegura la inmunidad para los dos lados.
En el fondo, queda ahora claro, Figueiredo y su grupo decretaron una
autoamnistía.
Hace ocho años la Corte Suprema de Brasil ratificó la ley de amnistía, o
sea, la impunidad.
Todo eso salta ahora al ruedo en un momento en que Brasil vive un estado
muy cercano al de la excepción, a raíz de un golpe institucional que destituyó
a la presidenta Dilma Rousseff. En semanas recientes se volvió a escuchar la
voz fuerte de los cuarteles.
Con un presidente altamente impopular e impotente, al menos 70 oficiales
del ejército, retirados y de las patentes más elevadas, se disponen a disputar
cargos de diputados, además de gobiernos de varios estados y escaños en el
Senado. Y el candidato mejor posicionado en las encuestas, a quien sólo supera
Lula da Silva, cuya candidatura está prácticamente inviabilizada, es
precisamente un capitán retirado, Jair Bolsonaro, quien además de excusar a la
pasada dictadura también defiende la tortura.
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