Denuncian abusos en las redadas
Comisión que evalúa función del ICE emite recomendaciones al gobierno de
Obama
Las manifestaciones contra operativos de las autoridades migratorias, como
esta protesta en enero en Los Ángeles, se multiplican. [Foto: Aurelia Ventura/La
Opinión] |
Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com
Discriminación racial, burlas, abuso de autoridad, separación familiar y una
larga lista de violaciones a los derechos humanos, son algunas de las
consecuencias de las redadas en los sitios de trabajo, reportadas hoy por una
comisión nacional encargada de evaluar la conducta de la Oficina de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE) durante estas detenciones.
El grupo, conformado por ex funcionarios de gobierno, líderes sindicales,
académicos y expertos en materia de inmigración, documentó durante un año las
redadas "de tipo militar" implementadas durante la administración de George W.
Bush, incluyendo audiencias regionales, entrevistas a las víctimas de las
detenciones y una evaluación cercana de la manera de operar durante las redadas,
así como las consecuencias de éstas en las familias y las comunidades.
"Yo sabía de las acciones y los abusos realizados durante las redadas, pero
cuando viajamos por todo el país, quedé sorprendido por el nivel de abuso sobre
los trabajadores", comentó Bill Ong, profesor de estudios asiático-americanos en
la Universidad de California Davis e integrante de la comisión.
"Es terrible ver y escuchar a los individuos que han sido víctimas de una
redada; los agentes usan armas en su contra y no llevan órdenes de arresto
individuales; no les proporcionan medicinas y se burlan de la gente",
agregó.
El reporte enfatiza las consecuencias para las familias y las comunidades de
los detenidos. En poblaciones pequeñas que han sido sede de empresas donde se ha
detenido a centenares de personas en redadas, señalan los integrantes de la
comisión, "se ha retrocedido lo avanzado en la confianza construida durante años
por las autoridades locales y estatales con las comunidades que ahí viven".
Entre las estrategias sugeridas por la comisión a la administración del
presidente Barack Obama, se enfatiza la importancia de enfocar los esfuerzos de
la aplicación de la ley en los empleadores que abusan del sistema de inmigración
a fin de explotar a los trabajadores indocumentados, para lo cual resulta
fundamental la coordinación con el Departamento del Trabajo (DOL).
En caso de requerirse que las autoridades migratorias detengan trabajadores
en sus centros de trabajo, esto debe ocurrir sólo si existe una orden de
aprehensión específica en contra del empleado.
El arresto, sugiere el reporte, debe realizarse interrumpiendo lo menos
posible las actividades del centro de trabajo, sin que sea necesario que los
agentes se presenten en los hogares, vecindarios u otros establecimientos, en
grupos numerosos y completamente armados, como lo han hecho hasta ahora, según
testimonios recogidos durante la investigación de la comisión.
Otras sugerencias son la creación de un ombudsman que vigile el trabajo de
los agentes de ICE para prevenir procedimientos abusivos; el cese de los
acuerdos 287(g) que permite la colaboración de las policías locales en arrestos
vinculados con inmigración; proporcionar servicios de defensa legal, traducción
e interpretación a los detenidos, además de enfatizar la importancia de buscar
una reforma a las leyes de inmigración y propiciar la reunificación
familiar.
Entre las redadas que se han caracterizado por las denuncias de violación a
los derechos humanos de los detenidos y abuso de poder en los últimos años se
encuentra la de los trabajadores de la fábrica Microsolutions, en la ciudad de
Van Nuys, que tuvo lugar el 7 de febrero de 2008.
"Nos gritaron que nos pusiéramos de un lado los que tenían papeles y del otro
los que no; nos amenazaban con meternos a la cárcel o deportarnos si no
respondíamos y todas las declaraciones las sacaron bajo presión". recuerda
Ulises, joven trabajador que fue arrestado en esa ocasión. "Nos tuvieron un buen
rato sin darnos de comer, nos ponían el aire acondicionado en la noche, cuando
hacía frío".
Ulises relata cómo por lo menos un ciento de agentes, la mitad de ellos
armados, rodeó las instalaciones de la fábrica e impidió que los trabajadores
salieran. El grupo buscaba específicamente a ocho trabajadores, la mayoría de
los cuales no se encontraba en el lugar; sin embargo, arrestaron a 138. La
mayoría de ellos enfrenta procesos en la corte de inmigración.
Gloria Saucedo, presidenta de Hermandad Mexicana Trasnacional, asegura que en
todos los casos de detenidos en redadas que atiende esta deportación, siempre
hay un factor común: el miedo.
"Los agentes llegan provocando terror y sorpresa, utilizan estos elementos
para hacer su trabajo, aunque no sea esa realmente la función para la cual el
Congreso ha asignado los recursos destinados al ICE, sino para preservar la
seguridad del país", comenta. "Lo que hacen es aterrorizar a familias
trabajadoras, a la gente más débil; en vez de agarrar a un león, agarran a quien
no tiene garras para defenderse".
Joseph T. Hansen, presidente de la comisión nacional, y presidente del
Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales y de los Alimentos (UFCW),
señaló que los costos de las deficiencias en la operación de ICE no son sólo
morales o legales, sino también económicos: cada individuo arrestado cuesta al
sistema cerca de 13 mil dólares. El presupuesto de ICE ha aumentado, de 3,700
millones de dólares en 2004, a 6,000 millones en 2009.
Por su parte, Mary Bauer, directora del Proyecto de Justicia Inmigrante del
Southern Poverty Law Center, recordó que los resultados de esta inversión no son
tangibles. "Ésta no es la respuesta; se ha detenido a algunas miles de personas,
pero no se va a solucionar el problema de 12 millones [de inmigrantes
indocumentados]. Lo que necesitamos es una reforma migratoria integral",
subrayó.
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