La asesoría de Alberto González a Bush
sobre cómo
evitar
ser procesado por crímenes de guerra
Jason Leopold
Jueves 18 de junio 2009
El 25 de enero de 2002, en un memo a George W. Bush, Alberto González , en
ese tiempo el abogado principal de la Casa Blanca, recomendó negar las
protecciones de la Convención de Ginebra a los prisioneros acusados de ser
miembros de al-Qaeda y el Talibán, pues hacerlo “reduce substancialmente la
amenaza de un proceso criminal en Estados Unidos bajo la Ley de Crímenes de
Guerra” y “ofrece una defensa sólida contra cualquier proceso en el futuro.”
Dos semanas más tarde, Bush firmó un memorando fechado 7 de febrero de 2002 y
dirigido al vice presidente Dick Cheney, en el cual negó a los prisioneros
al-Qaeda y Talibán las protecciones básicas de la Tercera Convención de Ginebra.
Ese memo, de acuerdo a un reporte bipartidista recientemente publicado por el
comité de fuerzas armadas del Senado, abrió la puerta a “considerar técnicas
agresivas,” las cuales fueron desarrolladas con la complicidad del entonces
secretario de Defensa Donald Rumsfeld, la asesora sobre Seguridad Nacional
Condoleezza Rice, y otros altos funcionarios de Bush.
El informe del comité del 11 de diciembre dice: “La orden del Presidente
cerró la aplicación del Artículo Común 3 de la Convención de Ginebra, el cual
habría permitido estándares mínimos de tratamiento humano a los detenidos de
al-Qaeda o del Talibán.
“Aunque la orden del presidente afirmaba que, como ‘cuestión de política, las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos continuarán tratando humanamente a los
detenidos y, a la medida que sea apropiada y consecuente con la necesidad
militar, de una manera consecuente con los principios de la Convención de
Ginebra,’ la decisión de reemplazar una doctrina militar bien establecida, o
sea, la conformidad legal con las Convenciones de Ginebra, con una política
sujeta a la interpretación, impactó el tratamiento de los detenidos que estaban
en poder de Estados Unidos.”
La Corte Suprema dictó en el 2006, en Hamdan v. Rumsfeld, que los
prisioneros tenían derecho a las protecciones de las Convenciones de
Ginebra.
Muchas de las directivas políticas clasificadas, como el memorando de
González a Bush, ya se han hecho públicas gracias a la demanda que hizo la Unión
de Libertades Civiles Americanas (ACLU), valiéndose de la Ley de Derecho a
Información, contra la administración de Bush, la cual ha resultado hasta el
momento en la publicación de más de 100.000 páginas de documentos que muestran
cómo los oficiales Bush distorsionaron la ley con el fin de construir un marco
legal para la tortura.
Estos documentos ahora están en el sitio web de la ACLU. Pero cientos de los
documentos más explosivos se recopilaron en el libro Administration of
Torture (Administración de Tortura) junto con un fuerte comentario de Jameel
Jaffer, quien dirige el Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, y Amrit
Singh, un abogado de la organización.
Rumsfeld quería un “producto”
El 14 de febrero de 2002, solo una semana después de que Bush firmó el
memorando, Rumsfeld contactó al mayor general Mike Dunlavey y le pidió asistir a
una reunión el 21 ó 22 de febrero, en la cual iba a estar Rumsfeld, Wolfowitz y
otros funcionarios del Departamento de Defensa. En esa reunión, Rumsfeld le dijo
a Dunlavey que quería que supervisara las interrogaciones en las instalaciones
navales de la Bahía de Guantánamo en Cuba. Los prisioneros capturados por el
personal militar estadounidense habían llegado a Guantánamo un mes antes.
Dunlavey era un juez de derecho familiar en el Condado Erie, Pensilvania, cuando
recibió la llamada de Rumsfeld y fue puesto a cargo de los interrogatorios en
Guantánamo.
