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ONU, ONG y abogados piden la persecución legal de responsables del crimen internacional
Sin castigo, la tortura seguirá
como opción política para presidentes de EE.UU. dice HRW
David Brooks
La Jornada
11 de diciembre de 2014
Cualquier país al que viajen los implicados puede enfrentarlos a la ley, argumentan activistas
Desde 2009 Barack Obama dejó claro que su gobierno no procedería contra sus
antecesores
Al emitirse el informe del Senado sobre el programa de tortura y detención
clandestina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), organizaciones de
derechos humanos, relatores de la Organización de Naciones Unidas,
editorialistas y abogados constitucionalistas llamaron a la persecución legal
de los responsables de lo que se considera un crimen internacional.
Aunque la Casa Blanca, el Departamento de Estado y algunos legisladores
elogiaron como un ejemplo de transparencia la presentación pública del resumen
ejecutivo de la investigación realizada por el Comité de Inteligencia del
Senado sobre el programa secreto de detención y tortura de la CIA, ordenado
poco después de los atentados del 11-S por el gobierno de George W. Bush, casi
todos evadieron el tema de la impunidad de los responsables.
Desde que el presidente Barack Obama emitió una orden de seguridad nacional
como uno de sus primeros actos oficiales al ocupar la Casa Blanca en 2009 –en
la que afirmó que era para dejar claro que Estados Unidos no torturará y que
mantendremos nuestros valores fundamentales mientras se defiende la seguridad
nacional– advirtió que su gobierno no procedería legalmente contra sus
antecesores, argumentando entonces que necesitamos ver hacia adelante y no
hacia atrás.
El Departamento de Justicia, bajo el procurador general Eric Holder, concluyó
su investigación de estos hechos durante el primer periodo de la presidencia de
Obama y determinó no presentar cargos, argumentando que no existían suficientes
pruebas para proceder penalmente. Esa decisión no cambiará por ahora con la
difusión del informe, indicaron fuentes oficiales.
La letanía de brutalidad, ilegalidad y falta de rendición de cuentas sirve como
un recordatorio de lo horrible que fue la decisión del presidente Obama al
inicio de su gobierno de cerrar los libros sobre este capítulo de nuestra
historia, aun mientras repudiaba el uso de la tortura, opina el New York Times
en su editorial sobre el informe. Señala que intentos de llevar estos actos
ante un tribunal fueron bloqueados por alegatos de secretos nacionales.
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre
contraterrorismo y derechos humanos, Ben Emmerson, declaró el martes que, dado
el informe, era hora de actuar para que los individuos responsables de la
conspiración criminal revelada en el informe de hoy sean llevados ante la
justicia, como reportó La Jornada. Aunque reconoció que la responsabilidad
primaria para lograr esto está en manos del Departamento de Justicia, advirtió
que cualquier país al que viajen los responsables puede sujetarlos ante la ley.
Amnistía Internacional (AI) afirmó que el informe del Senado sobre los métodos
de tortura empleados en el programa secreto de la CIA es un recordatorio
absoluto de la continua impunidad por las muchas violaciones atroces de
derechos humanos llevadas a cabo en nombre de la seguridad nacional. Erika
Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, declaró que el informe ofrece
más evidencia de las violaciones autorizadas por las autoridades más altas de
Estados Unidos después del 11-S. A pesar de que tanta evidencia ha estado en el
ámbito público durante años, nadie ha sido llevado ante la justicia por
autorizar o implementar estos actos en estos programas de la CIA.
Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, afirmó que la tortura es criminal
y jamás puede ser justificada, y argumentó que “a menos de que este importante
proceso de decir la verdad lleve a la fiscalización de funcionarios, la tortura
permanecerá como una ‘opción política’ para presidentes en el futuro”.
El Centro de Derechos Constitucionales, que anteriormente ha promovido casos
internacionales contra el presidente Bush, su secretario de Defensa Donald
Rusmfeld y otros por su programa de tortura y detención, afirmó que el informe
del Senado confirma lo que este centro ha argumentado desde 2006: que la CIA
realizó un programa sofisticado de tortura autorizada por el Estado. Baher
Azmy, director legal del centro, declaró que renovamos nuestra demanda por una
rendición de cuentas para aquellos responsables del programa de tortura de la
CIA. Deberían ser fiscalizados en tribunales estadounidenses; si nuestro
gobierno continúa rehusándose a que rindan cuentas, deben ser perseguidos
internacionalmente según los principios de jurisdicción universal.
Pocos esperan que se logren promover casos penales dentro de Estados Unidos,
especialmente cuando los republicanos, que denunciaron el informe, están por
asumir control de ambas cámaras del Congreso.
Irónicamente, tal vez la única persona que ha sido acusada penalmente por el
gobierno de Obama en relación con el programa de interrogación y detención de
la CIA es un funcionario que reveló la existencia de partes de este programa.
El ex oficial de la CIA John Kiriakou fue acusado en 2012 de filtrar
información clasificada a reporteros. Amenazado con una condena de décadas de
cárcel, aceptó declararse culpable a cambio de una condena de 30 meses que está
cumpliendo ahora mismo, recuerda el portal Vox.
Por tanto, estos defensores de derechos humanos señalan que oficiales y
funcionarios estadounidenses que están implicados en las revelaciones del
informe del Senado sobre el programa de tortura podrían ser sujetos al arresto
en otros países, si existe una investigación criminal sobre estos hechos en sus
tribunales. La tortura es calificada como un delito grave según el derecho
internacional y por tanto, bajo el principio de jurisdicción universal,
gobiernos pueden arrestar a cualquiera acusado o implicado en estos actos si
están en su territorio nacional.
Si yo fuera uno de estas personas, dudaría antes de hacer planes de viaje,
comentó Michael Bochenek, director de asuntos legales en Amnistía
Internacional, en entrevista con The Guardian. Afirmó que los estados tienen
una obligación clara de detener a acusados en casos de tortura. Tal vez el caso
más conocido de la aplicación del uso de este principio fue el arresto de
Augusto Pinochet en Londres en 1998, cumpliendo con órdenes giradas por un
tribunal en España.
Sin embargo, es poco posible que la entidad encargada de enjuiciar a violadores
de estas normas, la Corte Penal Internacional, proceda contra los funcionarios
y agentes estadounidenses que participaron en el programa, ya que Estados
Unidos no es estado parte, por decisión del presidente Bush.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/12/11/mundo/035n1mun
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