El Colegio Nacional de Abogados de EEUU y
otras organizaciones jurídicas instan a la Corte Penal Internacional a que
investigue los crímenes de guerra perpetrados por los dirigentes de Israel y
Estados Unidos en Gaza
Marjorie Cohn
Truthout
26 de agosto de 2014
Traducido del inglés para Rebelión
por Sinfo Fernández.
El Colegio Nacional de Abogados (NLG, por sus siglas en inglés) de EEUU,
el Centro por los Derechos Constitucionales, la Asociación Internacional de
Abogados Democráticos, la Unión de Abogados Árabes y la Asociación Americana de
Juristas envió una carta el pasado viernes 22 de agosto a Fatou Bensouda,
Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instándola a que inicie una
investigación de los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad
perpetrados en Gaza por los dirigentes israelíes con la ayuda y complicidad de
las autoridades estadounidenses. En virtud del Estatuto de Roma, la CPI tiene potestad
para juzgar penalmente a los individuos responsables de los crímenes de mayor
gravedad.
“En vista de la extrema gravedad de la situación en la ocupada Franja de Gaza, en particular por la
inmensa cifra de víctimas civiles y la destrucción a gran escala de propiedades
civiles, incluidos colegios, mezquitas y hospitales, así como la permanente
incitación al genocidio exhibida por los dirigentes y personalidades políticas
israelíes, el NLG y las organizaciones citadas suscriben un enérgico
llamamiento a la Oficina del Fiscal para que haga uso de su poder, en virtud
del Artículo 15 del Estatuto de Roma, e inicie una investigación preliminar” de
los delitos que caen bajo la jurisdicción de la CPI.
“En el marco del Estatuto de Roma, una persona puede ser acusada de
crimen de guerra, genocidio o crimen de lesa humanidad… si él o ella ‘ayuda,
incita o de alguna forma presta su apoyo a la comisión o intento de comisión
del crimen ‘incluyendo la provisión de medios para su comisión’”, se lee en la carta. “Al enviar
asistencia financiera, armamentos y otra ayuda militar a Israel, los miembros
del Congreso de EEUU, el Presidente Barack Obama y el Secretario de Defensa
Chuck Hagel han ayudado e instigado la comisión de crímenes de guerra,
genocidio y crímenes de lesa humanidad de las autoridades y comandantes
israelíes en Gaza.”
La carta afirma que el 20 de julio de 2014, en medio de esa conducta criminal, Israel solicitó, y el
Departamento de Defensa de EEUU autorizó, el envío a Israel de munición
procedente del Almacén de Munición de Reserva de Guerra. Y, en agosto de 2013,
el Congreso aprobó por abrumadora mayoría, y Obama firmó, un pago de 225
millones de dólares destinado al sistema de defensa de misiles Cúpula de Hierro
de Israel.
“El uso de la fuerza de Israel, claramente desproporcionado, contra los 1,8 millones de habitantes de Gaza tiene poco que ver
con cualquier reclamación de seguridad”, escribían las organizaciones, “sino
que parece haber sido calculado para ejercer la venganza contra los civiles
palestinos”. La carta cita afirmaciones de responsables israelíes defendiendo
la venganza contra “todo el pueblo palestino” y “exigiendo el internamiento de
los palestinos en campos de concentración en el Sinaí, así como la destrucción
de la infraestructura civil en Gaza”.
Acusaciones de crímenes de guerra
La carta enumera los crímenes de guerra siguientes y cita de hecho las acusaciones de apoyo a cada
crimen:
- Asesinato deliberado (más de 2.000 palestinos, de ellos, el 80% civiles).
- Provocar deliberadamente grandes sufrimientos y heridas de gravedad (hiriendo a
alrededor de 10.000 palestinos, de ellos, 2.200 niños).
- Extendida destrucción y apropiación de propiedades de forma ilegal, sin sentido e injustificadamente
(decenas de miles de palestinos han perdido sus hogares, se han causado daños
muy graves a las infraestructuras).
- Privación ilegal del derecho a un juicio justo (450 palestinos están detenidos sin acusación ni juicio).
