La controversia sobre la tortura
30 de abril de 2009
© los angeles times
cc
traducción mQh
Diferentes aproximaciones de los dos hombres en el centro de la
controversia sobre los ‘memorandos de las torturas.'
[Carol J. Williams] Mientras aumentan los llamados a tomar sanciones
contra los abogados del gobierno de Bush que escribieron los llamados memorandos
de las torturas, uno de ellos defendió vehementemente su justificación
legal para utilizar técnicas de interrogatorio violentas, y el otro guardó
silencio en una posición cuidadosamente preparada.
El profesor de derecho John C. Yoo se defendió de las acusaciones de que
torció el sentido de la ley para aprobar violaciones de tratados internacionales
contra la tortura. En contraste, su ex jefe en la Oficina de Asesoría Jurídica
del ministerio de Justicia, Jay S. Bybee, permaneció en su oficina en el
tribunal de Las Vegas donde ejerce su nombramiento vitalicio como juez de una
corte de apelaciones federal.
Bybee era fiscal general asistente en los frenéticos meses después de los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Desde que fuera nombrado por
el presidente Bush a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito hace seis años,
ha hecho gala de discreción, negándose a hablar sobre su rol en la definición de
cómo debía el gobierno tratar a los acusados de terrorismo.
La aproximación de Bybee contraste agudamente con la de Yoo, que es ahora
catedrático en derecho penal en la Universidad de California en Berkeley y
fuerte defensor de los métodos del gobierno de Bush.
De los cuatro extensos memorandos liberados por la Casa Blanca la semana
pasada, uno de los escritos por Bybee, 55, fue el más polémico.
Algunos críticos del gobierno de Bush dicen que Yoo ha recibido una parte
desproporcionada de la condena pública por los memorandos. "Es importante no
concentrarse demasiado en el profesor Yoo como chivo expiatorio. Era un
subordinado del juez Bybee", dijo Katherine Darmer, profesora en la Facultad de
Leyes de la Universidad Chapman, donde Yoo es este semestre profesor visitante.
"Jay Bybee no ha sido llamado a rendir cuentas por su crucial papel en estos
memorandos".
¿Valía la Pena
El martes en un acalorado foro en la facultad del condado de Ornage, Yoo, que
fue el autor de gran parte de los argumentos jurídicos para el uso del submarino
y otras técnicas ilegales de interrogatorio, defendió sus recomendaciones como
correctas y necesarias para proteger al país.
"Tres mil conciudadanos habían sido asesinados en un ataque premeditado por
un enemigo extranjero", dijo Yoo, impertérrito entre gritos de que era un
criminal de guerra y debía estar en la cárcel, ante un atiborrado auditorio en
el campus del condado de Orange. "Eso nos obligó en el gobierno a tener que
considerar métodos para recabar información utilizando las prerrogativas
presidenciales constitucionales para proteger al país de otros ataques".
En una guerra con un enemigo sin estado en la que no se respetan las leyes
internacionales, obtener información de los combatientes capturados es vital,
dijo Yoo, afirmando que el cincuenta por ciento de los datos de inteligencia
obtenidos sobre al Qaeda provenían de esos interrogatorios.
"¿Valía la pena?", preguntó, ignorando los reproches. "En los últimos siete
años no hemos tenido ningún atentado".
La aparente confianza de Yoo en el foro, donde los manifestantes llevaban
pancartas exigiendo su enjuiciamiento, coincidió con las demandas de algunos
juristas y activistas de derechos humanos de que Bybee renuncie a la corte
federal y sean ambos investigados por un tribunal.
Investigación Independiente
La defensa de Yoo de las recomendaciones legales que dio a Bush -de que el
compromiso de Estados Unidos con las leyes y tratados que prohíben la tortura no
se aplicaba a los sospechosos de terrorismo- fue respaldada por John C. Eastman,
decano de la facultad de derecho de Chapman. La sugerencia del presidente Obama
de abrir una investigación independiente -en la que se garantizaría la inmunidad
a los que declararan la verdad bajo juramento- fue rechazada por Eastman como
innecesaria y porque provocaría probablemente una caza de brujas.
Otros juristas de ambos lados del espectro político, sin embargo, respaldaron
la idea de una investigación no judicial que arroje luz sobre las políticas
adoptadas por el gobierno de Bush y las recomendaciones legales que recibió.
La impugnación de Bybee, que han exigido algunos de sus críticos, sería "fea
y distraería", dijo Douglas Kmiec, profesor de derecho de la Universidad
Pepperdine, que fue director de la Oficina de Asesoría Jurídica de los gobiernos
de los presidentes Reagan y George H.W. Bush.
"Es mejor formar una comisión de ciudadanos que inicien una investigación al
estilo de Nuremberg, pero sin prejuicios predeterminados a favor sea de la
inhabilitación de sus cargos ni del enjuiciamiento criminal [de los acusados]",
dijo Kmiec.
Yoo, 41, aludió a su propia incómoda situación en la universidad liberal
donde tiene su cátedra, agradeciendo a la administración de Chapman por darle la
oportunidad de escapar de "la jurisdicción de la República Popular de
Berkeley".
Yoo desechó los argumentos legales de dos profesores de derecho de Chapman,
Darmer y Lawrence Rosenthal, diciendo que "ellos excluirían toda forma de
interrogatorio coercitivo sin importar de quién se trate -incluyendo a Osama bin
Laden".
Darmer señaló que el gobierno estadounidense definió el submarino -una
práctica que simula la asfixia por agua- como tortura y procesó a los que habían
aplicado hasta que el gobierno de Bush redefinió el marco legal.
"Hay una enorme diferencia entre el uso del poder ejecutivo para liberar a
los esclavos y su uso para justificar la tortura", dijo Darmer, aumentando
deliberadamente la distancia entre ella misma y su "colega temporal".
Rosenthal dijo que las recomendaciones legales propuestas por Yoo y Bybee
eran tan torcidas e insostenibles que el gobierno de Bush mismo finalmente
renunció a ellas. El sucesor de Bybee en la Oficina de Asesoría Jurídica, Steven
G. Bradbury, dijo en enero -cinco días después de la investidura de Obama- que
reprobaba las opiniones de su predecesor de que el presidente no estaba obligado
a respetar las leyes que regulan el tratamiento dado a prisioneros.
Disección de un Tratado
El controvertido memorándum de Bybee era una disección del idioma y
disposiciones del tratado que prohíbe la tortura y los tratos crueles e
inhumanos.
"Concluimos que para que una acción sea considerada tortura, debe provocar
dolores que sean difíciles de soportar", escribió Bybee en el memorándum del 1
de agosto de 2002, que serviría de guía a los interrogadores. "El dolor físico
que puede ser definido como tortura debe ser equivalente en intensidad al dolor
que acompaña las lesiones físicas graves, tales como la insuficiencia orgánica,
la interrupción de las funciones corporales o incluso la muerte".
Bybee, nativo de Oakland y ex profesor de derecho en la Universidad de Nevada
en Las Vegas, no devolvió la llamada del Times sobre la creciente tormenta de
protestas en su contra.
Common Cause, la Sociedad Americana de Profesores de Derecho y una coalición
de defensores de los derechos humanos, dirigidos por el Centro para los Derechos
Constitucionales llamaron a Bybee a renunciar, proclamando que no estaba
capacitado para decidir sobre problemas jurídicos.
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