El gobierno de Estados Unidos asesino en masa aumenta la persecución a Julian
Assange por ayudar a desenmascarar sus crímenes de guerra, y pone en la mira a
TODOS los periodistas de investigación
31 de mayo de 2019 | revcom.us
Imagine una sociedad en la que el gobierno amenaza a los periodistas o editores con una
cadena perpetua de prisión por informar sobre crímenes de guerra masivos. En
realidad, no tiene que imaginar este escenario de pesadilla. Esta es ahora la realidad en Estados Unidos
2019, con la impugnación del 23 de mayo contra Julian Assange, el fundador de
WikiLeaks, por trabajar con Chelsea Manning para sacar a la luz los crímenes de
guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como resmas de otros datos
relacionados con el trato a los detenidos en Guantánamo, cables diplomáticos
con detalles sobre las relaciones de Estados Unidos con sus aliados y más.
El gobierno está persiguiendo a Assange por publicar la información que
WikiLeaks recibió de Chelsea Manning, que era una soldado y analista de
inteligencia basada en Irak con acceso a archivos que revelan los crímenes de
guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán y otros secretos que
Estados Unidos quería mantener en reserva1. En 2010, Manning puso su vida en peligro al proporcionar estos archivos a
WikiLeaks, con el objetivo, en sus palabras, de provocar “discusiones, debates
y reformas en todo el mundo” (consulte el recuadro para obtener más información
en relación a Chelsea Manning). Los archivos publicados por WikiLeaks fueron la
base para la cobertura de estos crímenes en los medios de comunicación
tradicionales en Estados Unidos y en todo el mundo.
Assange está ahora en prisión en Gran Bretaña, luego de que lo expulsaron
de la embajada ecuatoriana en Londres después de años de buscar refugio ahí
debido a la persecución. Él está luchando en contra de la extradición a Estados Unidos.
Se está estableciendo un precedente peligroso
La Ley de Espionaje que el Departamento de “Justicia” de Estados Unidos
(DOJ, por sus siglas en inglés) está utilizando para ir sobre Assange se aprobó
por primera vez en 1917, en parte para singularizar a los activistas contra la
guerra y otros radicales. Entre sus provisiones está la de singularizar la
filtración de secretos gubernamentales y militares. Esto se ha usado en el
pasado contra las personas que trabajaban en el gobierno o en proyectos para el
gobierno, como Daniel Ellsberg, quien era analista de un grupo de expertos
estrechamente vinculado a las fuerzas armadas de Estados Unidos cuando publicó
los Papeles del Pentágono2 durante la guerra de Vietnam. Más recientemente, se ha usado en contra de
Chelsea Manning y Edward Snowden (un contratista de la Administración de
Seguridad Nacional que sacó a la luz el extensísimo espionaje electrónico
contra miles de millones de personas de parte del gobierno de Estados Unidos).
Lo que hace que el caso contra Julian Assange sea tan
inaudito y peligroso es que esta es la primera vez que se utiliza la Ley de
Espionaje contra un periodista o alguien que publica documentos filtrados, para
darlos a conocer al público, en lugar de solo la fuente original de la
información en el gobierno, las fuerzas armadas o instituciones y dependencias relacionadas.
El DOJ niega que persiga a periodistas y dice que el objetivo de la impugnación contra Assange es castigar la obtención
y divulgación ilegal de información clasificada, lo que pone en peligro la vida
de soldados, diplomáticos y fuentes estadounidenses, según el DOJ. Pero eso es
como un vampiro que le dice que se quede tranquilo mientras le muerde el
cuello. Como lo señala correctamente una amplia gama de voces, lo que el DOJ
acusa a Assange de hacer no es diferente a lo que por lo común hacen todos los
periodistas de investigación y sus editores, y eso es muy ominoso, no solo para
los derechos de los periodistas sino también para los derechos de las personas
en general.
