En el limbo, informe sobre prisiones secretas de la CIA
Mark Mazzetti y Matt Apuzzo / New York Times News Service | Sábado 14 Noviembre 2015
Washington— Un funcionario de seguridad del Senado de Estados
Unidos salió al frío decembrino para entregar sobres marcados “ULTRA SECRETO”
en el Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de
Justicia. Dentro de cada uno había un disco con 6,700 páginas de un informe
clasificado sobre el programa de prisiones secretas de la CIA y una carta de la
senadora Dianne Feinstein en la que exhortaba a los funcionarios a leerlo para
asegurarse de que no se perdieran las lecciones en el tiempo.
Hoy, esos discos están intactos en bóvedas por todo
Washington, todavía en sus sobres originales. La FBI todavía no recoge una
copia que está reservada para ella en la caja de seguridad del Departamento de
Justicia. Funcionarios del Departamento de Estado, quienes guardaron la suya y
la marcaron como “Archivo congresal. NO ABRIR”, tan pronto como llegó, tampoco
lo han leído.
Casi un año después de que el Senado dio a conocer 500
páginas de un resumen desclasificado del informe, el destino de todo el
documento sigue siendo el limbo, el tema de batallas en tribunales y en el
Congreso estadounidense. Mientras no se resuelvan esas disputas, el
Departamento de Justicia ha prohibido que los funcionarios de las dependencias
del gobierno que lo tienen abran el informe, con lo cual, efectivamente, se ha
impedido que la gente encargada del futuro del contraterrorismo en Estados Unidos
lea una historia de su pasado. También existe la posibilidad de que los
documentos pudieran permanecer para siempre en una bóveda del Senado.
En una carta dirigida a la procuradora general Loretta E.
Lynch la semana pasada, Feinstein, demócrata por California, dijo que el
Departamento de Justicia estaba evitando que el gobierno “aprendiera de sus
errores del pasado para asegurarse de que no se repitan”.
Si bien Feinstein está ansiosa por ver el documento que
se hizo circular, el Senado ahora está bajo control republicano. Su sucesor
como jefe del Comité de Inteligencia, el senador Richard M. Burr de Carolina
del Norte, ha exigido que el gobierno de Obama regrese todas las copias del
documento. Burr ha declarado que el informe no es otra cosa más que “una nota a
pie de página en la historia”.
Siempre estuvo claro que el informe completo quedaría
resguardado, lejos de la vista de todo el mundo, durante años, si no es que
décadas. Sin embargo, la exigencia de Burr, que significa que podría ser que ni
siquiera los funcionarios con alto grado de autorización de seguridad puedan
leerlo, les ha recordado a algunos funcionarios la escena final de “Raiders of
the Lost Ark”, cuando se coloca al Arca de la Alianza en un cajón de embalaje
junto con miles de otros secretos en una bodega del gobierno.
El informe cuenta la historia de cómo, en los meses
posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, la CIA
empezó a capturar gente y a interrogarla en prisiones secretas, más allá del
alcance de los sistemas judiciales y militares legales de Estados Unidos. La
conclusión central del informe es que los métodos de interrogación del
organismo de espionaje –incluida la simulación de ahogamiento, la privación del
sueño y otros tipos de tortura– fueron muchísimo más brutales y muchísimo menos
efectivos de lo que reconoció la CIA ante los formuladores de políticas, el
Congreso y la población.
Por ahora, es la crónica a mayor profundidad de uno de
los programas de contraterrorismo más controvertidos, después de los ataques
del 11 de septiembre.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU,
por sus siglas en inglés) ha demandado a la CIA para tener acceso al documento
y, en este momento, el caso depende de quién tiene la propiedad. Los documentos
del Senado están exentos de las leyes sobre los registros públicos, pero los
del poder ejecutivo no. En mayo, un juez federal falló que, aun cuando
Feinstein distribuyó el informe en el poder ejecutivo, sigue perteneciendo al
Congreso. Esa decisión se apeló y los expedientes vencen este mes.
