De la esperanza a la
frustración: solicitantes de asilo que obedecieron las reglas de Trump quedan
ahora descalificados por sus nuevas directrices
Migrantes esperanzados de quedar protegidos por los Estados
Unidos han esperado en México durante meses mientras que el país permitió
entrar a menos personas que nunca. Luego EE.UU. cambió las reglas
completamente.
De acuerdo con una política emitida por la
Administración la semana pasada, la mayoría de los migrantes que han atravesado
un tercer país, México, por ejemplo, no tendrá permitido ni siquiera solicitar
asilo en un cruce fronterizo oficial.
Dara Lind - ProPublica
31 de julio de 2019
Cientos de inmigrantes congregados en
el muro fronterizo con los Estados Unidos, del lado de Tijuana (México). EFE
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La administración de Trump ha declarado por un largo tiempo que existe una
forma correcta para pedir asilo en los Estados Unidos: llegar a un punto de
entrada oficial en la frontera e invocar ese derecho de acuerdo con las leyes
estadounidenses de protección humanitaria.
Sin embargo, hoy en día, a miles de personas se les impide entrar al país,
precisamente por haber obedecido esas reglas.
De acuerdo con una política emitida por la administración la
semana pasada, la mayoría de los migrantes que han atravesado un tercer país, México, por ejemplo, no
tendrá permitido ni siquiera solicitar asilo en un cruce fronterizo oficial.
Lo anterior incluye a miles de solicitantes de asilo provenientes de países
como Cuba, Venezuela y Camerún, quienes ya esperaban en ciudades fronterizas
mexicanas para poder cruzar en puntos de entrada estadounidenses cuando la
nueva reglamentación entró en efecto.
Debido a que la administración de Trump ha limitado estrictamente la
cantidad de solicitantes de asilo permitidos en la mayoría de los puertos de
entrada más activos de la frontera México/EE.UU., dichos migrantes se han ido
inscribiendo en listas de espera no oficiales aparte de esperar meses para
entrar legalmente a Estados Unidos con esa calidad migratoria.
Una de las consecuencias no muy notadas de la nueva política es que muchas
de las personas que decidieron no entrar ilegalmente al país, ahora pagan un
precio adicional por haber obedecido las reglas. Si hubieran entrado a los
Estados Unidos ilegalmente al llegar, sus peticiones de asilo habrían sido por
lo menos escuchadas de acuerdo con las reglas en vigor en ese tiempo. Pero, al
optar por posponer su entrada al país para activar su derecho de asilo, quedan
ahora sujetos a nuevas pautas que los regirán cuando en efecto entren, reglas
que descalificarán a casi todos.
La administración los hizo esperar. De hecho, durante las últimas semanas
el gobierno ha admitido a menos solicitantes de asilo hasta en el cruce
fronterizo más ocupado de todos, San Ysidro, California. En nueve de los
catorce días anteriores a la implementación de la nueva regla, no se permitió
que ningún buscador de asilo pasara al puerto de entrada, según Ryan Krause,
observador de derechos humanos del organismo de abogacía Al Otro Lado.
Con la nueva reglamentación se erigió un muro frente a cualquier buscador
de asilo no mexicano que haya esperado.
Esa nueva reglamentación ya enfrentó retos a nivel judicial en audiencias
llevadas a cabo esta semana en juzgados federales de Washington, D.C. y el
Distrito Norte de California. Los defensores de los derechos de migrantes dicen
que eso ocasionará que personas víctimas de persecución sean deportadas a sus
países de origen, en contravención de las leyes internacionales. La
administración de Trump declara que sí está cumpliendo con estas al permitir que
los migrantes pidan un amparo humanitario de menor grado llamado
"aplazamiento de la expulsión", para la cual es más difícil calificar
aun si se le ha vetado el asilo a la persona.
Mark Morgan, comisionado suplente de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza,
incluso señaló que la administración de Trump espera que un juez federal
suspenda la regla en lo que el tema se somete a evaluación jurídica.
