Aunque violan el debido proceso legal, las
“entregas extraordinarias” prosiguen con Obama
Craig Whitlock
The Washington Post
10 de enero de 2012
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo
Fernández
Tres europeos con raíces somalíes fueron arrestados en agosto apelando a un
rebuscado pretexto cuando se encontraban en el pequeño país africano de Djibuti. Pero las razones quedaron claras cuando una sucesión
de interrogadores estadounidenses empezaron a frecuentar sus celdas.
Los agentes estadounidenses acusaron a los hombres –dos de ellos suecos, el
tercero residente desde hacía mucho tiempo en Gran Bretaña- de apoyar a al-Shabab, una milicia islámica somalí que Washington
considera grupo terrorista. Dos meses después de su arresto, los prisioneros
fueron secretamente acusados ante un gran jurado federal en Nueva York, después
el FBI les prendió y les hizo volar hasta EEUU para someterles a juicio.
Los arrestos y detenciones secretas salieron a la luz el 21 de diciembre
cuando los sospechosos hicieron una breve aparición en sala de un juzgado de
Brooklyn.
El caso de esos hombres es el ejemplo más reciente de cómo la administración
Obama ha asumido las entregas extraordinarias –la práctica de mantener e
interrogar a sospechosos de terrorismo en otros países sin el debido proceso- a
pesar de la extendida condena hacia tal táctica en los años posteriores a los
ataques del 11 de septiembre de 2001. Las entregas extraordinarias están
alcanzando una renovada importancia porque la administración y el Congreso no
han llegado a acuerdo alguno a la hora de establecer una vía legal consistente
para arrestar en el extranjero a los sospechosos de terrorismo y
llevarlos ante la justicia.
El Congreso ha frustrado la promesa del Presidente Obama de cerrar la prisión
militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba, y ha hecho cuanto ha podido para
impedir que los tribunales civiles puedan juzgar a los sospechosos de al-Qaida,
incluyendo nuevas restricciones en un proyecto de ley de autorización para
defensa aprobado el mes pasado. Mientras tanto, la Casa Blanca ha resistido ante
los esfuerzos de los legisladores para mantener a los sospechosos bajo custodia
militar y juzgarles ante comisiones militares.
El punto muerto alcanzado y la falta de opciones de detención, dicen las
críticas, han llevado a una política de facto en función de la cual a la
administración le resulta más fácil matar a los sospechosos de terrorismo, razón clave
del incremento de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses en
Pakistán, Yemen y Somalia. Las entregas extraordinarias, aunque controvertidas y
complejas, representan una de las pocas alternativas dentro de ese determinado
esquema.
“En cierto sentido, las entregas han adquirido incluso más importancia que
antes”, dijo Clara Gutteridge, directora del Equal Justice Forum, con sede en
Londres, un grupo por los derechos humanos que investiga casos que tienen que
ver con la seguridad nacional y que se opone a la práctica de las entregas.
Debido a todo el secretismo que envuelve el tema, no se sabe cuántas entregas
extraordinarias se han producido durante el primer mandato de Obama. Pero su
administración no ha repudiado esa práctica. En 2009, un grupo especial para los
interrogatorios y traslados de detenidos de la Casa Blanca recomendó que se
permitiera al gobierno continuar utilizando las entregas, pero con mayor
vigilancia, para que no se sometiera a los sospechosos a técnicas reforzadas de
interrogatorio [tortura], como se estuvo haciendo durante la administración de
George W. Bush.
Escasez de detalles
El gobierno de EEUU ha revelado pocos detalles acerca de las circunstancias
bajo las que arrestó a los tres supuestos partidarios de al-Shabab. La mayoría
de los documentos del tribunal son secretos.
En un comunicado, el FBI y los fiscales federales del Distrito
Oriental de Nueva York dijeron que los acusados habían sido “detenidos en África
por las autoridades locales cuando iban camino del Yemen” a primeros de agosto.
El comunicado no especificaba dónde fueron detenidos ni por qué.
