Carta sobre el derecho al aborto
Del blog de Aurora Roja, voz de la Organización Comunista Revolucionario,
México (OCR)
24 de abril de 2012
Recibimos la siguiente carta de una lectora sobre algunos acontecimientos
en la lucha por el derecho al aborto. La foto es de Lesly, la joven
bajacaliforniana sentenciada a 23 años de prisión por sufrir un parto inmaduro o
aborto espontáneo, que acaba de ser liberada después de cumplir 3 años en
prisión.
Compañeras/os, 29 de abril de 2011
Les escribo un poco sobre la lucha por el derecho al aborto en la ocasión del
cuarto aniversario de la despenalización del aborto (ILE) en el Distrito
Federal. En todo Latinoamérica, el Distrito Federal de México sigue siendo hasta
ahora el único lugar donde la mujer tiene el derecho al aborto legal y seguro a
solicitud, aunque solo durante las primeras 12 semanas del embarazo. (En
Uruguay, una ley semejante fue vetada por el presidente en 2008). Como ya sabrán
muchos de los lectores de Aurora Roja, respondieron con saña varias fuerzas
reaccionarias a esta primera victoria parcial en 2007: el Vaticano y casi toda
la jerarquía de la iglesia católica en el país, las iglesias evangélicas
fundamentalistas, el gobierno federal, el PAN, y gran parte del PRI. Casi como
un relámpago (y con la anuencia de algunos legisladores del PRD), se aprobaron
reformas constitucionales en 17 estados que reconocen como “ser humano” a todo
óvulo fecundado. (Son 18 estados en total--ya que en Chihuahua tal reforma
constitucional se hizo anteriormente, en 1994). Intentan evitar que se extienda
la despenalización (aunque parcial) del aborto, revertirla en el DF y prohibir
el aborto en todo el país. En varios estados encarcelan a las mujeres que
abortan, y también arremeten contra los anticonceptivos, la educación sexual, la
homosexualidad, el matrimonio gay y el estado laico. Así como en muchas otras
partes del mundo, enfrentamos una “cruzada” por reforzar las relaciones
patriarcales y la moral tradicional que esclavizan a las mujeres y apuntalan
este sistema bárbaro.
La buena noticia es que esta embestida teocrática comienza a despertar la
indignación de algunos y a veces se palpa el sentimiento de que hay que ponerles
un hasta aquí a estos “señores de la Santa Inquisición”. El año pasado, el caso
de 8 mujeres injustamente encarceladas y condenadas hasta a 29 años de prisión
por “homicidio en razón de parentesco” en el estado de Guanajuato trascendió en
algunos medios (prensa, radio y televisión) y se volvió una causa que galvanizó
la protesta de parte de diversas fuerzas.
¿Qué será “homicidio en razón de parentesco”? El código penal de Guanajuato
estipula: “A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo
en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o
adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión de
veinticinco a treinta y cinco años y de doscientos a trescientos días multa”. Al
aprobarse este nuevo artículo del código penal en 2002, se suprimió otro
artículo sobre el “infanticidio”, con condena de 3 a 10 años de prisión, o de 3
a 8 años si “el infante es producto de una violación”. Dos cosas se destacan
aquí: 1) Se trata de “privar de la vida” a personas vivas, y no de embriones o
fetos; 2) Se aumenta mucho la condena en comparación con la pena anterior para
"infanticidio". Sin embargo, el gobierno y la procuraduría de Guanajuato han
utilizado esta ley para encarcelar a mujeres que perdieron fetos por aborto
espontáneo. Y lo hicieron con base en engaños—agentes del ministerio público y
defensores de oficio instruyeron a las mujeres a declarar falsamente que
"escucharon llorar" los fetos, porque así les “iría mejor”. Fabricaron
evidencias e indujeron a las mujeres a dar testimonios falsos en su propia
contra, para luego sentenciarlas a condenas de 25 a 29 años de prisión. Cuando
estos hechos comenzaron a darse a conocer en algunos medios de comunicación,
creció la ira de mucha gente.
En junio de 2010, una de las 8 mujeres condenadas, Alma Yareli Sánchez, de 26
años, fue liberada después de pasar 3 años en la cárcel. Un juez del Supremo
Tribunal de Justicia de Guanajuato revocó su sentencia de 27 años y seis meses,
cuando la denuncia y la defensa legal impulsada por el Centro Las Libres puso en
claro que Alma Yareli sufrió un aborto espontáneo — ni nació ningún bebé ni hubo
ningún homicidio: sólo hubo fabricaciones de parte de las autoridades. Se
denunció ante los medios que el gobernador y el procurador de justicia de
Guanajuato mentían al proclamar que no había mujeres encarceladas por abortar en
Guanajuato, y que, al contrario, siete mujeres más se encontraban en la misma
situación que Alma Yareli en esos momentos: al sufrir abortos espontáneos,
fueron acusadas y condenadas por “homicidio”. Al contrario de los "hechos"
fabricados por la procuraduría, ninguno de los embarazos había llegado a
término, ningún bebé había nacido vivo y ni siquiera hubo aborto inducido.
