Cien Grupos De Todo el Mundo a la ONU: Exigimos Rendición de Cuentas por Tortura de la CIA
26 de junio de 2015
Jamil Dakwar, Director, Programa de Derechos Humanos de la ACLU
Este viernes, el mundo celebrara el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la
Tortura. Cada año se conmemora este día para reafirmar el
compromiso universal de erradicar totalmente la tortura que está categóricamente
prohibido por el derecho internacional.
Ayer, el grupo más grande de organizaciones de la sociedad civil de
numerosos países urgieron al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha hacer un llamado a Estados Unidos por
no proporcionar justicia tanto para los perpetradores y las víctimas del
aborrecible programa de tortura de la CIA.
En 1984, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés) de
la ONU, que entró en efecto el 26 de junio de 1987. La administración de
Reagan firmó el tratado y lo envió al Senado para su ratificación con el
siguiente comunicado:
Las disposiciones básicas de esta Convención establecen
un régimen internacional de cooperación en el procesamiento penal de los
torturadores que depende de la llamada “jurisdicción universal.” Cada
Estado Parte es requerido que o enjuicie a los torturadores que se encuentren
en su territorio o que los extradite a otros países para su procesamiento.
Estados Unidos ratificó el tratado en 1994 y el Congreso pasó un estatuto federal anti-tortura que define el delito
de tortura, aunque un poco diferente de como lo define el tratado, y prescribe
castigos severos para cualquier persona – ciudadanos o no – que cometan actos
de tortura fuera de Estados Unidos. Desde entonces, Estados Unidos ha
contribuido generosamente millones de dólares al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones
Unidas para las Víctimas de Tortura para que los sobrevivientes puedan
rehacer su vida.
Sin embargo, las prohibiciones estadounidenses e internacionales en contra
de la tortura no detuvieron a la Administración de Bush de infringir la ley y
autorizar un programa secreto de la CIA de tortura, desapariciones forzadas, y
detenciones ilícitas después del 9/11. Hace seis meses, el Comité de
Inteligencia del Senado dio a conocer un resumen de su reporte de tortura de la
CIA, documentado con detalles gráficos supuestas ejecuciones, alimentación
rectal, y uso generalizado de la privación del sueño y confinamiento
solitario. Si bien el reporte no pide una investigación criminal, si
incluye nueva información relacionada con graves delitos federales, incluyendo
tortura, homicidio, conspiración, y abuso sexual. Estos resultados
ameritan una amplia investigación criminal.
Sorprendentemente, el Departamento de Justicia declaró a una corte
estadounidense que nunca ha abierto el informe completo recibido por el Senado,
mucho menos revisado si hay evidencia de violaciones de derechos humanos o
delito penal. Y aun así ayer, en respuesta a la nueva carta
de la ACLU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch – respaldada por más de 110,000 firmas pidiendo una amplia
investigación criminal – el vocero del Departamento de Justicia (DOJ por sus
siglas en inglés) Marc Ramondi le dijo al Miami Herald:
En el 2009, el Fiscal General dirigió una revisión
preliminar del tratamiento de ciertos individuos que presuntamente fueron
maltratados mientras estuvieron en custodia del Gobierno de Estados Unidos a
raíz de los ataques del 9/11. Esa revisión genero dos investigaciones
criminales, pero el Departamento de Justicia en última instancia se negó a
procesar dichos casos porque las pruebas admisibles no eran suficientes para
obtener y sostener convicciones más allá de toda duda razonable. Esos
investigadores también revisaron el reporte completo del Comité del Senado y no
encontraron información nueva que no hubieran considerado previamente para
llegar a una determinación. Esta investigación fue extraordinariamente
minuciosa y mantenemos nuestra decisión previamente anunciada de no iniciar
cargos criminales.
La renuencia del Departamento de Justicia de ordenar una nueva
investigación criminal independiente desafía el sentido común y los principios
fundamentales del estado de derecho. También va en contra de las
obligaciones estadounidenses y del derecho internacional y envía un peligroso
mensaje a líderes estadounidenses y extranjeros de que la tortura no tiene
consecuencias legales.
Es por ello que 100 organizaciones alrededor del mundo emitieron una
comunicado el día de ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra
haciendo un llamado para asegurar la rendición de cuentas por el programa de
tortura de la CIA y reparación para sus víctimas. En septiembre, el Consejo
adoptará un reporte sobre el historial de derechos humanos de Estados Unidos
como parte del proceso de Examen Periódico Universal.
Dicha declaración solicita al Consejo que exija que Estados Unidos “tome
medidas para dar cumplimiento a todo el abanico de obligaciones de acuerdo con
el derecho internacional para asegurar justicia, verdad, reparaciones y no
repetición. Esto implicaría, entre otras acciones, desclasificar el informe
completo del Senado sobre el programa de detención de la CIA, emprender una
amplia investigación penal independiente y compensar a las víctimas.” La
declaración concluye:
A través de las experiencias de organizaciones de la
sociedad civil y de sobrevivientes de tortura en todo el mundo sabemos que la
lucha por la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos puede
ser un recorrido largo y difícil. EE.UU. debe rechazar la impunidad, retornar
al Estado de derecho y proveer una adecuada compensación para los cientos de
personas que fueron víctimas de brutales abusos.
Esperamos que Estados Unidos siga ese camino.
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