Los derechos humanos en la era Obama
Olga Rodríguez
El
diario
7 de noviembre de 2012
El peso de la 'realpolitik' sigue marcando la agenda de la política
exterior de Estados Unidos
Bajo la administración Obama Estados Unidos ha cometido asesinatos
extrajudiciales, ha bombardeado territorios extranjeros y matado a civiles, ha
vendido armas a dictaduras y gobiernos ilegítimos que las han empleado para
reprimir a la población, ha mantenido abierta la cárcel de Guantánamo, ha
renovado ayudas económicas a Ejércitos represores o ha protegido a agentes de la
CIA acusados de tortura. Pero nada de esto ha acaparado la atención del debate
político durante la campaña electoral.
Existen claras diferencias entre las políticas de Romney y Obama. Pero el
carácter hegemónico de Estados Unidos pesa, hasta el punto de que Obama no ha
sido lo que muchos esperaban de él en materia de derechos humanos.
Tal es así, que el propio ex presidente estadounidense, Jimmy Carter -nada
sospechoso de querer favorecer el triunfo republicano- escribía el pasado mes de
junio un
artículo en The New York Times muy crítico, en el que acusaba al gobierno
actual de violar claramente “al menos diez de los treinta artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluida la prohibición contra el
castigo cruel, inhumano y degradante”.
El presidente estadounidense no ha estado a la altura de las expectativas que
generó en ciertos sectores. A pesar de sus promesas, la cárcel de
Guantánamo sigue abierta, con más de ciento cincuenta presos en
ella, sin cargos y sin derechos a un juicio civil.
El gobierno ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas adoptadas por ex
detenidos, que reclaman un resarcimiento por las violaciones de los derechos
humanos y las torturas a las que fueron sometidos.
Los drones
A pesar de ser premiado con el Nobel de la Paz, Obama se ha erigido como el
presidente de la guerra de los drones, los aviones espías no tripulados con los
que Estados Unidos lanza ataques en Pakistán, Afganistán, Somalia o Yemen.
Desde 2009 hasta la actualidad solo en Pakistán los drones estadounidenses
han matado a al menos 1.488 personas. Según diversas fuentes, como la New American Foundation, al menos 155 de
esas víctimas eran civiles. 50 murieron mientras socorrían a otras víctimas, y
más de 20 fueron atacadas en ataques deliberados de drones en plenos entierros o
funerales.
Es el propio Obama en persona quien tiene la última palabra para decidir si
se lleva a cabo o no un ataque con aviones espías no tripulados en el que exista
riesgo de poner en peligro a población civil. En realidad Washington define como
militante, es decir, como objetivo legítimo, a cualquier hombre en edad militar
que se encuentre en una zona atacada por drones.
Como recientemente denunciaba un relator de Naciones Unidas, a través del
programa de drones estadounidenses se han podido cometer crímenes de guerra que
deben ser investigados y denunciados.
El relator
especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha
advertido de que el programa de drones de Estados Unidos pone en peligro la ley
internacional y podría animar a otros países a impulsar tácticas semejantes.
Si hay vía libre para que Washington bombardee territorios ajenos, ¿con qué
legitimidad se le podría exigir el día de mañana a Irán, por ejemplo, que no
bombardeara puntos específicos de un país extranjero determinado?
No hace falta explicar las consecuencias que esta estrategia militar tiene en
las poblaciones castigadas: un reciente estudio de las
Universidades NYU y Stanford denunciaba el trauma psicológico que tales
operaciones provocan en niños y adultos.
“Los drones atacan viviendas, vehículos y espacios públicos sin advertencias
previas. Su presencia aterroriza a hombres, mujeres y niños, provocando un claro
aumento de casos de ansiedad y traumas psicológicos entre los civiles”, indica
el informe. Y añade:
“Las pruebas sugieren que los ataques estadounidenses han facilitado el
reclutamiento de militantes en grupos armados violentos, y han motivado ataques
más violentos”.
“Llegamos, vimos y él murió”
Obama quiso pasar por Libia de puntillas, pero la cosa se le complicó.
Estados Unidos y sus aliados optaron por mantener la operación militar en
Libia a pesar de que la resolución de Naciones Unidas que
aprobó la intervención establecía como único objetivo proteger a la población
civil.
Se abrió de ese modo el camino a una injerencia extranjera que actuó en favor
de un bando, algo no estipulado por la ONU, y en la que la OTAN perpetró varios
ataques a civiles y mató a tres hijos de Gadafi.
En realidad la operación no terminó hasta que no se dio muerte a
Gadafi. Ante su asesinato extrajudicial, la Secretaria de
Estado Hillary Clinton manifestó lo siguiente: “Fuimos, vimos y él murió”, y
estalló en una carcajada.
