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Reunificadas sólo mil 800 familias
Fracasa gobierno de Trump en regresar a niños que secuestró
Incierto futuro para 700 progenitores calificados como inelegibles
Una mujer deposita un par de zapatos de migrantes en
señal de protesta por la separación de familias frente al edificio de la corte
en McAllen, Texas. Foto Ap
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Isidro, un menor que fue devuelto a su familia juega
con una figura del Capitán América. Foto Ap
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David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 27 de julio de 2018, p. 25
Nueva York
Después de que un juez ordenó al gobierno de Donald Trump reunir para esta fecha a los
más de 2 mil 500 niños de entre cinco y 17 años de edad que separó a la fuerza
de sus familias inmigrantes –una práctica que ha sido denunciada
como secuestro y tortura por expertos y condenada
universalmente– cientos de niños siguen sin estar con sus padres, y para
algunos crece el temor de que nunca lograrán regresar con ellos.
El gobierno de Trump informó esta tarde que había reunido a mil 820 menores de
entre cinco y 17 años con sus padres (aunque 378 de éstos fueron entregados a
terceros bajo circunstancias apropiadas).
Sin embargo, quedaban pendientes cientos de casos más. De éstos, el gobierno
reconoció que unos 431 padres ya no se encuentran en el país. Aparentemente la
mayoría (las autoridades no están seguras) fueron deportados sin sus hijos en
circunstancias poco claras. Nadie puede pronosticar cuánto tiempo durará el
proceso para ubicarlos, comunicarse con ellos y lograr reunirlos con sus hijos.
En el caso de otros 37 niños, las autoridades no han logrado identificar a sus padres.
Aunque el gobierno insistió en días recientes que cumpliría con su meta de reunificar
a familias que designó como elegibles esta semana, quedó poco claro
qué sucederá con los más de 700 (algunos citan la cifra de 917) progenitores
que han sido calificados como inelegibles. Algunos de estos, según las
autoridades, tienen antecedentes criminales, o no se ha comprobado su parentesco.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quienes
interpusieron la demanda que resultó en la orden judicial de reunificar a las
familias, critican el proceso por el cual las autoridades han designado de
manera unilateral quién es o no elegible sin un proceso legal. Abogados y defensores
de derechos de inmigrantes han insistido sobre mayor transparencia para saber
por qué algunos son calificados como inelegibles, pero el gobierno ha rehusado responder.
Desde que se puso en marcha la llamada política de tolerancia cero hace un
año, pero formalmente anunciada por el procurador general Jeff Sessions en
mayo, la que ha llevado a estas separaciones forzadas al criminalizar a todo
inmigrante indocumentado, el gobierno ha insistido hasta la fecha que sólo está
cumpliendo la ley y obrando en el mejor interés de los niños.
La orden del juez Dana Sabraw dio de plazo hasta el 10 de julio para reunificar a
los 102 niños menores de cinco años. El gobierno designó 63 de estos casos como
elegibles, pero no logró entregarlos a todos.
Una persona traslada a un niño al edificio de Servicios Sociales en la ciudad de
Phoenix. Al menos dos docenas de familias de inmigrantes fueron reunidas aquí
el día de ayer. Foto Ap
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El proceso de reunificación ha estado marcado por el caos, revelando falta de
coordinación, registro cuidadoso de datos, apego a normas judiciales
establecidas sobre la separación de menores de sus padres en Estados Unidos y
un grado de indiferencia oficial a los niveles más altos, dejando a servidores
públicos junto con abogados, organizaciones inmigrantes y religiosas de todo
tipo y un creciente mosaico de voluntarios tratando de hacer lo posible para
lograr los rencuentros.
En muchos casos la falta de datos básicos sobre niños que fueron a veces
trasladados a miles de kilómetros de donde están detenidos sus padres han
obstaculizado los esfuerzos para coordinar los rencuentros. En un caso, dos
niñas fueron trasladadas de sus albergues en la costa este a la frontera,
supuestamente para ser entregadas a su madre, sólo para descubrir que ella ya
había sido deportada.
Abogados denuncian que no pocos de sus clientes fueron engañados por el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al ser informados que a cambio de anular
sus solicitudes de asilo serían más rápidamente reunidos con sus hijos –lo cual
resulta en una deportación acelerada–, otros reportan que les ofrecieron la
opción de ser deportados con o sin sus hijos, imponiendo una decisión
agonizante a estas familias sobre si era mejor abandonar a sus hijos aquí o
retornar con ellos a las condiciones de las cuales huyeron.
El miércoles, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interna –dependencia que
incluye los servicios de inmigración–, aseguró en una reunión con legisladores
federales latinos que estaban cumpliendo plenamente con la orden judicial. El
diputado federal Luis Gutierrez –un líder en la defensa de inmigrantes durante
años– comentó que en la reunión a puerta cerrada él le dijo a ella
que estaba cometiendo crímenes contra la humanidad y la acusó de abuso de niños, reportó la agencia Ap.
La abogada Susan Gzesh, directora del Centro Pozen para los Derechos Humanos de la
Universidad de Chicago, comentó a La Jornada que la práctica de la separación de
niños de sus padres es por definición nada menos que tortura.
Agregó que bajo la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos, este
tipo de práctica es calificada de trato cruel, inhumano y degradante, aquí
no hay duda: es tortura, tortura, tortura.
Revisar la Convención contra la Tortura.
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