Cuestionan ley de Obama facilita que militares
detengan a civiles en EEUU
Personas protestan contra la ley que facilita el arresto indefinido de
personas, en Nueva York, EEUU. AFP/Archivo. |
Abogados de demandantes y del gobierno hicieron oír sus argumentos ante un
tribunal
AFP
6 de febrero de 2013
NUEVA YORK. Activistas, intelectuales y periodistas volvieron a la carga ayer
en la justicia estadounidense contra una ley de la administración Obama que
viola a su entender la Constitución al permitir la detención indefinida de
civiles por parte de militares en el país.
Abogados de demandantes y del gobierno hicieron oír sus argumentos ante un
tribunal de apelaciones de la justicia federal de Manhattan, que debe
pronunciarse sobre una cuestionada sección del Acta de Autorización de Defensa
Nacional (NDAA, según sus siglas en inglés) de 2012.
La demanda fue lanzada a principios del año pasado por el periodista Chris
Hedges, al que se sumaron luego figuras como el intelectual y activista político
Noam Chomsky y el exanalista militar Dan Ellsberg, conocido por haber filtrado a
la prensa en 1971 los "Papeles del Pentágono" sobre la implicación de Estados
Unidos en la guerra de Vietnam.
La polémica cláusula ya fue considerada ilegal por la jueza Katherine Forrest
en septiembre pasado, pero el Departamento de Justicia estadounidense recurrió
el fallo y logró que el tribunal de apelaciones suspendiera su aplicación hasta
que se pronuncie de manera definitiva.
La "sección 1021(b)(2)" de la NDAA afirma que el presidente Barack Obama
"tiene autoridad para detener a personas que eran parte o apoyaron de manera
sustancial a fuerzas de los talibanes o Al Qaida o fuerzas asociadas que están
involucradas en hostilidades contra Estados Unidos o sus aliados".
Además, incluye a "cualquier persona que ha cometido un acto beligerante o ha
directamente apoyado hostilidades, ayudando a esas fuerzas enemigas". Según la
querella, la legislación amplía la capacidad del gobierno de mantener a una
persona detenida en manos de militares por tiempo indefinido sin cargos y y sin
acceso a un abogado.
También abre la puerta al arresto de periodistas y corresponsales de guerra a
partir de su vínculo con presuntos terroristas en el marco de su trabajo de
cobertura de un conflicto.
"Esta ley amplía cualquier poder preexistente de los militares para detener
gente en este país. Si el poder la utiliza, significa que estadounidenses pueden
ser objeto de detención militar en caso de que el gobierno piense que van
demasiado lejos en su apoyo a causas impopulares vinculadas por Oriente Medio o
terroristas", dijo uno de los abogados de la demanda, Bruce Afran.
"Este caso es acerca de garantizar que no nos convertiremos en una sociedad
dominada por los militares. Es una erosión de principios legales básicos",
agregó en una conferencia de prensa posterior, señalando que no habría un fallo
al respecto hasta dentro de "varios meses".
Durante la audiencia del miércoles, los abogados del gobierno insistieron en
que la NDAA no es una nueva ley sino una recodificación de una antigua
legislación aprobada tras el 11 de septiembre del 2011 para detener a quienes
planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron en los ataques terroristas que
dejaron unos 3,000 muertos en Nueva York y Washington.
La protesta
Unos dos centenares de activistas se dieron cita en los tribunales, obligando
a abrir una sala adicional para que siguieran los debates a través de
altoparlantes. Mientras, en la calle, militantes marcharon portando pancartas
denunciando que la ley significa la "destrucción de la primera enmienda" de la
Constitución de Estados Unidos, que garantiza, entre otros derechos, la libertad
de expresión.
La Primera Enmienda
La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es parte de la
Carta de Derechos de EU. Prohíbe que el legislador promulgue ley con respecto a
la adopción de una religión o promulgue ley alguna que prohíba la libertad de
culto, de expresión, de prensa, de reunión, o de petición. Aunque la Primera
Enmienda protege estos derechos básicos a la libertad al prohibir la sanción de
nuevas leyes introducidas por el Congreso, los tribunales han interpretado que
la enmienda se aplica a una mayor cantidad de actores políticos.
Por ejemplo, la primera oración reserva todos los poderes legislativos al
Congreso, pero los tribunales han fallado que la Primera Enmienda incluye al
poder ejecutivo y el judicial. Por otro lado, en el siglo XX, la Corte Suprema
ha fallado que la Cláusula de Debido Proceso en la Decimocuarta Enmienda corrige
las Limitaciones de la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU, haciendo
que la prohibición de elaborar leyes que coarten la libertad de las personas
alcance también a los estados que conforman el país.
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