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El Tribunal de Apelaciones de Roma impuso penas a militares uruguayos,
peruanos, chilenos y bolivianos
Condenan a perpetua a 24
represores sudamericanos en Italia por el Cóndor
Elena Llorente
Página|12
9 de julio de 2019
Imagen: EFE
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Desde Roma
Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos
ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las
dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24
imputados, y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso
comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos,
peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como
parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y
desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro
donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios
pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en
“aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y
remunerar a los familiares por varios miles de euros.
Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas.
El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas
las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde
hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de
tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema,
Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus
países están en libertad.
“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó
a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que
esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una
Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la
Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz,
que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor
universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile
en 1973.
Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también
uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada
-comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada
de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega
demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo
decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por
las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los
que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado.
Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con
las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este
proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la
desaparición de su marido.
Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en
la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada
en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron
en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior
nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos
bandidos”, comentó.
Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o
poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda
sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las
víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad
será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.
La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en
las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido
condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el
peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero
sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los
jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados
ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros,
torturas, asesinatos y desapariciones.
Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene
haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde
hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay
argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este
proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y
por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de
Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia de ayer
lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se
sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general
ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones
de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis
Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta
Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo
Campiglia, secuestrados en Brasil.
Hoy por la mañana, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos
congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el
lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes
como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la
Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de
las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000
desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio
Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la
Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación
Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde
que su padre fue asesinado.
Diego Jiménez,Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia,
asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los
procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo
que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró
a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en
nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país.
García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su
lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de
Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas
que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento
a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una
sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la
humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros
creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina,
privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si
bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas.
En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti
procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están
todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de
lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de
nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los
gobiernos dictatoriales”.
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