- Ataques intencionados contra civiles u objetos civiles o vehículos, instalaciones y personal de ayuda
humanitaria (bombardeo de numerosos colegios, lugares de refugio de la ONU,
hospitales, ambulancias, mezquitas…)
- Lanzamiento intencionado de ataques injustificados, sabiendo que van a servir para matar o
herir a civiles, dañar objetos civiles o causar graves y duraderos daños en el
medio ambiente (uso de la “Doctrina Dahiya” para aplicar una “fuerza
desproporcionada” y causar “enormes daños y destrucción en las propiedades e
infraestructuras civiles y sufrimiento en las poblaciones civiles”, como definió
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU [Informe Goldstone] (Israel arrasó
totalmente la ciudad de Khuza’a).
Acusaciones de genocidio
El artículo 6 del Estatuto de Roma define como “genocidio” cualquiera de los actos siguientes,
perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso: a) Matanza de miembros del grupo; b)
Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarreen su
destrucción total o parcial.
La carta dice: “En vista del hecho de que los palestinos de Gaza no tenían posibilidad alguna de
huir a un lugar seguro, debe asumirse que los oficiales israelíes responsables
conocían muy bien que los masivos bombardeos por tierra, mar y aire de la
ocupada Franja de Gaza iban a provocar un número inmenso de víctimas y la
destrucción de las propiedades e infraestructuras civiles”. La carta enumera
también “las declaraciones públicas, repetidamente provocadoras, hechas por los
responsables israelíes antes y durante la Operación Marco Protector, así como
la historia de repetidos bombardeos de los campos y poblaciones de refugiados
palestinos en el Líbano y Gaza” como prueba de que “las autoridades israelíes
pueden estar poniendo en marcha un plan para destruir a la población palestina,
al menos en parte”.
Acusaciones de crímenes de lesa humanidad
El artículo 7 del Estatuto de Roma define como “crímenes de lesa humanidad” cualquiera de los
actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a )
Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de
población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g)
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión
con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen
de «apartheid»; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La carta afirma: “Las fuerzas israelíes han asesinado, herido, ejecutado sumariamente y detenidos
administrativamente a los palestinos, tanto civiles como fuerzas de Hamas. Las fuerzas israelíes
destruyeron intencionadamente la infraestructura de Gaza”. También dice que Israel mantiene enjaulados a los palestinos en
la “mayor prisión al aire libre del mundo” y que “controla todos las entradas y salidas de Gaza, y limita… el acceso a las medicinas y
otros productos básicos”. Finalmente, la carta cita los arrestos arbitrarios y
las detenciones administrativas; la expropiación de propiedades; la destrucción
de casas, cosechas y árboles; las áreas y carreteras separadas; las viviendas y
los sistemas jurídicos y educativos segregados para palestinos y judíos; el
ilegal muro de separación que invade el territorio palestino; los cientos de
asentamientos judíos ilegales sobre tierra palestina; y la denegación del
derecho de los palestinos al retorno a su patria por el hecho de no ser judíos.
Los firmantes de la carta concluyen que “el inicio de una investigación enviaría un claro mensaje a
todos los implicados en la comisión, ayuda o instigación de los crímenes arriba
mencionados de que han de rendir cuentas PERSONALMENTE de todos sus actos”.
Está por ver si la CPI ejercerá su jurisdicción en este caso ya que ni Israel ni Estados Unidos son parte
en el Estatuto de Roma. Pero si la CPI determina que Palestina puede acceder al
Estatuto de Roma, la CPI podría tener jurisdicción sobre los crímenes
perpetrados por israelíes y estadounidenses en territorio palestino.
Marjorie Cohn es profesora de la Thomas Jefferson School of Law, expresidenta del Colegio Nacional de Abogados y
vicesecretaria general de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos.
Ha escrito varios libros, el último de ellos “Drones and Targeted Killing:
Legal, Moral and Geopolitical Issues”, saldrá publicado en otoño.
Fuente: http://truth-out.org/news/item/25780-national-lawyers-guild-other-legal-organizations-urge-international-criminal-court-to-investigate-war-crimes-by-israeli-us-leaders-in-gaza
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