Ben Wizner, director del Proyecto de Expresión, Privacidad y Tecnología de
la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU), calificó la impugnación de
“un asalto directo a la Primera Enmienda” que “establece un precedente
peligroso que se puede usar para singularizar a todas las organizaciones
noticieras que hacen que el gobierno rinda cuentas” publicando sus secretos”3.
Incluso Alan Dershowitz, profesor derechista de Harvard y partidario de Trump,
dijo que la impugnación contra Assange era “análoga con que el New York Times y el Washington Post fueran procesados después
de publicar los Papeles del Pentágono”, y calificó de “un acontecimiento muy
pero muy aterrador”4.
James Risen (ex reportero en temas de seguridad nacional para el New York Times y ahora en The Intercept)
toma parte del lenguaje de la impugnación del DOJ y señala las implicaciones:
La impugnación formal indica que Assange y WikiLeaks “repetidamente buscaron,
obtuvieron y diseminaron información la que Estados Unidos puso bajo reserva
clasificada debido al grave riesgo de que una divulgación no autorizada pudiera
dañar la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Eso es casi una definición de un libro de texto del trabajo de un reportero que
cubre temas de seguridad nacional en una importante organización de medios de
comunicación. Vea las páginas de la mayoría de los medios de comunicación donde
de manera segura y encriptada se puede dejar información filtrada, y verá una
notable similitud entre lo que solicitan los periodistas y lo que WikiLeaks buscó.
La impugnación agrega que “el sitio web de WikiLeaks explícitamente solicitó materiales
censurados, de otra manera restringidos y hasta septiembre de 2010,
‘clasificados’”. Hoy, prácticamente todas las organizaciones mediáticas grandes
tienen un buzón seguro similar donde las fuentes pueden dejar información de
forma anónima. WikiLeaks popularizó esa técnica para solicitar filtraciones
anónimas, pero ahora es una práctica periodística común.
“Assange promovió personal y públicamente WikiLeaks a fin de alentar que las personas
con acceso a información protegida, incluida información clasificada, la
proporcionara a WikiLeaks para poder divulgarla públicamente”, dice la
impugnación. Casi todos los reporteros de temas de seguridad nacional salen en
la televisión, dan discursos o lanzan giras de libros para promover su trabajo
y, con suerte, obtener nuevas fuentes.
Todo esto suscita una pregunta obvia: si el gobierno puede acusar a Assange por
conspirar para obtener documentos filtrados, ¿qué impediría que impugnara a un
reportero del New York Times que cubra temas de la CIA por cometer el mismo delito?5
Y piense en las implicaciones de la impugnación contra Assange bajo la Ley
de Espionaje para los periodistas a nivel internacional. Assange no es un
ciudadano estadounidense, y trabajó fuera de Estados Unidos. Su impugnación
ahora establecerá un precedente para que Estados Unidos persiga a los
periodistas de otros países que desentierran y publican información que los
gobernantes declaran “dañina para la seguridad nacional de Estados Unidos”, con
cargos de crímenes graves y exigencias de que sean extraditados a Estados
Unidos para someterse a un juicio. Además, si Estados Unidos puede presentar
cargos criminales contra periodistas de otros países, ¿otros gobiernos
represivos de todo el mundo podrán presentar cargos contra reporteros y
editores estadounidenses por sacar a la luz pública sus secretos?
Esta maniobra extrema y peligrosa del régimen de Trump y Pence es parte de
la aceleración de su inexorable monstruosidad fascista general. En pro de los
intereses de la humanidad, hay que responder a este y al auge de otros
atropellos con crecientes protestas en toda la sociedad, y no solo contra este
u otro ultraje en particular, sino que exijan expulsar el régimen fascista en
su conjunto. Y, en lo más fundamental, se presenta la pregunta: ¿continuaremos
viviendo bajo este sistema que ha producido tantos horrores para la humanidad,
incluido este régimen fascista, y condenaremos a las generaciones futuras a
esto... o haremos una revolución para derrocar
el dominio del capitalismo-imperialismo y crearemos un sistema y mundo
radicalmente diferente?
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