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Liberan a un médico que robó bebés durante la dictadura
Corte Suprema de Argentina reactiva ley que reduce penas
a torturadores
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La
Jornada
Sábado 6 de mayo de 2017, p. 20
Buenos Aires.
El ex mayor médico del ejército Norberto Bianco, quien atendía los partos de detenidas en
Campo de Mayo durante la pasada dictadura y fue condenado a 14 años de cárcel
por el robo sistemático de bebés nacidos en cautiverio, fue puesto en libertad
ayer, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decidió aplicar
la Ley del 2x1 (derogada en 2001) para reducir las penas a los condenados por
ilícitos de lesa humanidad, mientras otros magistrados decidieron enfrentar a
la Corte.
El tribunal oral número cinco rechazó el beneficio del 2x1 para reducir la condena en el recurso
presentado por el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, sentenciado por
entregar a una familia a un niño nacido en cautiverio y robado a sus padres
desaparecidos durante la pasada dictadura. Había interpuesto el recurso sólo 48
horas después del fallo de la CSJ, que posibilitó la excarcelación de numerosos
responsables de delitos de lesa humanidad.
Giribone entregó al niño –ahora el nieto 101– Pablo Javier Gaona Miranda, recuperado por Abuelas
de Plaza de Mayo.
Ante el pedido de otro represor que solicitó el beneficio, el apropiador de niños Víctor Gallo,
condenado a 15 años de prisión en 2012, la fiscal de la Unidad de Asistencia
para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Ángeles Ramos, solicitó
ante el tribunal oral federal 6 la declaración de inconstitucionalidad del fallo de la CSJ, que resolvió extender
los beneficios de la Ley del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Organismos de derechos humanos y sectores políticos atribuyen eso a una acción del gobierno
del presidente Mauricio Macri, quien ya había enviado señales de que
propiciaría ese fallo, al contar con dos jueces nuevos en la Corte, a quienes
nombró por decreto poco después de asumir el poder, en diciembre de 2015.
Ramos advirtió: “El Estado terrorista avasalló los derechos
fundamentales suprimiendo para ello las normas básicas de convivencia
democrática y que el Ministerio Público rechazara los pedidos de excarcelación de los
genocidas, considerando que si Gallo no cumpliera su condena estaría
comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino.”
En Mendoza, el tribunal oral federal 2 rechazó un pedido similar realizado por el ex comisario
Norberto Mercado, en prisión preventiva desde 2012 por la desaparición de 14
personas. No puede obviarse que la pretensión de la defensa está desprovista de un
mínimo de razones sobre la pertinencia del instituto que reclama, señalaron los
jueces.
De hecho, la CSJ tomó su decisión con base en el caso del represor Luis Muiña, quien actuó en
secuestros, torturas y desapariciones en el hospital Posadas, tomado por militares,
quienes convirtieron la casa donde vivía el director en un centro de torturas.
El testimonio de una de sus víctimas, la enfermera Gladys Cuervo, en televisión y otros medios,
produjo una verdadera conmoción aquí, al relatar las torturas a que fue sometida.
“El fallo de la Corte Suprema me dejó anonada,” dijo Gladys. Sostuvo que se trata de un indulto
encubierto y “un golpe terrible para la democracia y la humanidad, pero además
abre la puerta para que 752 represores pidan lo mismo que Muiña. Yo no quiero
encontrarme con El Tigre Acosta, (Alfredo) Astiz, con (Jorge) Radice. Sería horrible”, sostuvo en
referencia a ese grupo de tareas, el más brutal que actuó en la Escuela de
Mecánica de la Armada (Esma).
Lo mismo que Ricardo Miguel Cavallo, quien fue miembro del Grupo de Tareas 33.2 de la Esma
como los anteriormente mencionados, quien trabajaba con total impunidad como
director del Registro Nacional de Vehículos en México, donde fue descubierto y
detenido en 2000 por solicitud del entonces juez Baltasar Garzón en España,
adonde fue extraditado ya con los juicios abiertos en Argentina. El 26 de octubre
de 2011, Cavallo fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta,
sentencia que se confirmó en 2014.
El solo hecho de que todos pudieran salir en libertad resulta desesperante,
abrumador y peligroso para sus víctimas, revictimizadas por este fallo, denuncian organismos de
derechos humanos.
“Algunos se preguntan cómo resistirán ese golpe las Madres y Abuelas, así como los
militantes de los derechos humanos. Aguantarán como lo hicieron cuando se
consagró la impunidad y no dejaron de luchar un solo día para revertirla,” dice
un comunicado de Memoria, Verdad y Justicia. El próximo 18 de mayo los
organismos habrá una manifestación contra ese fallo y en contra de la
impunidad.
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