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EEUU a Maher Arar: 7 años de rendición, tortura y negación de justicia

Kenneth J. Theisen
5 noviembre 2009

El 2 de noviembre de 2009, el Tribunal Estadounidense de Apelaciones del Circuito Segundo de New York rechazó, en una decisión de 7-4, la demanda del ciudadano canadiense Maher Arar a varios oficiales estadounidenses por su actuación ilegal al enviarlo a Siria para ser torturado e interrogado por un año. Arar es una víctima más del programa gubernamental estadounidense de secuestros y tortura conocidos como rendición extraordinaria. Ahora también es una víctima de la “justicia americana.”

El tribunal de apelación estableció que Arar no puede utilizar los tribunales para sus reclamos legales contra el gobierno a menos que el poder legislativo apruebe una ley que le permite eso y que, además, explica de forma detallada cómo proceder en un caso tan único como el de Arar y señala los recursos legales disponibles. El tribunal sostuvo que escuchar ese caso sería “ofender la separación de poderes e aniquilar la política extranjera de este país.” Dijo además que no crearía “ningún recurso nuevo para daños que el Congreso no habría aprobado… Incluso investigar estos asuntos conllevaría el riesgo de que otros países llegaran a estar menos deseosos de cooperar con Estados Unidos al compartir recursos de inteligencia para contrarrestar el terrorismo.”

Así el tribunal falló efectivamente que la justicia para el individuo es supeditada a las necesidades del imperialismo estadounidense. Además sostuvo que el gobierno tiene el derecho de decidir quién lo pueda demandar en casos de violación de los derechos del individuo y en que oficiales estadounidenses violan la ley. Irónicamente, el gobierno puede determinar quién y cuándo alguien lo puede demandar. ¿Y eso es justicia?

Arar está representado por el Centro pro Derechos Constitucionales (CCR), el cual ha acudido a la corte repetidamente para desafiar las acciones del gobierno estadounidense en su guerra ilegal de terror. El tribunal de apelación concluyó que el caso de Arar saca a relucir demasiados temas delicados de política exterior y de secretos para permitir cualquier desagravio judicial – en otras palabras expondría los crímenes del gobierno estadounidense a los ojos del mundo. La decisión del tribunal deja libres a los funcionarios federales involucrados en el abuso a Arar de cualquier responsabilidad legal por los crímenes que cometieron.

Maher Arar escribió la siguiente declaración en respuesta a la decisión del tribunal: “Después de siete años de dolor y de lucha dura, mi esperanza era que la corte escuchara mi petición y actuara como un cuerpo independiente del poder ejecutivo.

Desafortunadamente, esta reciente decisión y las decisiones tomadas en otros casos similares demuestran que el sistema judicial de Estados Unidos ha llegado a ser básicamente una herramienta que el poder ejecutivo puede manipular con facilidad a través de alegatos sin fundamento y de sembrar el miedo. En todo caso, esta decisión es una pérdida para todos los estadounidenses y para el imperio de la ley.”

Bajo Obama, el Departamento de Justicia (DOJ) ha acudido a las cortes en repetidas ocasiones con el fin de solapar y defender las acciones del régimen de Bush en la guerra de terror estadounidense. Este caso es simplemente uno de los más recientes de una larga lista de casos de “seguridad nacional” en que la administración Obama ha promovido la trayectoria fascista política que comenzó con Bush.

David Cole, profesor de leyes de la Universidad Georgetown y colaborador del CCR quien argumentó el caso Arar, declaró: “Esta decisión dice que los funcionarios estadounidenses pueden enviar intencionadamente a un hombre para ser torturado en el extranjero, prohibir su acceso a los tribunales al hacerlo, y al final evitar cualquier responsabilidad legal después. Efectivamente la decisión coloca a los funcionarios ejecutivos por encima de la ley, incluso cuando se los acusa de conspirar conscientemente para torturar. Si es que el imperio de la ley significa algo, debe significar que los tribunales pueden escuchar la protesta de un hombre inocente sujeto a una tortura que viola nuestros compromisos constitucionales más básicos.” Pero ahí está el problema – el imperio de la ley no significa nada para el gobierno estadounidense si impide los intereses de los imperialistas estadounidenses. Usan la ley cuando conviene a sus propósitos y la pasan por alto cuando presenta obstáculos.

María LaHood, abogada superior del CCR, dijo: “Con esta decisión, hemos perdido mucho más que el caso de Maher Arar contra la tortura – hemos perdido el imperio de la ley, la nobleza moral, la independencia de nuestro sistema jurídico y nuestro compromiso con la Constitución de los Estados Unidos.”

El caso Arar se escuchó nuevamente ante doce jueces del Segundo Circuito después de la decisión poco común en agosto de 2008 de escucharlo sua sponte, o sea, por decisión propia, incluso antes de que Arar solicitara una segunda audiencia. Esta fue una decisión política para prevenir nuevas revelaciones de crímenes del gobierno estadounidense, pues el caso ya ha sacado a luz más vilezas de las que el gobierno habría deseado que el público supiera jamás.

