Dos psicólogos, enjuiciados por las severas tácticas de
interrogatorio que crearon para la CIA
Rick Anderson
Hoy
30 de julio de 2017
Una demanda presentada por exdetenidos en las cárceles clandestinas de la CIA en el
extranjero llegará a la corte en un hecho que marcará el primero en su clase
después de los atentados del 11 de Septiembre, y que tiene como objetivo
responsabilizar a dos psicólogos civiles por desarrollar severas técnicas de
interrogación.
El gobierno y los abogados de los dos psicólogos intentaron detener el juicio, e
incluso el juez federal que entiende en el caso, Justin Quackenbush, urgió a
las partes a considerar un acuerdo. “Si quieren seguir adelante y llevar el
caso ante un jurado, pueden hacerlo”, le dijo el magistrado a los abogados de
los exdetenidos, quienes buscan obtener una compensación económica no especificada
por daños. “Pero les advierto que a los litigantes y la CIA, que ha sido una
parte interesada en la cuestión, les resultaría mejor sentarse y llegar a una
conclusión razonable”, advirtió.
Los querellantes se mostraron impasibles y, el viernes pasado, después de casi tres
horas de argumentos en la última de una serie de audiencias previas al juicio,
Quackenbush decidió que el histórico caso puede llegar al tribunal. La
audiencia se llevó a cabo en Spokane, Washington, con conexión por vía telefónica.
Aunque intentos previos de demandar a la CIA por presuntas torturas no prosperaron
porque el gobierno alegó amenazas a la seguridad nacional, un informe del
Senado publicado parcialmente en 2014 expuso gran parte de la historia y los
duros métodos de interrogatorio, y la CIA accedió a cumplir con la mayoría de
las solicitudes de documentos para este caso.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) inició
el pleito en nombre de Suleiman Abdullah Salim, un pescador tanzano secuestrado
por la CIA en Somalia, en 2003, quien fue presuntamente torturado y liberado
cinco años más tarde, con un documento donde se afirmaba que no representaba
una amenaza para los Estados Unidos.
Otro demandante, Mohammed Ahmed Ben Soud, un libio secuestrado en 2003, fue
torturado en Afganistán, luego devuelto a Libia y detenido allí por las
autoridades luego del derrocamiento del régimen de Kadafi.
La ACLU también representa a la familia afgana de Gul Rahman, quien fue
secuestrado y murió dos semanas después bajo custodia de la CIA, encadenado,
con pañales y víctima de hipotermia. Rahman había sido detenido en una centro
en Afganistán llamado prisión Cobalt, también conocido como “Salt Pit”.
Los acusados, los expsicólogos de la Fuerza Aérea James Mitchell y John “Bruce”
Jessen, fueron contratados por la CIA después del 11 de Septiembre para diseñar
un programa “de técnicas mejoradas de interrogatorio” que obliguen a los
sospechosos de terrorismo a entregar valiosa información de inteligencia.
Sus métodos para la ‘guerra contra el terror’ incluyeron la simulación de
ahogamiento, los golpes, la ‘alimentación’ rectal forzada y experimentos con
luces enceguecedoras e incesante música. El objetivo de todo ello era quebrar
la voluntad de los presos que no se mostraran cooperativos.
Mitchell y Jessen ganaron $81 millones de dólares gracias a una serie de contratos
gubernamentales desde 2003, hasta que Obama finalizó los acuerdos y las
tácticas de tortura, en 2009. El par sostuvo que, debido a que eran proveedores
de servicios, la responsabilidad final de cualquier fracaso pertenecía a su
empleador, en este caso la CIA.
En la corte, los defensores de los psicólogos argumentaron que sus clientes no podían
ser considerados responsables simplemente por hacer “negocios con la CIA en
conformidad con sus contratos”. El pasado viernes, en un último esfuerzo por
lograr la desestimación del caso, los acusados compararon su situación a la de
los fabricantes de la Segunda Guerra Mundial que suministraron gas venenoso a
los nazis y más tarde argumentaron que no eran responsables por el uso que se
había hecho de éste.
Para Dror Ladin, abogado de la ACLU, la comparación fue exagerada y señaló que los
tribunales de Nuremberg de la posguerra consideraron que los contratistas privados
sí habían sido, de hecho, responsables de proporcionar “medios ilegales” para
beneficiarse de crímenes de guerra.
“En el mismo caso que citan Mitchell y Jessen”, remarcó el letrado, “el tribunal militar halló culpable al propietario
de una compañía química que vendió Zyklon B a los nazis, aunque sólo estos
últimos tenían la última palabra acerca de qué prisioneros serían atacados con
la sustancia”.
A menos que surja un acuerdo de último momento, el juicio comenzará el 5 de
septiembre próximo.
Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.
Traducción: Valeria Agis
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