La reglamentación ya tiene efectos en la vida real en el lado mexicano de
la frontera, ya que aumenta la frustración que ya sienten los migrantes
atorados en las ciudades fronterizas, indican los defensores de los derechos. También
ha elevado la posibilidad de que los migrantes que han estado esperando
pacientemente en la frontera, sencillamente se den por vencidos y crucen ilegalmente.
La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió a nuestra
solicitud de comentarios acerca de cómo la reglamentación nueva les
corresponderá a migrantes que ya esperan en los puertos de entrada, ni tampoco
a preguntas acerca de los motivos por los cuales los funcionarios en esos
lugares aceptaron menos solicitantes de asilo que de costumbre durante las
semanas anteriores al cambio súbito en los reglamentos.
"Entiendo su frustración", comentó a ProPublica Enrique Valenzuela
del Consejo Estatal de Población en Ciudad Juárez, México. "Las personas
que han esperado dos o tres meses dicen: ‘¡Oigan! ¡Hemos estado esperando aquí!
No cruzamos por otro lugar. No nos están dando la parte buena del trato’".
Los migrantes que accedieron a esperar son los que tienden a confiar más en
el sistema y a preocuparse por hacer las cosas a través de los mecanismos
legales ya establecidos. "La gente dice: ‘Yo estoy aquí haciendo las cosas
legalmente. Confío en que las cosas se pondrán mejor. Todo lo que puedo hacer
es esperar’", agregó Krause. "Ya atravesaron diez países africanos y
selvas panameñas. Muchos han sido víctimas de robo, o han visto morir a sus
amigos en el camino. Quizás ellos mismos por poco escaparon la muerte. Han
vivido penurias espantosas y una trayectoria increíblemente ardua. No se les
sacudirá fácilmente con el proceso de aquí".
Aun así, la regla nueva es lo más reciente que se les presenta para
desgastarles la determinación.
Limitar la cantidad de solicitantes de asilo a quienes se les permita
cruzar en un puerto de entrada diariamente, práctica conocida como calibración
(metering, en inglés), es algo que se viene haciendo bastante en muchos cruces
fronterizos, desde 2018, sobre todo en lugares altamente congestionados como El
Paso, Texas y San Ysidro.
Aduanas y Protección Fronteriza, organismo encargado de supervisar dichos
puertos de entrada, insiste que estos sencillamente carecen de recursos para
procesar a todos los solicitantes de asilo que desean entrar al mismo tiempo. Cada
puerto tiene, por ejemplo, una cantidad limitada de celdas provisionales. La
capacidad varía considerablemente de puerto a puerto, y de un día a otro; y,
los funcionarios deben equilibrar su deber de procesar solicitantes de asilo
con tareas adicionales como inspeccionar vehículos para detectar drogas.
Muchos defensores de los derechos humanos señalan que eso no importa, sino
que el gobierno tiene la obligación de permitir que la gente pida asilo. Grupos
dirigidos por Al Otro Lado presentaron una demanda en el sur de California para
desafiar el mecanismo de calibración, aunque el caso no ha avanzado tan rápido
como las demandas de mayor perfil en contra de las políticas migratorias.
El gobierno estadounidense no selecciona a quién le permite cruzar en
cierto momento. Los funcionarios solo informan a sus contrapartes en México la
cifra de personas que tendrán permitido pisar suelo en los Estados Unidos. Las
autoridades mexicanas, los organismos de sociedad civil y los propios
solicitantes de asilo, se encargan de lo demás. Por ejemplo, en Ciudad Juárez,
la lista administrada por el Consejo Estatal de Población cuenta actualmente
con unos 5,500 nombres.
