DDHH-EEUU: Decepción por protección de Obama a torturadores
William Fisher
IPS
17 de abril de 2009
NUEVA YORK - Defensores de los derechos humanos expresaron su decepción
por la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de darles
inmunidad a los agentes de la CIA involucrados en torturas a sospechosos de
terrorismo, confirmadas por cuatro memorandos divulgados por el Departamento de
Justicia.
Los documentos, elaborados por la Oficina de Asesoramiento Legal (OLC, por
sus siglas en inglés) de ese Departamento, proveyeron el marco jurídico para que
la CIA (Agencia Central de Inteligencia) usara métodos como el "waterboarding"
(una de las variantes del "submarino" o simulación de ahogamiento) y otros
procedimientos de interrogatorio que violan leyes nacionales e internacionales
contra la tortura.
Estas prácticas fueron avaladas por el gobierno de George W. Bush
(2001-2009).
Los textos fueron presentados ante el juez Alvin Hellerstein, designado
durante la administración de Bill Clinton (1993-2001) en la Corte de Distrito de
Nueva York, en respuesta a una demanda presentada por la Unión para las
Libertades Civiles de Estados Unidos (Aclu) citando la Ley de Libertad de
Información.
El tribunal le había dado plazo al gobierno para que entregara el jueves los
memorandos, elaborados por Jay Bybee y Steven Bradbury, entonces los principales
abogados en la OLC, o que al menos explicara por qué aún no habían sido
divulgados al público.
Para sorpresa de muchos observadores, el Departamento de Justicia optó por
entregar los documentos en tiempo.
La OLC provee asesoramiento legal al presidente y a todas las agencias de la
rama ejecutiva. Redacta opiniones legales del fiscal general y también brinda
sus propias opiniones escritas y consejos orales en respuestas a cualquier
pedido del gobierno.
La ACLU pidió al Departamento de Justicia que designara un fiscal
independiente para investigar las torturas durante la administración de
Bush.
Tres de los memorandos divulgados el jueves fueron escritos en 2005 por
Bradbury. El cuarto fue redactado en agosto de 2002 por Bybee, quien era el
director de la oficina. Ahora es juez federal, designado por Bush.
"Los memorandos escritos por la OLC, incluyendo los divulgados hoy (por el
jueves), proveyeron los fundamentos para el programa de torturas de la
administración de Bush", dijo el director del Proyecto de Seguridad Nacional de
la ACLU, Jameel Jaffer.
"A través de estos memorandos, los abogados del Departamento de Justicia
autorizaron a los interrogadores usar los métodos más bárbaros, incluyendo los
que una vez Estados Unidos juzgó como crímenes de guerra. Los memorandos están
basados en un razonamiento jurídico falaz, y al final de cuenta no son para nada
legales. Son simplemente instrumentos destinados a proveer una fachada para
crímenes de guerra", sostuvo Jaffer.
"Si bien estos memorandos nunca debieron haber sido escritos, celebramos su
divulgación. La transparencia es el primer paso hacia la responsabilidad",
afirmó.
Desde 2003, la ACLU ha presentado varias demandas apelando a la Ley de
Libertad de Información y exigiendo la divulgación de documentos del gobierno
sobre torturas, detenciones, vigilancias y "entregas extraordinarias", mecanismo
empleado por Washington para capturar a sospechosos de terrorismo y
transferirlos, sin pasar por los tribunales, a terceros países en los que por lo
general son torturados, según activistas.
Las demandas de ACLU han permitido la divulgación de miles de registros.
Pese a que Obama, poco después de asumir, prohibió las torturas a los
detenidos en la "guerra contra el terrorismo" como el submarino, la privación
del sueño, el encierro del prisionero en una habitación pequeña llena de
insectos, los golpes en el rostro y abdomen, y mantener al detenido desnudo, el
jueves anunció que los agentes de la CIA involucrados no serían procesados.
El mandatario arguyó que estos desempeñaron sus tareas de buena fe bajo el
marco legal avalado entonces por la OLC.
El independiente Centro para Derechos Constitucionales, uno de los grupos
cuyos abogados han asistido a los presos en la cárcel de la base militar
estadounidense de Guantánamo, Cuba, respondió rápidamente al anuncio
presidencial.
"Es una de las más grandes decepciones de esta administración, que parece
indispuesta a asumir la ley cuando se han cometido crímenes por ex
funcionarios", señaló la organización.
"Se les garantice o no inmunidad a los funcionarios de la CIA que realizaron
los submarinos, son los altos niveles que concibieron, justificaron y ordenaron
el programa de torturas quienes tienen la mayor responsabilidad por violar el
derecho nacional e internacional, y los que deben ser juzgados", señaló el
Centro.
"En la declaración del presidente, la contradicción más perturbadora es el
contraste entre las palabras: ‘Es tiempo para la reflexión, no la retribución’
con: ‘Estados Unidos es una nación de leyes’. Funcionarios de gobierno rompieron
varias leyes importantes. Que no haya consecuencias de eso no sólo pone en duda
todo nuestro sistema, sino que deja la puerta abierta a que ocurra otra vez",
añadió.
Tim Hancock, de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno "parece
haberle ofrecido un pase libre de la cárcel a las personas involucradas en la
tortura".
No obstante, Alez Abdo, abogado del Programa de Seguridad Nacional de ACLU,
destacó que "Obama dejó la puerta abierta a un juicio a quienes elaboraron los
memorandos". "Esperamos que nombre a un fiscal especial" para asumir ese
proceso, afirmó.
Por su parte, Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales,
sostuvo que el mandatario "tomó su decisión como si fuera un jurado, un juez o
un fiscal". "No es quién para tomar la decisión", afirmó.
"Se rompieron leyes y se cometieron delitos. Si realmente somos una nación de
leyes, como él dice, se debe designar un fiscal y las decisiones sobre los que
estuvieron involucrados en el programa de torturas deben tomarse en un
tribunal", sostuvo.
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