El Sr. Arar, nacido en Siria pero naturalizado canadiense, fue detenido en el aeropuerto JFK [Nueva York] en septiembre de 2002 mientras transbordaba de avión en ruta a Canadá. El régimen de Bush lo tildó como miembro de Al Qaeda y lo envío contra su voluntad, no a Canadá, su país de residencia y de ciudadanía, sino a las autoridades de inteligencia sirias, muy conocidas por sus métodos de tortura. Fue torturado, interrogado, y detenido en una pequeña celda bajo tierra por casi un año antes de que el gobierno sirio lo dejara libre, declarando que no había encontrado conexión con ninguna organización o actividad criminal o terrorista.

Irónicamente, Siria estaba en la lista de países que el Departamento de Estado estadounidense dice que apoyan al terrorismo y en otra de países que violan los derechos humanos al torturar. Tanto el régimen de Bush como el gobierno de Obama han declarado repetidamente que no envían “sospechosos de terrorismo” a otros países para ser torturados y, además, que reciben una promesa del país que recibe a los sospechosos de que no los torturará. Sin embargo, esa es una más de las muchas mentiras que ambas administraciones han dicho.

En enero 2004, tres meses después de regresar a su casa en Canadá tras su dolorosa experiencia, el CCR entabló una demanda en nombre de Arar contra el entonces secretario de Justicia John Ashcroft y otros funcionarios estadounidenses, el primer caso que desafía la política del gobierno de la “rendición extraordinaria,” conocida también como la “tercerización de la tortura.”

El gobierno canadiense realizó una exhaustiva investigación pública que determinó que el Sr. Arar no tenía conexiones con el terrorismo y, en enero 2007, le pidió disculpas por la actuación de Canadá en su rendición y le pagó una indemnización multimillonaria. Pero en Estados Unidos, tanto el poder ejecutivo como el judicial han bloqueado cualquier investigación del caso y rehúsan responsabilizar a nadie por arruinar la vida de un hombre inocente.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha sido del todo exitoso en evitar que el caso esté bajo la lupa.

El caso de Arar se trató en dos audiencias del Congreso en octubre de 2007. El 18 de octubre de 2007, el Sr. Arar dio testimonio vía video al Comité Mixto de la Cámara de Representantes que se había convocado para discutir su rendición de Estados Unidos a Siria para ser interrogado mediante la tortura. Durante esa audiencia – la primera vez que se le permitió al Sr. Arar dar testimonio ante un organismo del gobierno estadounidense – uno representantes individuales se disculparon públicamente con él, pero el gobierno estadounidense todavía no ha presentado ninguna disculpa formal. La semana siguiente, el 24 de octubre, la secretaria de Estado Condaleezza Rice tuvo que admitir durante una audiencia del Comité de Asuntos Extranjeros que el gobierno estadounidense no manejó bien el caso. Su verdadero lamento es que el caso llegó a la atención pública.

El caso de Arar no es el único caso de rendición extraordinaria visto en los tribunales estadounidenses en los cuales el DOJ de Obama ha acudido a la corte con la intención de suprimir la verdad. La ACLU ha entablado una demanda contra el subsidiario de Boeing, Jeppesen DataPlan Inc., por su actuación en el programa de rendición. Jeppesen contribuyó de una manera critica, al planificar los vuelos y proveer apoyo logístico a los aviones y los tripulantes que la CIA empleaba para hacer desaparecer forzosamente a las personas con el propósito de detenerlas e interrogarlas. En ese caso, el DOJ está argumentando que ver el caso pondrá en peligro la seguridad nacional, al divulgar “secretos de estado.” El caso Jeppesen está en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno.

En abril de este año, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno anuló la desestimación de esta demanda que hizo un tribunal más bajo. El caso de Jeppesen trata de cinco hombres que fueron secuestrados, desaparecidos a la fuerza y transferidos secretamente a prisiones bajo el mando de Estados Unidos o a agencias extranjeras de inteligencia, donde fueron interrogados mediante la tortura. La administración de Obama está apelando esa decisión [que dice efectivamente que el caso puede seguir adelante] y un panel “en “banc” de 11 jueces decidirá sobre la apelación. Irónicamente, uno de los jueces del circuito noveno es Jay Bybee. El juez Bybee tuvo que inhibirse [inhabilitarse] del caso. ¿Por qué? Porque Bybee fue uno de los abogados del DOJ bajo el régimen de Bush que escribió memos legales que justifican la tortura, la rendición y varios crímenes del régimen. Bybee fue el supervisor de John Yoo. Por su participación en esos crímenes, se le nombró a un puesto vitalicio en el tribunal federal

Dice mucho acerca de la justicia estadounidense cuando los jueces deben inhibirse por su complicidad en los meritos crímenes sobre los cuales deben decidir. ¿Hay alguna duda sobre por qué vemos fallos escandalosos como el del caso de Arar?

Los abogados del CCR dicen que es probable que apelen el último veredicto en el caso de Arar. El Mundo No Puede Esperar continuará reportando sobre este y otros casos de “seguridad nacional.”

Para ver más sobre el caso Arar, véase: http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/arar-v.-ashcroft

Para más información acerca del caso de ACLU y Jeppesen, véase: http://www.aclu.org/safefree/torture/29921res20070530.html


 

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