Aunque las listas más largas son las de esa ciudad (frontera con El Paso) y
de Tijuana (frontera con San Diego y el puerto de entrada de San Ysidro),
existen otras listas de espera con cientos de personas hasta en poblados
pequeños fronterizos con puertos de entrada menos importantes. Por ejemplo,
actualmente hay unos cuatrocientos migrantes que esperan en los albergues de
Piedras Negras, Coahuila, para poder cruzar la frontera en Eagle Pass, Texas.
Algunos son mexicanos, pero muchos provienen de otros países por lo que
quedan dentro de la nueva prohibición de asilo.
Krause agregó que, durante los seis días después de entrar en vigor la
nueva política, en el puerto de entrada de San Ysidro se le permitió la entrada
a aproximadamente treinta a cuarenta migrantes no mexicanos. Se trató más bien
de extranjeros de países como Camerún, Haití, Eritrea y Venezuela, así como de
los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El
Salvador). Todos llegaron a Tijuana durante la primera semana de abril,
habiéndose inscrito en la lista de espera entre el 2 y el 6 de ese mes.
Cualquiera de ellos habría podido cruzar antes del 16 de julio si los
funcionarios del puerto de entrada de San Ysidro los hubieran admitido al
llegar, o si se hubiese mantenido el ritmo de las entradas de la primavera de
2019, cuando se admitía un promedio de cuarenta personas diariamente.
Fue en el verano, hacia mediados de junio, cuando la cantidad de admisiones
disminuyó de manera drástica. Entre el 1º y 15 de julio, se admitió un promedio
de seis solicitantes de asilo por día, dijo Krause; y, cuando las cantidades se
volvieron a agilizar la semana pasada, los migrantes admitidos quedaron sujetos
a la reglamentación nueva. Por lo menos los no mexicanos.
El gobierno estadounidense no se encarga de organizar las listas de espera
y ninguno de los inscritos cuenta con protección alguna como buscador de asilo.
Las listas son simplemente un esfuerzo, a menudo instigado por los mismos
solicitantes de asilo, para tratar de poner orden en el proceso. Incluso en
algunos lugares las listas ahora están siendo gestionadas por otras instituciones
como el Consejo Estatal de Población en Juárez.
Entretanto, los puertos de entrada añadieron otra exigencia a estos
recursos limitados, al devolver solicitantes de asilo a México después del
trámite inicial, con el fin de que esperen allí hasta sus audiencias en el
tribunal de migración bajo el programa de la administración de Trump conocido
como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, Migrant Protection Protocols).
Veinte mil solicitantes de asilo fueron devueltos a México desde que se
implementaron los MPP en enero, con la mayoría de estos enviados en los últimos
meses cuando el programa se amplió agresivamente. Sus peticiones de asilo
avanzan en los tribunales de migración estadounidenses, pero los peticionarios
en sí tienen permitido entrar a los Estados Unidos únicamente para presentarse
a sus audiencias. Comparecen en el puerto de entrada en la fecha programada y
se les escolta cuando entran al país. Luego son devueltos al terminar el
trámite con instrucciones de regresar en la fecha de la siguiente audiencia.
Un vocero del Departamento de Justicia confirmó a ProPublica que los
solicitantes de asilo que hayan entrado por primera vez a los Estados Unidos
antes del 16 de julio, no quedarían sujetos a la nueva reglamentación de asilo
aunque hayan estado en México cuando las pautas nuevas entraron en vigor dentro
de los MPP.
Exactamente el mismo personal y los mismos espacios utilizados para
procesar solicitantes de asilo nuevos, se usan ahora para mover de ida y vuelta
a personas con casos de asilo existentes. "Optaron por utilizar la
capacidad limitada de la CBP para procesar el regreso de la gente", dijo
Kennji Kizuka de la organización Human Rights First.
Muchos migrantes deciden no esperar. En Juárez, Valenzuela, del Consejo
Estatal de Población, señaló que es probable que de mil a cinco mil quinientas
personas inscritas actualmente en las listas de espera ya hayan cruzado
ilegalmente a los Estados Unidos.