El FBI no mencionó implicación estadounidense alguna con los sospechosos
hasta el 18 de octubre, cuando se le entregó a un gran jurado federal la
acusación confidencial. El FBI dijo que sus agentes asumieron la custodia de los
hombres el 14 de noviembre, pero el buró no especificó dónde ni de quién. Un
portavoz de los fiscales federales del Distrito Oriental de Nueva York no
respondió a un mensaje telefónico ni de correo en el que se solicitaban
aclaraciones.
Sin embargo, los abogados de la defensa y otras personas familiarizadas con
el caso dijeron que los hombres fueron arrestados en Djibuti, un estrecho aliado
de Washington. El diminuto país africano alberga una importante base militar
estadounidense, Camp Lemonnier, que sirve de centro logístico de combate para
vuelos de aviones no tripulados y operaciones de contraterrorismo. Djibuti tiene
también un largo historial de cooperaciones con EEUU en el tema de las entregas
extraordinarias.
El Ministeri o sueco de Asuntos Exteriores confirmó que dos de los hombres
–Ali Yasin Ahmed, de 23 años, y Mohamed Yusuf, de 29- son ciudadanos suecos y
fueron detenidos en agosto en Djibuti.
Anders Jorle, portavoz del ministerio en Estocolmo, dijo que se había
permitido que unos diplomáticos suecos visitaran a los hombres en Djibuti y
Nueva York para proporcionarles asistencia consular.
“Esto no significa que el gobierno sueco haya adoptado posición alguna sobre
la cuestión de su culpabilidad o inocencia”, dijo Jorle en una entrevista
telefónica. “Eso es competencia del sistema judicial estadounidense”.
Los abogados asignados para representar a los acusados en un tribunal federal
en Brooklyn dijeron que en Djibuti se había estado interrogando durante meses a
los hombres aunque no había acusaciones pendientes en su contra, algo que en
EEUU estaría prohibido.
“En Djibuti sólo se interesaron por ellos porque a los Estados Unidos de
América les interesaban esos hombres”, dijo Ephraim Savitt, el abogado de Yusuf.
“No hay que ser Einstein para entenderlo”.
Harry C. Batchelder Jr., abogado del tercer sospechoso, Mahdi Hashi, de 23
años, mostró estar de acuerdo con él. “Por explicarlo de alguna forma: Se
encontraba pasando una temporada en Djibuti y, de repente, después de haberse
topado con los amistosos agentes del FBI y de la CIA –quienes no se
identificaron-, mi cliente se encontró sin patria y ante un tribunal
estadounidense”, dijo Batchelder, cuyo cliente es nativo de Somalia aunque
creció en Gran Bretaña.
La secuencia escrita por los abogados encaja en la pauta de otros casos de
entregas extraordinarias en las que los agentes de inteligencia estadounidenses
han estado interrogando durante meses a sospechosos sin ningún control legal
antes de entregar a los prisioneros al FBI para su procesamiento.
Una entrega extraordinaria en Nigeria
En diciembre de 2001, en una vista celebrada en un tribunal federal con otro
sospechoso de la milicia al-Shabab, un ciudadano eritreo llamado Mohamed Ibrahim
Ahmed reveló que le habían estado interrogando en una cárcel nigeriana, según un
interrogador estadounidense describió, por un equipo “sucio” de agentes
estadounidenses que ignoraron el derecho del sospechoso a permanecer en silencio
o a disponer de un abogado, de acuerdo con los procedimientos procésales.
Después, el eritreo fue entrevistado por un equipo “limpio” de otros tantos
agentes estadounidenses que pusieron buen cuidado en notificarle acerca de los
Derechos Miranda y en conseguir confesiones para el juicio. Una vez rematada la
faena, se le trasladó a un tribunal federal en Manhattan para que se enfrentara
a acusaciones de terrorismo. Sus abogados estadounidenses rechazaron sus
confesiones sobre la base de que habían sido obtenidas de forma ilegal, pero el
acusado se declaró culpable antes de que un juez pudiera dictaminar sobre la
cuestión.
Un cable diplomático de entre los que publicó WikiLeaks dejaba
claro que las autoridades nigerianas se mostraron reacias a detener a Ahmed, y
si le retuvieron durante cuatro meses fue como consecuencia de las presiones de
las autoridades estadounidenses.