Funcionarios del Departamento de Justicia defienden su
posición diciendo que el manejo del documento en alguna forma podría influir en
el resultado de la demanda. Dijeron que un funcionario del Departamento de
Estado que abrió el informe, loe leyó y los resumió podría llevar a un juez a
determinar que se trata de un expediente del poder ejecutivo, lo cual alteraría
el resultado de la demanda. El Departamento de Justicia también ha prometido no
regresarle los expedientes a Burr mientas un juez no haya resuelto el asunto.
“Es bastante extraño, y no puedo pensar en un
precedente”, comentó Steven Aftergood, el director del Proyecto sobre
Confidencialidad Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses.
Dijo que hay cualquier cantidad de documentos confidenciales del Senado que se
comparten con organismos de inteligencia y siguen siendo expedientes
congresales, aun si los leen miembros del poder ejecutivo.
Las conclusiones del informe sobre el programa de
prisiones secretas siguen siendo tema de un debate fiero. Un grupo de ex altos
funcionarios de la CIA publicaron un libro en el que cuestionan las
conclusiones y la metodología del informe, y los republicanos en el Senado han
ridiculizado a la investigación como mal hecha y partidista.
John O. Brennan, el director de la CIA, dijo en una
conferencia el mes pasado que el informe contiene “muchas, pero muchas,
caracterizaciones erróneas” del trabajo del organismo de espionaje en los años
posteriores a los ataques del 11 de septiembre. Dijo que si bien se centra en
“algunas deficiencias reales” del programa de detenciones, “no toma en cuenta
el tremendo sacrificio y el servicio de los agentes de la CIA para mantener
seguro al país”.
No se espera que el informe completo aporte evidencias de
las técnicas de interrogación previamente reveladas, pero se dice que se
describen esas sesiones a gran detalle, junto con miles de fotografías. En el
informe, se explican los orígenes del programa, los nombres de los funcionarios
involucrados y se identifica a gobiernos extranjeros que cooperaron. Asimismo,
da detalles sobre el papel de cada organismo en el programa de prisiones
secretas.
Incluso, el Departamento de Justicia, que jugó un papel
central en la aprobación de los métodos de interrogación, ha prohibido que sus
propios funcionarios lean el informe completo.
“El Departamento de Justicia estuvo entre esas partes del
poder ejecutivo a las que se engañó sobre el programa, y que los funcionarios
de esa dependencia conozcan la historia es crítico para su papel institucional
en adelante”, escribió Feinstein al Departamento de Justicia la semana pasada,
en una carta que firmó junto con el senador Patrick J. Leahy de Vermont, el más
alto demócrata en el Comités Judicial.
En el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia
estuvieron de acuerdo en el argumento de Burr de que el documento le pertenece
al Congreso. Como evidencia, señalan un acuerdo entre la CIA y el Senado cuando
el Comité de Inteligencia empezó su prolongada investigación. El Senado estaba
bajo control demócrata en ese entonces.
El acuerdo dice que cualquier “documento, borrador y
recomendación final, informe u otro material” generado durante la investigación
es un documento congresal. “Como tales, estos expedientes no son documentos de
la CIA, de conformidad con la Ley de libertad de información”, dice el acuerdo.
La ACLU dice que el acuerdo quedó sin efecto una vez que
Feinstein mandó el informe a las dependencias del gobierno. Debido a que es
evidente que ella pretendía que el poder ejecutivo utilizara el informe,
sostiene la ACLU, el comité renunció al control del documento.
Si Burr lograra que le regresen las copias del informe al
Comité de Inteligencia, dijo Aftergood, poco a poco, podría hacer que fuera irrelevante.
“Entre más tiempo esté enterrado, menos relevante se vuelve”, notó.
Fuente: http://diario.mx/Nyt/2015-11-14_f73ce1d1/en-el-limbo-informe-sobre-prisiones-secretas-de-la-cia/
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