Existen motivos persuasivos para tratar de pasar por un puerto de entrada. En
primer lugar, la administración aún espera restablecer la reglamentación
emitida en octubre que prohibiría el asilo a personas que crucen ilegalmente. Esa
pauta fue suspendida judicialmente varios días después de su emisión, y su
apelación será escuchada en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de
EE.UU. el próximo otoño.
Sin embargo, la mayor lentitud de las admisiones durante las semanas previas a
la nueva reglamentación (sobre todo en Tijuana), seguida por la modificación
súbita que descalificó a una gran cantidad de solicitantes de asilo en forma
retroactiva, son elementos que han creado confusión, frustración y hasta
desesperación, agregó Krause.
Hay quienes "evalúan de alguna forma la posibilidad de cruzarse antes
de que se haga más difícil", dijo Valenzuela. "Yo les pido
constantemente que sean pacientes, que mantengan la calma. Pero es difícil
convencerlos cuando ya llevan esperando dos o tres meses".
Los organizadores se topan ahora con la tarea de aconsejar paciencia a
migrantes que vociferan enojados con videos en los medios sociales, o que
acuden a ellos para tratar de entender los rumores de los cambios que se
avecinan en las leyes que obstaculizarán aún más su entrada a los Estados
Unidos. Cambios como lo dictado la semana pasada.
"La gente ha perdido la fe en el sistema y en confiar en el
proceso", indicó Krause acerca de los migrantes que esperan en Tijuana. También
señaló que incluso últimamente escucha muchas más preguntas acerca de cómo
funcionan las leyes canadienses.
Actualización del 25 de julio de 2019: El pasado miércoles, el juez
Jon S. Tigar del Distrito Norte de California, dictó una orden para prevenir
temporalmente que la administración de Trump descalifique a extranjeros no
mexicanos para pedir asilo en base a la reglamentación del 16 de julio. El dictamen del Juez Tigar
menciona específicamente la manera que esa nueva regla podría afectar negativamente a
migrantes que se encuentren esperando en los puertos de entrada (refiriéndose
a un artículo escrito por esta misma reportera
para otro medio con el tema de la política de
"calibración", metering, en inglés). El juez también señaló que, de
acuerdo con esa regla, quienes hayan esperado en México durante más de treinta
días para pedir asilo en algún puerto de entrada de los Estados Unidos,
quedarían impedidos para solicitar asilo tanto en ese país como en México:
El acta administrativa contiene evidencia de que el gobierno implementó una política de calibración
(metering*, en inglés) que "obliga a los migrantes a esperar semanas o
meses para poder pisar suelo estadounidense y ejercer su derecho de pedir
asilo". AR 686.
El acta indica también que México exige que los refugiados en busca de protección presenten su
petición al respecto dentro de los treinta días de haber entrado al país. AR
703. En el caso de los solicitantes de asilo que hayan renunciado a su
habilidad para buscar protección en México, pero que quedaron siendo víctimas
de la política de calibración del gobierno estadounidense, la justicia pesa en
forma particularmente fuerte a favor de la imposición de una regla que ahora
descalificaría su petición de asilo en base de una política potencialmente
ilícita.*
El dictamen permanecerá en efecto en lo que el Juez Tigar evalúa el caso con mayor
profundidad para tomar una decisión final, a menos de que la administración de
Trump logre que esta orden provisional sea revertida por apelación. El jueves,
la Casa Blanca emitió un comunicado
para informar que: "Tenemos la intención de perseguir todas las opciones
disponibles para abordar esta orden sin mérito y para defender las fronteras de
la Nación", lo cual sugiere que dicha apelación se avecina. Los
solicitantes de asilo que optaron por esperar en puertos de entrada no podrán
aún saber a ciencia cierta si las reglas cambiarán nuevamente antes de que se
les permita entrar a territorio estadounidense.
Traducido por Mati Vargas-Gibson
Este artículo fue publicado originalmente en ProPublica.
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