España investiga lo que debería investigar Estados Unidos
Los funcionarios nombrados por Bush se enfrentan a acusaciones de los
jueces españoles
Marjorie Cohn
Globalresearch
15 de abril de 2009
Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll
Un tribunal español ha iniciado el procesamiento penal contra seis
funcionarios de la administración Bush. John Yoo, Jay Bybee, David Addington,
Alberto Gonzales, William Haynes y Douglas Feith se enfrentan a acusaciones en
España por haber autorizado la tortura en la base estadounidense de
Guantánamo.
Si las órdenes de detención se emiten, España y cualquiera de los otros 24
países que han firmado las convenciones europeas de extradición podrían detener
a estos seis hombres cuando viajen fuera de Estados Unidos.
¿Tiene España autoridad para procesar a estadounidenses por crímenes que no
tuvieron lugar en suelo español?
La respuesta es sí. Se llama “jurisdicción universal”. La jurisdicción
universal es una teoría bien experimentada que los países, incluido Estados
Unidos, han usado durante muchos años para investigar y procesar a extranjeros
por crímenes que conmocionan la conciencia de la comunidad mundial. Proporciona
una herramienta legal crítica para responsabilizar a aquellos que cometen
crímenes contra la ley de las naciones, incluyendo crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad. Sin la jurisdicción universal, muchos criminales notorios
estarían libres. Los países que han utilizado esta base para actuar contra los
crímenes más graves deben ser encomiados por su valentía. Ayudan a crear un
mundo justo en el que todos buscamos vivir.
Israel utilizó la jurisdicción universal para procesar, condenar y ejecutar a
Adolph Eichmann por sus crímenes durante el holocausto, aun cuando no tuvieron
relación directa con Israel.
Un tribunal federal de Miami condenó recientemente a Chuckie Taylor, hijo del
anterior presidente de Liberia, por torturas realizadas en Liberia. Un tribunal
estadounidense sentenció a Taylor a 97 años en prisión en enero.
La jurisdicción universal complementa, pero no reemplaza, los procesamientos
nacionales, de forma que si Estados Unidos investigara a los funcionarios de
Bush, otros países no lo harían.
Cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, se
comprometió a extraditar o procesar a aquellos que cometen o son cómplices de
torturas.
El Presidente Obama, al preguntarle si estaba a favor de investigar
penalmente a los funcionarios de Bush, contestó, “También opino que nadie está
por encima de la ley y si existen indicios claros de hechos delictivos, se debe
procesar a todo el mundo por igual.”
“Pero”, añadió, “en términos generales, prefiero mirar hacia delante que
hacia atrás.” Ocupado con la economía y dos guerras, parece que Obama quiere
esperar antes de emprender procesamientos que irremediablemente indignarían al
Partido Republicano.
Siguen saliendo a la luz pruebas de que los funcionarios de Bush
establecieron un modo de actuar que condujo a la tortura de los prisioneros en
Guantánamo.
Según el canal de noticias ABC, Gonzales se reunió con otros funcionarios en
la Casa Blanca y autorizó la tortura, incluyendo la conocida como “el
submarino”.
La Oficina de Responsabilidad Profesional, que depende del Fiscal General del
Estado, preparó un borrador que reprende a Yoo y a Bybee por redactar los
infames memorándums sobre la tortura. Haynes, Addington y Feith participaron en
las decisiones que condujeron a la tortura. Es inminente que salgan a la luz más
memorándums gráficos sobre la tortura por parte del Departamento de Justicia
estadounidense.
Es responsabilidad de Estados Unidos investigar las alegaciones de tortura.
Casi dos tercios de los encuestados en un sondeo patrocinado por USA
Today/Gallup están a favor de que se investigue al equipo de Bush por torturas y
por interceptar las comunicaciones telefónicas sin orden judicial. Casi cuatro
de cada 10 encuestados apoyan la investigación penal.
El antiguo abogado general de la Marina, Alberto Mora, declaró en el
Congreso, “Hay militares que mantienen que la primera causa identificable de
muertes estadounidenses en combate en Irak – teniendo en cuenta su efectividad
para reclutar a combatientes insurgentes – son, respectivamente, los símbolos de
Abu Ghraib y Guantánamo.” Si son impunes aquellos que ordenaron la tortura, ésta
será otra herramienta de reclutamiento.
Si los Estados Unidos rehúsan investigar ahora, será más probable que alguna
administración futura repita este escenario. La utilización de la tortura
debería erradicarse del sistema, igual que erradicamos la esclavitud.
Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho Thomas Jefferson y
presidente del Gremio de Abogados Nacionales. Es autora de Cowboy Republic:
Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law y co-autora de Rules of
Disengagement: The Politics and Honor of Military Dissent (junto con
Kathleen Gilberd.) Se puede conseguir sus artículos en www.marjoriecohn.com
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13080
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