El cierre inmediato, con justicia, de
Guantánamo
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A principios de su mandato, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva en
que dispuso el cierre, dentro de un año, del campo de detención ubicado en la
bahía de Guantánamo. Sin embargo, la prisión se mantiene aún en pie, y el día 11
de enero de 2011 iniciará el décimo año de su funcionamiento. Además de
incumplir la orden ejecutiva, la administración de Obama ha prolongado ciertos
aspectos que figuran entre los peores del esquema Guantánamo: detenciones por
tiempo indefinido, sin cargos ni proceso; el empleo de comisiones militares para
enjuiciar a algunos presos; y gestiones destinadas a obstaculizar la rendición
de cuentas por actos de tortura, tanto al negarse a realizar investigaciones
independientes y serias, como al procurar que los tribunales no conozcan de las
demandas entabladas por ex detenidos.
Como entidades de derechos humanos y personas de conciencia, exigimos la
clausura de Guantánamo, la transparencia en todos los centros de detención
administrados por Estados Unidos, y la rendición de cuentas por los abusos
cometidos en dichos centros. Denunciamos los sitios de detención clandestinos,
incluidos los llamados centros de “filtración” o “tamizado”, entre los que
figura la secreta “prisión negra” de Bagram, donde se ha prohibido la entrada
incluso al Comité Internacional de la Cruz Roja, y donde se denuncia el empleo
de interrogatorios abusivos. Asimismo, manifestamos nuestra oposición a las
condiciones excesivamente punitivas de reclusión en los penales y centros de
detención ubicados en territorio estadounidense, y observamos que la
incomunicación prolongada de presos constituye un mecanismo de tortura,
prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Rechazamos la
continuación, por parte de la administración de Obama, de las políticas ilegales
y abusivas de detención e interrogación empleadas por el gobierno de Bush.
El caso Guantánamo sigue siendo el vergonzoso emblema de que el gobierno
estadounidense haya detenido a casi 800 varones, tanto adultos como menores de
edad, calificándolos indiscriminadamente de “lo peor de lo peor”, y
encerrándolos en una prisión insular concebida para que quedara al margen de la
ley, donde los detenidos no tendrían derecho alguno a impugnar su detención ni
los abusos a los que se vieran sometidos. Para comenzar, la inmensa mayoría de
los presos en Guantánamo jamás debieron ser detenidos. Muchos de ellos corrieron
la simple desdicha de encontrarse en el sitio menos oportuno mientras huían del
caos de la guerra desatado por la incursión norteamericana en Afganistán. De
ellos, sólo uno de cada veinte fue capturado por efectivos estadounidenses. En
su mayoría fueron apresados por civiles o autoridades locales, afganos o
paquistaníes, para después ser vendidos a las fuerzas norteamericanas a cambio
de una recompensa nada despreciable. Según el coronel Lawrence Wilkerson, alto
funcionario del Departamento de Estado que desempeñó su cargo durante el mandato
de Bush entre 2002 y 2005, la administración de éste sabía desde temprano que la
mayoría de los detenidos en Guantánamo eran inocentes pero no los liberó por
motivos políticos, no fuera que con ello se restara apoyo al avance, tan buscado
por el gobierno, hacia la guerra en Irak en aras de la denominada “guerra global
contra el terrorismo”.
Queda patente, a estas alturas, que la administración de Obama no prevé el
cierre inminente de Guantánamo, objetivo que, ante la oposición del Congreso,
pinta aún más distante. La prisión de Guantánamo se mantiene en contravención de
las normas tanto éticas como jurídicas, y en perjuicio de nuestra seguridad
colectiva. El presidente Obama debe actuar con decisión o, de lo contrario,
arriesgarse a que Guantánamo y el régimen de detención de Bush pasen a
convertirse en elementos permanentes de la realidad estadounidense. Convocamos
al presidente Obama, y a las instancias correspondientes de su administración,
para lo siguiente:
• Reasumir el compromiso de clausurar Guantánamo con prontitud, y aclarar
que muchos de los allí detenidos lo están y estuvieron por error. Queda ya
bien constatado, incluso por boca de ex funcionarios del gobierno de Bush, que
la mayoría de los presos en Guantánamo nunca debieron ser detenidos. Si el
presidente Obama, echando mano de sus facultades de dirigente, reconociera tal
hecho, se crearía el ambiente político propicio para la clausura de la
prisión.
