Un cambio en el que no se puede creer
Max J. Castro
progreso-semanal.com
6 de abril de 2011
Con el fin de la supremacía republican, el ocaso de la era de Bush/Cheney y
las elecciones de 2008 de Barack Obama –un político con un historial tan
progresista como el de cualquier nominado demócrata que tuviera una oportunidad
remota de ser elegido y además académico constitucional— cualquiera esperaría
que la era de Guantánamo, Bagram, los tribunales arbitrarios, la detención
indefinida y los ejercicios en perversas formas de argumentación legal al fina
habían terminado. Significaría el fin de la llamada “guerra al terrorismo” que,
parafraseando a la periodista de la revista New Yorker Jane Mayer, se
había transmutado en una guerra contra la Constitución. O así pensábamos.
Hay que dar crédito al presidente Obama por llegar al cargo con un gran
golpe. En su primer día como presidente ordenó que la instalación de detención
en Guantánamo se cerrara en el curso de un año. Fue un comienzo prometedor que
parecía augurar no una nueva versión arreglada del enfoque Bush/Cheney, sino un
cambio de paradigmas.
La dramática toma de posesión de Obama sugirió el potencial de un profundo
replanteamiento de la forma general de pensar, y especialmente los retorcidos
supuestos legales y morales que subyacían en la mal llamada “guerra al
terrorismo” de la administración anterior. Ese era un modo de pensar que podía
considerar legal y apropiada la tortura e incluso no considerarla tortura, si
las palabras se usan de manera adecuada.
Afortunadamente, Obama es incapaz o no está dispuesto a retorcer hasta tal
punto su mente y la de sus subordinados y seguidores. En esta administración, la
tortura es inaceptable. Sin embargo, como han demostrado tantos ejemplos
históricos, cuando es el estado el que realiza graves delitos en nombre de la
nación, se requiere un llamado de atención para evitar repeticiones e incluso
una reinterpretación.
Sin embargo, en esta administración, ninguno de los que en el gobierno
anterior dieron las órdenes para cometer crímenes universalmente reconocidos
como tales, incluyendo la tortura y una ilegal guerra de agresión (Irak) –esto
último considerado el crimen más grave que puede cometer un estado por los
tribunales de Núremberg, los cuales al finalizar la 2da. Guerra Mundial juzgaron
a los nazis acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad— no
han recibido ningún castigo, ni siquiera la reprobación moral. Es más, se
encuentran desafiantes, esperando al margen, confiados en un pronto retorno al
poder.
¿Qué sucedió en el camino hacia “un cambio en el que podemos creer”? En gran
medida, la administración Obama se decidió por la continuidad en vez de por un
cambio fundamental, la amnesia en vez de la justicia –especialmente en el manejo
legal de los detenidos en la “guerra al terrorismo”, pero también en muchas
otras áreas de política interna y exterior.
Para citar tan solo un ejemplo atroz, ni siquiera John C. Yoo y Jay S. Bybee,
los adláteres de Bush en el Departamento de Justicia que tuvieron la
responsabilidad directa de los tristemente célebres “memorandos de la tortura”,
los cuales brindaron justificaciones legales preventivas –y engañosas— para la
tortura y el trato abusivo y degradante a los detenidos, recibieron tan solo una
nalgada. Es más, en la actualidad Yoo es profesor de Derecho en la Universidad
de California en Berkeley. Bybee es ahora el Honorable Jay S. Bybee, juez del
Tribunal Federal de Apelaciones para el 9no. Circuito.
Y en cuanto a su jefe, el Fiscal General Alberto Gonzáles, al que mientras
servía como abogado de la Casa Blanca se le ocurrió la idea que luego sugirió a
su jefe, el presidente George W. Bush, que ignorara lo que Gonzáles consideraba
un vestigio “pintoresco” de tiempos pasados: las Convenciones de Ginebra. La
razón por la que Gonzáles aconsejó al presidente que declarara unilateralmente
que los combatientes del Talibán y de Al Qaeda se encontraban fuera de la
jurisdicción de las Convenciones de Ginebra no fue que las convenciones ya no
eran relevantes; es más, en el seno de la propia administración, el secretario
de Estado Colin Powell, entro otros, argumentó con fuerza en contra de abandonar
las leyes fundamentales de la guerra.
