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La Corte Penal Internacional investiga a militares y exfuncionarios estadounidenses
EE.UU. bajo la lupa por sus
crímenes de guerra en Afganistán
La fiscal Fatou Bom Bensouda lleva adelante
la acusación de la Corte con sede en La Haya contra militares y políticos
involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la ocupación.
Gustavo Veiga
Página|12
01 de junio de 2020
Imagen: EFE |
Estados Unidos, el país donde un policía mató al afroamericano George Floyd por sádico placer y racismo
ha quedado expuesto por una mujer negra en sus crímenes contra la humanidad.
No se trata de los delitos que comete su fuerza de seguridad puertas adentro,
como en Minneápolis, Minnesota. Pero sí de aquellos que la fiscal Fatou
Bom Bensouda, una gambiana de 59 años, investiga en Afganistán. La reconocida
jurista lleva la acusación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra
personas físicas– el organismo no juzga a los estados como tales – y
sólo porque militares de EE.UU. quedaron bajo sospecha, sufrió la ira de Donald
Trump y un selecto grupo de sus funcionarios más reaccionarios. A ella
que investiga por igual las violaciones a los derechos humanos de los talibanes
y de la primera potencia mundial, Washington llegó a quitarle la visa para ingresar
al país. A la CPI de la que forma parte, el secretario de Estado Mike
Pompeo la tildó de “institución política irresponsable que se hace pasar por un
cuerpo legal”. No fue el único.
El primero que hizo escuela fue el ultraconservador Jesse Helms el 31 de julio de 1998
(falleció en 2003). El ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado en un artículo que escribió para el Financial Times de
Londres señaló sobre la CPI: “Tenemos que aniquilar ese monstruo,
votar en contra no es suficiente. Los Estados Unidos deben intentar acabar con
ella”. La Corte Penal se creó el 17 de julio del ’98 un par de semanas antes
del exabrupto del congresista por Carolina del Norte. Coautor, entre otras
leyes, de la llamada Helms-Burton que intensificó las condiciones del bloqueo
unilateral de su país contra Cuba.
A Helms le siguió mucho después el ultraderechista John Bolton, asesor en seguridad del gobierno de
EE.UU. hasta que Trump lo despidió en septiembre de 2019. El
ex funcionario reactualizó el tema en 2018 durante un discurso pronunciado en
Washington: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos
uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.
La CPI es un tribunal al que adhieren en la actualidad 123 países que adoptaron el estatuto de Roma
firmado en el ’98, aunque originalmente formaron parte de la Conferencia
Diplomática que la creó unas 160 naciones. Estados Unidos no la
reconoce como instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad
cometidos por personas físicas, pero sí Afganistán, que adhirió a ella el 10 de
febrero de 2003. Las tropas de EE.UU. quedaron en la mira de la fiscal
Bensouda desde el 1° de mayo de ese año y pueden ser juzgadas desde ese día
hasta hoy.
La CPI no es la creación de un grupo reducido de gobiernos hostiles a Washington. Fabián Salvioli, el
abogado argentino y relator especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas,
escribió en un texto académico editado en España que “entre 1989 y 1992, la
Asamblea General de las Naciones Unidas había pedido a la Comisión de Derecho
Internacional que se ocupara de la cuestión del establecimiento de una corte
penal internacional” y que “prepare con carácter prioritario un proyecto de
estatuto de esa corte”.
La fiscal trabaja sobre temas diversos, pero el de Afganistán es el que más irrita a Estados
Unidos porque potencialmente puede llevar ante la Corte con sede en La Haya a
oficiales de sus fuerzas armadas o incluso a ex funcionarios de sus distintos
gobiernos desde 2003 hasta la actualidad. Bensouda obtuvo un apoyo
crucial cuando el 5 de marzo de este año, una de las Cámaras de Apelaciones de
la CPI decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos
en la república islámica que EE.UU. todavía ocupa con unos 13 mil soldados.
El problema para la administración Trump es que le dieron vuelta un fallo del 12 de abril de 2019
en el que se había rechazado una petición de la fiscal de noviembre de 2017
para avanzar con las acusaciones. Perseverante, esta mujer nacida en la pequeña
Gambia del África occidental, apeló aquella sentencia y ahora tiene las manos
libres para seguir con su pesquisa. Inicialmente los crímenes que tiene
en la mira habían afectado a 699 víctimas. Otro dato es que 61 habrían sido
torturadas por las tropas invasoras según la fiscalía. Las represalias
de Washington no demoraron por lo que considera una osadía de Bensouda. Les
revocó el visado a ella y los miembros de la CPI, y lo hará con todo aquel que
encuentre responsable de investigar a militares estadounidenses. Además Pompeo
amenazó con “medidas adicionales, incluidas sanciones económicas si la corte no
cambia su política”.
La omnipotencia del gobierno republicano no intimidó a la fiscalía que en el sumario de acusación
describió: “miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos
cometieron crímenes de guerra, de tortura y trato cruel, atentados contra la
dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual”. El
documento va más allá cuando señala que agentes de la CIA perpetraron similares
delitos en otros países contra 27 personas: Polonia, Rumania y Lituania. Los
tres adhieren al estatuto de Roma y podrían ser tomados como base para nuevos
juicios contra ciudadanos civiles o militares estadounidenses. En la querella
también quedaron involucrados el propio gobierno de Afganistán y los talibanes
acusados de provocarles la muerte a unos 17 mil civiles. Según constató la
fiscalía, estos últimos “han declarado expresamente su política de ataque a
civiles de manera pública en documentos oficiales”.
Pompeo se estrelló con la situación de ver a su país investigado por los crímenes de guerra que suele
cometer en distintas regiones del mundo. Le resulta inverosímil porque según
dijo hace un par de meses “es aún más insensato que este fallo llegue pocos
días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz en
Afganistán, que es la mejor oportunidad para la paz y para una generación”.
Quizás se haya referido a la paz de los cementerios.
gveiga@pagina12.com.ar
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