• Procesar o liberar a los detenidos en Guantánamo. En 2004 y 2008, la
Corte Suprema estadounidense resolvió que los presos guantanameros podrán
impugnar su detención presentando el recurso de habeas corpus ante los
tribunales federales de Estados Unidos. Desde entonces, la gran mayoría de los
fallos emitidos al respecto por la magistratura federal dan por insuficientes
las pruebas con las que el gobierno pretendía justificar que los querellantes
siguieran detenidos. Existen otros detenidos en Guantánamo cuya excarcelación ha
sido aprobada por el Guantanamo Review Task Force, entidad del propio
gobierno estadounidense integrada por representantes de cada una de las
entidades gubernamentales interesadas, entre ellas los departamentos de Justicia
y de Defensa, así como la CIA. Se debe repatriar o reubicar de inmediato a todos
los presos cuya liberación sea aprobada por los tribunales o por el gobierno, y
en los demás casos se deben entablar los cargos jurídicos procedentes para dar
paso a un proceso abierto y justo.
• Abandonar cualquier plan que contemple la detención indefinida. El
gobierno de Obama ha expresado que seguirán detenidos por tiempo indefinido unos
50 de los presos en Guantánamo, sin imputarse cargo ni proceso alguno en su
contra, y que tiene previsto formalizar su detención indefinida por medio de una
orden ejecutiva. Según la justificación oficial, estos hombres son “demasiado
peligrosos” para ser liberados, pero su procesamiento “no es factible”,
supuestamente porque las pruebas en su contra no cumplirían las normas mínimas
exigidas por la justicia, o porque los juicios pudieran comprometer las labores
de inteligencia, o bien porque los detenidos podrían impugnar las pruebas
obtenidas con métodos coactivos. Sin embargo, los tribunales federales son
plenamente capaces de manejar pruebas sensibles, y si el gobierno no tiene, en
contra de algún preso, más que unas pruebas viciadas, entonces éstas no son ni
lícitas ni fidedignas, ni tampoco se justifica que siga detenido. El plan de la
administración, consistente en la detención indefinida, constituye un mecanismo
de reclusión preventiva basado no en actos ya cometidos y comprobables, sino en
la supuesta probabilidad de un eventual delito. Dicho plan es llanamente
incompatible con el estado de derecho, y así debe ser rechazado.
• Levantar la prohibición general de las repatriaciones a Yemen. La
administración de Obama debe poner fin a la suspensión indefinida de las
repatriaciones de yemeníes detenidos en Guantánamo, para permitir que vuelvan a
su país aquellos cuyo recurso de hábeas corpus haya sido acogido por la
justicia, o cuya liberación haya sido aprobada por el Guantanamo Review Task
Force, entidad del propio gobierno estadounidense. Los yemeníes, al igual
que los demás detenidos, deben ser evaluados a título individual de acuerdo con
lo que hayan hecho, sin ser castigados por su nacionalidad ni por supuestos
actos ajenos.
• Poner fin a las repatriaciones forzadas de aquellos cuya seguridad
peligraría en caso de ser trasladados. Algunos de los presos en Guantánamo
han expresado fuertes temores de ser devueltos a su país de origen, y no se debe
repatriarlos cuando existan razones para creer que a su regreso quedarían
expuestos a algún peligro. No se debe trasladar a ningún detenido hacia un país
donde se ciernan riesgos verosímiles sobre su seguridad.
