Crimen y castigo
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Max J. Castro
majcastro@gmail.com
30 de abril de
2009
Es la hora de la verdad y la justicia. Un país de leyes no puede permitir que
un crimen horrible como la tortura escape al castigo. Una sola instancia de
tortura sería demasiado. Ahora, gracias a memorandos del Departamento de
Justicia recientemente desclasificados, sabemos que no hubo una, dos o tres
aplicaciones de tortura. Hubo cientos de ellas.
Solamente el submarino (ahogo simulado), una técnica de tortura con una larga
y lamentable historia que data de la Inquisición española, fue practicada un
total de 266 veces contra dos detenidos. A uno de ellos se le aplicó 183 veces
en un mes, un promedio de seis veces al día. A un tercer detenido le aplicaron
el submarino un número desconocido de veces. Y hubo muchas otras técnicas, desde
chocar la cabeza contra un muro a posiciones forzadas dolorosas y privación del
sueño durante días que fueron practicadas en combinación contra un número
desconocido de detenidos.
Los defensores de tales prácticas --el más conocido Dick Cheney-- argumentan
que produjeron inteligencia muy valiosa. Desde el punto de vista legal y moral,
el argumento es irrelevante. Pero en realidad, si estas prácticas fueron tan
eficaces, ¿cómo es que tuvieron que ser repetidas decenas de veces? El grueso de
la evidencia es que la tortura no solo es ilegal, sino también ineficaz.
Las prácticas que han salido a la luz son ilegales según las leyes
internacionales y las norteamericanas, independientemente de los memorandos
cocinados por los adláteres legales de Bush. Ahora, gracias a numerosas
investigaciones, incluyendo un informe recientemente filtrado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (disponible en el sitio Web de The New York
Review of Books,) nos hemos enterado de numerosas cosas que se hicieron y
quiénes las autorizaron. Pero aún no tenemos todas las piezas del rompecabezas.
Más aún, nos falta aún determinar la responsabilidad e imponer el castigo
apropiado por la ilegalidad.
No se trata de venganza, sino de simple justicia. Al menos necesitamos una
investigación criminal por parte de un fiscal independiente y una indagación por
parte del Congreso. El Presidente Obama ha hecho un gran servicio al dar a la
publicidad los memos y al prohibir los interrogatorios ilegales. Miembros de la
anterior administración y los medios de derecha lo están atacando por haberlo
hecho. Están preparados para culpar a Obama si hubiera otro ataque contra
Estados Unidos. Y dados los enormes problemas a que se enfrenta el país, es
comprensible que él quiera avanzar en vez de abrir una Caja de Pandora. Pero el
respeto a la ley y a la Constitución está por encima de la conveniencia política
y exige responsabilidad.
La impunidad invita a la repetición, y solo la verdad y la justicia pueden
limpiar la reputación de Estados Unidos y garantizar que nunca suceda otra vez.
La impunidad fue la divisa de la administración Bush. Obama no puede darse el
lujo de seguir esos pasos. Hasta ahora, las declaraciones del presidente y sus
ayudantes parecen implicar que no se hará responsable a nadie de lo que el ex
Vicepresidente Dick Cheney llamó eufemísticamente “el programa”. Dejar que los
torturadores y sus jefes salgan indemnes establecería un terrible precedente que
en el futuro pudiera perseguir a este país durante décadas.
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