Condenaron a todas estas 8 mujeres como “homicidas” simplemente porque perdieron
los fetos y no dieron a luz. ¿Podría haber prueba más elocuente de que
reducir a la mujer a ser incubadora e imponerle la maternidad forzada son los
objetivos de los que niegan el derecho al aborto?
En julio y agosto (de 2010) se extendieron las protestas. Hubo
manifestaciones en Guanajuato, el Distrito Federal, Veracruz y otros estados.
Más denuncias salieron en la prensa y se difundieron por Internet. Las presas
desafiaron las amenazas de oficiales y se entrevistaron con diputadas del PRD y
con periodistas; denunciaron las trampas legales y las humillaciones que habían
sufrido. Trascendió que, aparte de estas 8 mujeres condenadas por “homicidio en
razón de parentesco”, 166 personas han sido investigadas por el delito de aborto
en Guanajuato desde el año 2000, 30 han sido juzgadas (16 mujeres embarazadas y
14 personas por ayudarlas a abortar) y 12 mujeres han sido condenadas a 3 años
bajo caución. Una joven denunció en Youtube que cuando solicitó su derecho a un
aborto legal por violación, (derecho que todavía existe en los códigos penales
de todos los estados —a pesar de las reformas constitucionales— así como en la
Norma Oficial Mexicano 046), el ministerio público le dijo que “si intenta
interrumpir el embarazo va a ir a la cárcel”. El hecho de que las autoridades y
el personal médico violan sistemática y descaradamente este derecho en todos los
estados y no solo en Guanajuato, lo atestiguó el caso de una niña de 11 años,
Amalia, que en agosto dio a luz en Quintana Roo, después de haberle negado un
aborto seguro y legal, aunque su embarazo fue resultado de ser violada por su
padrastro.
Después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH) emitiera una recomendación al gobierno de
Guanajuato de que “se revise la legislación, en particular la figura penal del
“homicidio en razón de parentesco”, el gobernador buscó una salida para callar
la protesta sin admitir su culpabilidad. Presentó una propuesta de reducir la
condena por “homicidio en razón de parentesco” de un máximo de 35 años a una
pena de 3 a 8 años, si éste se realiza por parte de la madre dentro de 24 horas
del nacimiento de un bebé y si ha sido “consecuencia de motivaciones de carácter
psicosocial”. Esta “reforma” fue aprobada por el congreso del estado a finales
de agosto, que sirvió de escapatoria para el gobierno para dejar en libertad a
las 7 mujeres condenadas, sin reconocer su inocencia y encubriendo sus propios
crímenes.
El 7 de septiembre de 2010, salieron libres las 7 mujeres apresadas y
condenadas injustamente, después de haber pasado de 10 meses hasta 9 años en la
cárcel. El gobierno intentó evitar que hablaran con la prensa, escoltándolas a
camionetas del gobierno en que se las llevarían a casa. Sin embargo, una de
ellas, Yolanda Martínez Montoya, rehusó abordar la camioneta, salió caminando
con el puño en alto y declaró “Soy libre porque soy inocente y salgo con la
frente en alto”. Denunció que pasó más de seis años en prisión por un delito que
no cometió y dijo: "Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por
vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar". La abrazaron su hermana y Alma
Yareli Salazar (que salió libre en junio), y fue aplaudida y acompañada por
otros que habían luchado por la liberación de estas mujeres y celebraban este
pequeño triunfo.
El mes pasado, (marzo de 2011) Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro
Las Libres, informó que ya por fin, y por el momento, no hay ninguna mujer
encarcelada por abortar ni ningún proceso penal al respecto en Guanajuato,
gracias a la lucha de las organizaciones de la sociedad civil. Pero en varios
otros estados existen mujeres detenidas, encarceladas y sentenciadas por el
delito de “homicidio agravado por parentesco”, cuando en realidad no hubo ningún
“homicidio”, sino sólo interrupción del embarazo, por sufrir abortos espontáneos
o inducidos. De hecho, Verónica pronunció estas palabras el 15 de marzo en el
DF, en una conferencia de prensa donde varias organizaciones exigieron la
liberación de 24 mujeres presas por abortar en Baja California, y libertad para
todas las mujeres presas por este motivo en México. En realidad, nadie sabe el
número exacto de mujeres encarceladas por abortar porque estos casos son
ocultados por las procuradurías en el país. Según Elsa Conde (ex diputada
federal del extinto Partido Alternativa Socialdemócrata), 300 mujeres fueron
procesadas penalmente por aborto en 2009 y hasta mayo de 2010 en el país, de
acuerdo con varias solicitudes de información en diferentes estados por parte de
organizaciones feministas. Es sólo por una solicitud de acceso a la información
de parte de la Red Iberoamericana Pro Derecho Humanos que se dio a conocer que
en Baja California hay 14 mujeres sentenciadas por el delito de homicidio
agravado por parentesco y 10 más encarceladas en espera de su sentencia bajo el
mismo cargo.