• Acabar con la prohibición de la reubicación dentro de Estados
Unidos. Más de 15 países, entre ellos Francia, España, Portugal, Hungría,
Bélgica, Suiza, Albania, Letonia y Palaos, han aceptado sin contratiempos la
reubicación de detenidos dentro de su territorio. Así, el Gobierno
estadounidense también debe ofrecerse a recibir a aquellos cuyo recurso de
hábeas corpus haya sido acogido, o cuyo traslado haya sido aprobado, pero
que no tengan otro país al que puedan reubicarse en condiciones de seguridad.
(En el caso de unos detenidos musulmanes de la etnia uigur, cuya inocencia era
evidente, un juez federal ordenó su liberación, pero las administraciones tanto
de Bush como de Obama han apelado contra el fallo; por otra parte, el Congreso
estadounidense tuvo a bien prohibir la reubicación en Estados Unidos de personas
detenidas sin justificación.) Si se permitiera la reubicación de estas personas
en territorio estadounidense, se alentaría a otros países a permitir lo mismo,
lo que contribuiría a lograr la clausura de Guantánamo.
• Investigar a fondo las muertes de quienes fallecieron detenidos, entre
ellos los tres que murieron en 2006. Tres detenidos, en cuya contra jamás se
presentaron cargos, murieron en Guantánamo en junio de 2006. A pesar de que en
un principio se informaba de suicidios, las recientes declaraciones de cuatro
soldados emplazados en la base de Guantánamo ponen muy en entredicho las
circunstancias de su muerte. Hasta la fecha, la administración de Obama no sólo
ha omitido realizar una investigación independiente y seria de las muertes, sino
que se ha opuesto a que los tribunales investiguen o conozcan de tales
asuntos.
• Garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. No
obstante su promesa de abrir una nueva época de rendición de cuentas y de
respeto al estado de derecho, la administración de Obama ha intervenido en
repetidas ocasiones para garantizar que gocen de impunidad los autores
intelectuales y materiales de actos de tortura cometidos durante la
administración de Bush. La administración de Obama debe cumplir su promesa de
investigar a fondo los graves y constatados abusos, entre ellos actos de
tortura, cometidos tanto en Guantánamo como en otras partes del mundo. En
concreto, la Procuraduría General estadounidense debe nombrar una fiscalía
independiente, plenamente facultada para investigar y procesar a los
responsables de actos de tortura y otros crímenes de guerra, sin importar la
categoría de las autoridades que resulten implicadas por los hechos. Asimismo,
el presidente Obama debe denunciar las presiones que, según informaciones recién
divulgadas, empleó su propio gobierno a fin de obstaculizar las gestiones de la
justicia española destinadas a investigar flagrantes violaciones del derecho
internacional, incluida la tortura de ex detenidos en Guantánamo y otras
personas sometidas al régimen de tortura estadounidense, y debe brindar su plena
cooperación con los procesos jurídicos seguidos en España.
• Hacerse responsable del bienestar de los que sean liberados. El
gobierno estadounidense no debe mantener a los presos detenidos durante años, en
condiciones infrahumanas, sin entablar cargos en su contra, y sometiéndolos a
vejaciones que incluyen actos de tortura, para luego repatriar y reubicarlos en
los confines más remotos del planeta, dejando así que su rehabilitación y
reintegración quede en manos de otros gobiernos, otras entidades y otras
personas. El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar
que los ex detenidos cuenten con suficientes apoyos y recursos una vez que
queden liberados.
Asimismo, instamos a la comunidad internacional para que ofrezca
condiciones de seguridad a los presos de Guantánamo que no pueden salir hasta
que otro país se manifieste dispuesto a recibirlos, y para que garantice sus
derechos y su bienestar una vez reubicados. En numerosos casos, los
reubicados no han recibido permiso para trabajar, ni para viajar, ni para
reunificarse con su familia tras años de separación y angustia, y muchos de
ellos se encuentran en una situación jurídica incierta.
Invitamos a las personas de conciencia de todo el mundo a que colaboren con
nosotros a fin de lograr el cierre con justicia de Guantánamo, y para que
reasuman el compromiso de incidir hacia este objetivo.
The Center for Constitutional Rights
Amnistía Internacional USA
Witness
Against Torture
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