En su lugar, la verdadera razón que tuvo Gonzáles para alentar a Bush a
burlarse de las leyes de guerra está dicho claramente en la “Guía de los Memos
de la Tortura”, publicada en The New York Times: “evitar que los
funcionarios norteamericanos estén expuestos a la Ley Federal de Crímenes de
Guerra, una ley de 1996 que conlleva la pena de muerte”. (http://www.nytimes.com/ref/international/24MEMO-GUIDE.html)
Después de que Gonzáles, que al igual que Yoo y Bybee no enfrentó
consecuencias legales por sus acciones, construyó una burda justificación legal
a priori para los crímenes de guerra, su jefe, el presidente George W. Bush,
aceptó alegremente el consejo y declaró en un memo que los combatientes enemigos
capturados en Afganistán no gozarían de la protección de las Convenciones de
Ginebra. Al hacer eso, el presidente citó la necesidad de una “nueva forma de
pensar las leyes de la guerra”. Este nuevo pensamiento no solo afectó a los
luchadores de Al Qaeda y el Talibán, sino que también abrió el camino a Abu
Ghraib y otras atrocidades. Y evidentemente Bush no se ha enfrentado a ninguna
consecuencia legal adversa por sus actos. Es más, el ex presidente se ha ufanado
pública y orgullosamente de que personalmente ordenó el “submarino”, una forma
de tortura que es ilegal, según el derecho internacional y las leyes de EE.UU. Y
dicen que somos un estado de derechos.
Quizás lo más emblemático del fracaso de Obama por cambiar tan siquiera el
lugar donde están los detenidos es el hecho de que Guantánamo aún se encuentra
allí y funcionando. Es más, se están usando las comisiones militares y no los
juicios federales para enjuiciar a prisioneros supuestamente del Talibán y de Al
Qaeda.
Por supuesto, Obama no merece que se le culpe totalmente por este estado de
cosas, Por ejemplo, se ha ejercido una gran presión y se ha aprobado una
legislación con el apoyo de casi todos los republicanos y más de unos pocos
demócratas en el Congreso que le han atado las manos a Obama y le han impedido
cumplir su promesa de cerrar con prontitud Guantánamo.
Sin embargo, en muchos casos la administración Obama ha optado por su cuenta
continuar o defender, en los tribunales y el Congreso, cualquier número de
odiosas políticas heredadas de la administración Bush, incluyendo la práctica de
interpretación.
Quizás el mayor parecido con la perversa forma de argumentación legal usada
por la administración Bush que ha tenido lugar bajo la presidencia de Obama haya
llegado en la forma de un informe legal recientemente presentado por tres
importantes abogados militares en defensa de la condena por parte de una
comisión militar a un acusado descrito como “el secretario de medios de Obama
Bin Laden, un videasta”. (Líder Seminola Exige Excusas de Parte de Obama”,
The Miami Herald, 27 de marzo de 2011.)
El informe cita como precedente el caso de dos súbditos británicos que fueron
condenados en juicios militares y ejecutados por Estados Unidos por ayudar a
indios seminolas y a esclavos fugitivos que resistieron la invasión de la
Florida en 1817-1818 por el entonces general y luego presidente Andrew
Jackson.
Los acusadores militares en el caso actual citaron el caso del siglo 19 “como
precedente legal en pro de la autoridad del tribunal de guerra de Guantánamo de
capturar y enjuiciar a extranjeros acusados de ayudar al enemigo en otros
país”. Los abogados militares argumentaron que los desafortunados mercaderes
británicos fueron debidamente juzgados y su ejecución ordenada por un tribunal
militar porque ayudaron a la resistencia ilegal de los seminolas y de algunos
esclavos fugitivos a la incursión de Jackson en la Florida bajo dominio
español.
Lo absurdo de este argumento –la invasión de Jackson fue una agresión ilegal
contra otra nación soberana, sus motivos fueron apoyar la detestable institución
de la esclavitud e incrementar su campaña genocida contra norteamericanos
nativos (y quizás abonar el camino para arrebatar la Florida de España)— es
pasmoso. Los británicos actuaron de una manera absolutamente ética y
humanitaria. Su juicio y ejecución por un tribunal arbitrario establecido por
Jackson fue una burla a la justicia. Que un precedente tal fuera siquiera
considerado muestra hasta qué punto están dispuestos a llegar los funcionarios
norteamericanos, tanto bajo Obama como bajo Bush, con tal de condenar a alguien
remotamente vinculado a Al Qaeda.
Primero fueron tras el chofer de Bin Laden. Ahora han condenado al que hacía
los videos de Obama, y quieren justificar la condena citando como precedente la
autoridad de un tribunal militar creado por el autor de una agresión ilegal,
decidido a “reposesionar” a esclavos fugitivos y luego a “sacar a indios del
medio” por medio de una marcha de la muerte conocida como el “camino de
lágrimas”. ¿Quién es el próximo? ¿El barbero de Bin Laden?
Los espejismos de la “guerra al terrorismo” a veces convierten a los mejores
de nosotros en tontos, truhanes y delincuentes.
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