Baja California es el mismo estado donde las autoridades le negaron a
Paulina, una niña de 13 años, el derecho a un aborto legal y seguro cuando fue
violada y quedó embarazada en 1999. Finalmente en 2006, la Comisión
Internacional de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado mexicano crear una
norma oficial para evitar que ocurrieran otros casos de violencia institucional
como se cometió contra Paulina.
¿Cómo respondieron las autoridades del estado? En 2008, el Congreso estatal
reforzó la base legal para aumentar la “violencia
institucional” contra las mujeres, al aprobar una reforma constitucional que
establece que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la
protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales
correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. En 2009, la
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de BC impugnó la
reforma por medio de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, donde sigue a revisión.
El 18 de marzo, hubo una manifestación en la sede del gobierno de Baja
California en el Distrito Federal para exigir la libertad de las 24 mujeres
encarceladas por abortar en ese estado, y en particular la libertad de una joven
de 21 años que fue detenida hace 3 años después de sufrir un aborto espontáneo.
Fue acusada de homicidio agravado por parentesco y sentenciada a 23 años de
cárcel. Su sentencia fue apelada y se exige que el Tribunal Superior de Justicia
del estado de BC la deje en libertad.
Además de la liberación de las siete mujeres encarceladas por aborto en
Guanajuato, hubo otros dos sucesos favorables para el derecho al aborto en el
último año: quedó derrotada la reforma constitucional para declarar "ser humano"
todo óvulo fecundado en Michoacán, y se desechó la reforma en Veracruz cuando
falló el intento de ratificarla, al no ser aprobada por dos tercios del
Congreso. Sin embargo, la tendencia anti-aborto tiene más fuerza e iniciativa en
general que la defensa del derecho al aborto; frente a nuestras pequeñas
victorias, los reaccionarios redoblan sus esfuerzos. Por ejemplo, el sector
salud en Veracruz está implementando un programa para vigilar a toda mujer
embarazada que detecta, como se hizo en Guanajuato hace unos años (lo cual llevó
a la detención de varias mujeres). Bajo el pretexto de “evitar las muertes
maternas”, los centros de salud pretenden dar seguimiento a cada mujer
embarazada, incluso con visitas a domicilio, para lograr que culminen el
embarazo y no aborten. Activistas en Veracruz están denunciando que esto es
acoso a las mujeres. Además de imponer la maternidad forzada, tiene el propósito
de identificar y encarcelar a las “culpables” si aparecen fetos muertos no
identificados.
Los que entendemos cuán fundamental es esta batalla para la liberación de la
mujer necesitamos buscar la manera de cambiar radicalmente esta situación. Se
necesita una lucha más combativa y más independiente frente al sistema (que es
la fuente de la opresión de la mujer), con más independencia de las fuerzas que
representan ese sistema y son los autores de estos ataques que buscan reforzar
el control de una sociedad machista y patriarcal sobre la vida y el cuerpo de
las mujeres. Por ejemplo, no está mal que 382 mujeres se hayan amparado contra
las reformas constitucionales en diferentes estados, como una forma de denunciar
que estas reformas niegan el derecho fundamental de las mujeres a decidir tener
o no tener un hijo. Pero también hay que reconocer que la SCJN ya ha desechado
esos amparos en dos ocasiones: en marzo de 2010 rehusó atraer los amparos
interpuestos por 161 mujeres de Jalisco y en marzo de 2011 desechó 66 juicios de
amparo interpuestos por mujeres en Colima. No basta con este tipo de
protestas.
Hace falta una lucha decidida por el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito a solicitud de la mujer en todo el país. ¡Hace falta una gran rebelión
en contra de la moral patriarcal religiosa que refuerza el sometimiento de las
mujeres!
Cómo decía un volante del Movimiento Popular Revolucionario:
¡El feto no es un bebé, el aborto no es asesinato, y la vida de la
mujer, que sí es un ser humano, no debe ser subordinada a la vida en
gestación. Subordinar la vida de la mujer a la vida del feto es
reducirla a un mero instrumento de la reproducción. ¡La mujer no es
incubadora!
PD: El Tribunal Supremo de Justicia de Baja California acaba de declarar
inocente a Lesly, la joven que pasó casi tres años en la cárcel en Mexicali. Hoy
mismo salió libre. Hay más mujeres en prisión en las cárceles de Baja California
y de otros Estados.
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