Bin
Laden era otro de los objetivos de Washington y Obama decidió liquidarlo al
margen de la ley internacional. Que el terrorista más buscado del mundo
estuviera desarmado no evitó que el equipo de operaciones especiales
estadounidense le disparase para darle muerte. Con él murieron uno de sus hijos
y tres personas más.
También en Yemen
Estados Unidos lleva a cabo una intensa campaña de ataques, presuntamente contra
grupos anti gubernamentales, en los que han muerto civiles.
Venta de armas a gobiernos represores
Con la administración Obama Estados Unidos ha marcado un
nuevo récord en exportación de armas. En 2011 se triplicó la cifra de las
ventas de armamento estadounidense, que alcanzó los 66.300 millones de dólares,
21.400 millones más que el año anterior. El 77,7% de las
ventas mundiales de armas fueron realizadas por la administración
estadounidense.
Entre sus grandes compradores hay gobiernos represores, como la monarquía
absolutista de Arabia Saudí, primer productor de petróleo mundial y por tanto
uno de los grandes aliados de Washington en Oriente Medio.
En 2011 la Casa Blanca aprobó el envío de armas a Arabia Saudí por un valor
de 33.400
millones de dólares. Dicho acuerdo se produjo después de que el Ejército
saudí hubiera reprimido con brutalidad las manifestaciones en demanda de
libertad tanto en territorio saudí como en el vecino Bahrein, mientras
Washington miraba hacia otro lado.
Y, aunque Estados Unidos dice promover el embargo de armas a Siria, dicha
venta de material militar a Arabia Saudí se gestó cuando ya se sabía que los
saudíes estaban proporcionando armamento
a los rebeldes sirios.
Existe además un acuerdo que prevé la exportación de armas estadounidenses a
Arabia Saudí en un plazo de quince años por un total de 60.000 millones de
dólares, lo que constituiría la venta de armas individual más grande de la
historia.
Washington ha vuelto a vender armas también a Bahrein, donde
el gobierno sigue atacando y encarcelando a manifestantes que piden democracia,
o a Egipto, donde el Ejército lo ha empleado para atacar a
manifestantes con demandas democráticas. Eso no ha impedido que Estados Unidos
haya vuelto a renovar su ayuda anual de 1.300
millones de dólares al Ejército egipcio.
Otros países que violan los derechos humanos y la ley internacional a los que
Washington ha transferido armamento son Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
Kuwait u Honduras, tal y como han advertido diversas organizaciones
internacionales defensoras de los derechos humanos.
Tales denuncias han caído una y otra vez en saco roto. Como ocurriera con
gobiernos estadounidenses anteriores, la 'realpolitik' pesa más que los derechos
humanos en la política internacional de la administración Obama.
La lista de la muerte de Obama y otras disposiciones
El diario The New York Times desveló este año la presunta vinculación del
presidente Obama a lo que llaman la “lista
de la muerte” o “kill list”, un conjunto de nombres de presuntos terroristas
buscados por la Casa Blanca. Dicha lista, a través de la llamada “disposición
matrix”, incluye los recursos que se necesitarían para localizar, capturar e
incluso matar a los sospechosos.
Durante la administración Obama también se ha aprobado una ley que permite al
presidente ordenar la detención de una persona de forma indefinida por ser
sospechosa de pertenecer a organizaciones terroristas o “fuerzas asociadas”, un
concepto vago y demasiado amplio que podría dar rienda suelta a los abusos y a
la violación de la presunción de inocencia y de la libertad de expresión. Por el
momento un juez federal ha bloqueado dicha ley.
Además, con la administración Obama se acaba de conceder inmunidad
formal a la CIA en dos casos de homicidio en dos cárceles secretas. Las víctimas
murieron a causa de la tortura.
Las estructuras de poder obstaculizan también los derechos de habeas corpus
de los seis mil prisioneros de la cárcel secreta de Bagram que estuvo bajo mando
estadounidense, así como los derechos de los torturados en Guántamo y de las
personas secuestradas
y trasladadas por aviones de la CIA a cárceles extranjeras, para ser
interrogadas, a veces con violencia (el llamado rendition program).
Como indicaba Adam Serwer en un artículo en Mother Jones, “puedes torturar a un
detenido bajo tu custodia hasta la muerte y salir impune. Simplemente no puedes
hablar de ello”.
Dicho en palabras del ex presidente demócrata Jimmy Carter, “la violación de
los derechos humanos internacionales por parte de Estados Unidos ayuda a
nuestros enemigos y aleja a nuestros amigos”.
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