Robin Sanders, en aquel momento embajador de EEUU en Nigeria, reprendió allí
a ciertos funcionarios de alto rango, en una reunión que tuvo lugar en febrero
de 2010, porque casi permitieron que Ahmed se marchara en un vuelo internacional
“porque no querían seguir reteniéndole más tiempo”, según el cable confidencial
en el que se resumía la reunión. Finalmente fue entregado a agentes del FBI,
pero después de que le acusaran ante un gran jurado de EEUU. En la más reciente
entrega de Djibuti, los abogados de la defensa desafiaron la jurisdicción de los
tribunales estadounidenses, diciendo que no hay prueba alguna de que los
acusados atentaran o amenazaran los intereses de EEUU o de los
estadounidenses.
“Esa es la pregunta del millón, le dije al ayudante del fiscal
estadounidense. ‘¿Puso alguna bomba en alguna embajada? No,’”, dijo Susan G.
Kellman, que representa a Ali Yasin Ahmed, uno de los acusados suecos. “¿Por qué
les retenemos entonces? ¿Por habernos insultado?”.
Carencia de pruebas
El Departamento de Estado definió oficial ente a al-Shabab como organización
terrorista en 2008, convirtiendo en ilegal cualquier acción de apoyo al grupo
por parte de ciudadanos estadounidenses o no estadounidenses. Sin embargo, los
funcionarios de la administración reconocen que la mayoría de los combatientes
de al-Shabab son únicamente participantes en la larga guerra civil de Somalia y
que sólo unos cuantos están implicados en terrorismo internacional.
Savitt, el defensor de Yusuf, reconoció que su cliente luchaba en nombre de
al-Shabab contra las fuerzas somalíes que EEUU apoya. “Oh, yeah ”, declaró. “No
voy a negar esa acusación”.
Pero Savitt dijo que no había ninguna razón legítima para procesar a Yusuf en
EEUU. “Lo último en el mundo que realmente necesitamos es dedicarnos a atrapar y
a encerrar a 10.000 combatientes de al-Shabab o a llevarlos ante el poder
judicial”, añadió.
Las autoridades de Suecia y Gran Bretaña habían estado controlando durante
años a los tres hombres cuando iban y volvían de Somalia, pero ningún país
reunió pruebas suficientes como para poder presentar acusaciones penales.
“Esos chicos son bien conocidos por las fuerzas de seguridad suecas”, dijo un
funcionario sueco, que habló bajo anonimato para poder referirse a asuntos de
inteligencia.
Las agencias de seguridad sueca han cooperado en el pasado con funcionarios estadounidenses en
casos de entregas extraordinarias compartiendo inteligencia sobre determinados
objetivos. Mark Vadasz, portavoz del Servicio Policial de Seguridad sueco,
declinó hacer comentarios sobre si la agencia había jugado algún papel en los
casos que afectaban a Yusuf y Ahmed. El pasado verano, antes de que fuera
detenido en Djibuti, las autoridades británicas notificaron a la familia de
Hashi que iban a adoptar la inusual medida de retirarle su ciudadanía, citando
sus actividades “extremistas”.
Hashi y su familia han negado la alegación. En 2009, Hashi presentó una
querella oficial por acoso contra el MI5, la agencia de inteligencia interior
británica, diciendo que sus agentes le habían estado presionando para que se
convirtiera en informante.
Un portavoz del Home Office, que emitió la orden de quitarle la ciudadanía,
declinó comentar o decir si los funcionarios británicos habían cooperado con
EEUU en la entrega extraordinaria.
Asim Qureshi, director ejecutivo de CagePrisoners, un grupo británico por los
derechos humanos que ha actuado en nombre de Hashi, dijo que el caso era demasiado débil para
poder presentarlo ante un tribunal europeo.
“Un cínico diría que es más fácil conseguir una condena bajo pruebas falsas
en EEUU que en cualquier otro lugar”, dijo. “ Sólo alegando que alguien es
miembro de al-Shabab no vas a llegar muy lejos en Gran Bretaña. Un juez habría
desechado el caso antes siquiera de comenzar”.
Julie Tate ha colaborado en este informe.
Fuente: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/renditions-continue-under-obama-despite-due-process-concerns/2013/01/01/4e593aa0-5102-11e2-984e-f1de82a7c98a_story.html
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