Rumsfeld le dijo a Dunlavey, de acuerdo a la declaración de testigo que dio
el 17 de marzo de 2005 al teniente general de la Fuerza Aérea Randall Schmidt,
quien estaba investigando las quejas del FBI sobre el maltrato en Guantánamo,
que el Departamento de Defensa había agarrado a “varios hombres malos” y el
secretario de Defensa “quería un producto y quería inteligencia ahora.”
Dunlavey, de acuerdo a una copia de esa declaración, dijo que Rumsfeld
“quería organizar las operaciones de interrogación e identificar a los jefes e
importantes militantes del Talibán, y obtener información sobre lo que iban a
hacer con respecto a sus operaciones y estructura. Inicialmente, me dijeron que
estaría bajo el mando del SECDEF (el secretario de Defensa) y del [Mando Sur de
Estados Unidos]. Las directrices cambiaron y recibí instrucciones del presidente
de Estados Unidos. El SECDEF me dijo que [el presidente] quería que yo regresara
a Washington, DC cada semana para darle informes… La misión fue conseguir
inteligencia para prevenir otro 11 de septiembre.”
Dunlavey no explicó lo que quería decir con: “Recibí instrucciones del
presidente de Estados Unidos.” Pero sus comentarios sugieren que Bush habría
jugado un papel mucho mayor en la interrogación de los prisioneros de lo que ha
admitido. Es más, la declaración de Dunlavey indica que las severas
interrogaciones, como el submarino, pueden haberse realizado más temprano de lo
que se sabía previamente e incluso antes del 1 de agosto de 2002, fecha de la
opinión legal escrita por la Dependencia de Asesoría Legal del Departamento de
Justicia que autorizaba técnicas específicas de interrogación para usar contra
los prisioneros.
De acuerdo a los documentos obtenidos por la ACLU, ya en diciembre de 2001
oficiales militares de alto rango habían comenzado a implementar un programa de
la Fuerza Aérea y del Ejército para entrenamiento en la sobrevivencia, llamado
Sobrevivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE), con la finalidad de
preparar a los soldados estadounidenses para resistir el maltrato que podrían
sufrir si fueran capturados por un régimen renegado.
En junio de 2004, el general James Hill del Mando Sur, la unidad de mando del
Departamento de Defensa responsable por las operaciones militares en América
Central y del Sur y el Caribe, sostuvo una reunión de prensa y confirmó que las
técnicas de interrogación específicamente autorizadas por Rumsfeld para su uso
en Guantánamo se derivaron de la escuela de SERE. En octubre de 2002, Dunlavey
escribió a Hill para pedir su autorización de que se les diera a los
interrogadores la autoridad de usar métodos no incluidos en el Manual de Campo
del Ejército para extraer información de los prisioneros.
Dunlavey, en sus argumentos a Hill sobre la autorización de técnicas más
agresivas, adjuntó una copia del memorando de Bush del 7 de febrero de 2002, en
ese tiempo clasificado, con un análisis que afirmaba: “puesto que los detenidos
no son [prisioneros de guerra enemigos] , las limitaciones de la Convención de
Ginebra que generalmente se aplican a la interrogación de enemigos capturados no
son vinculantes para los empleados de Estados Unidos”.
Hill envió la petición de Dunlavey al general Richard Myers, presidente del
Estado Mayor. Myers la discutió con William Haynes II, el abogado general del
Departamento de Defensa, quién informó de ella al subsecretario de Defensa Paul
Wolfowitz y el subsecretario de Defensa para Asuntos de Política, Doug Feith.
Por último, la petición llegó a Rumsfeld, quien la aprobó de acuerdo a los
documentos.
Jaffer y Singh de la ACLU señalan en Administration of Torture: “Los
documentos establecen que altos funcionarios en Washington, incluyendo al
abogado principal de la Casa Blanca, Alberto González, crearon un marco legal
que permitiera el maltrato y la tortura de prisioneros. Establecen que el
secretario de Defensa Donald Rumsfeld, apoyándose en ese marco legal, autorizó
expresamente el uso de métodos de interrogación – incluyendo los métodos de SERE
– que fueron más allá de aquellos endosados por el Manuel de Campo del Ejército.
Establecen que Rumsfeld y el general Geoffrey Miller dirigieron la
implementación de los nuevos métodos de interrogación autorizados y supervisaron
de cerca la interrogación de los prisioneros considerados de alto valor.”
El FBI pone objeciones
A principios de diciembre de 2002, unos oficiales del FBI quienes habían
participado en interrogaciones en Guantánamo se quejaron a Miller de que los
métodos usados contra los prisioneros en Guantánamo eran ilegales. Pero Miller
no se mostró receptivo. Eso llevó a los oficiales del FBI a concluir que
Rumsfeld y altos funcionarios de la administración de Bush estaban tomando
decisiones acerca de las interrogaciones en particular.
El 16 de diciembre de 2002, un correo electrónico escrito por un oficial del
FBI expresó su frustración de que el Departamento de Defensa no quisiera ceder
ni un ápice en cuanto a sus métodos controversiales de interrogación.
Dijo: “Me parece que estamos atascados en el pantano en cuanto al enfoque de
entrevista del ejército contra el de hacer cumplir las leyes”.
En mayo de 2004, Miller le dijo al comité de Fuerzas Armadas del Senado que
había informado a Wolfowitz y al subsecretario de Defensa Stephen Cambone acerca
de su plan de “Gitmo-izar” la prisión de Abu Ghraib [nota del traductor: es
decir, imponer las prácticas de Guantánamo en Abu Ghraib].
Ese mes, un correo electrónico escrito en el 2004 por un importante agente
del FBI en Irak declaraba específicamente que el presidente George W. Bush había
firmado una orden ejecutiva que aprobaba el uso de perros militares, la
privación de sueño, y otras tácticas para intimidar a los detenidos
iraquíes.
Ese correo electrónico, fechado 22 de mayo de 2004, se escribió después de
las revelaciones sobre el maltrato a los detenidos iraquíes en la prisión de Abu
Ghraib y buscaba asesoría sobre la obligación de los agentes del FBI en Irak de
dar parte de la interrogación severa que les hacía el ejército americano a los
prisioneros, cuando ese tratamiento violara los estándares del FBI aunque
correspondiera a las directrices de la orden ejecutiva presidencial.
De acuerdo al correo electrónico, la orden ejecutiva de Bush autorizaba que
los interrogadores usaran perros militares, “posiciones estresantes,” el
“control” del sueño, la música alta y la “privación sensorial mediante el uso de
capuchas, etc.” para extraer información de los detenidos en Irak.
En mayo de 2004, el correo electrónico del FBI afirmó que el equipo de
interrogación del FBI entendía que a pesar de las revisiones a la orden
ejecutiva tras el furor sobre el maltrato en Abu Ghraib, la aprobación
presidencial de las tácticas duras de interrogación no se había rescindido.
El autor del correo del FBI escribió: “Me han dicho que todas las técnicas de
interrogación previamente autorizadas por la Orden Ejecutiva están vigentes
todavía pero que ciertas técnicas solo pueden usarse si la autoridad viene de un
nivel muy alto.”.
Agregó: “También hemos instruido a nuestro personal a no participar en
interrogatorios de parte de personal militar que pueden incluir técnicas
autorizadas por la Orden Ejecutiva, pero que van más allá de los límites del
FBI”.
La Casa Blanca ha negado enfáticamente que tal orden ejecutiva presidencial
existiera, diciendo que el oficial del FBI que escribió el correo está “errado.”
Antes del 22 de mayo 22 de 2004, otros agentes del FBI habían enviado a Valerie
Caproni, la abogada principal del FBI, varios correos electrónicos escritos ese
mismo mes que afirmaban que los detenidos estaban siendo torturados, antes de
que el agente anónimo enviara a Caproni el correo que citaba la supuesta orden
ejecutiva de Bush.
En 9 de julio de 2004, el Departamento de Inspecciones del FBI distribuyó un
correo electrónico que preguntaba a los agentes estacionados en Guantánamo si
habían visto “tratamientos agresivos, interrogatorios o técnicas de entrevista…
las cuales no concordaban con las directrices o políticas de entrevista del
FBI.”
Más de dos docenas de agentes respondieron que habían observado muchas veces
el maltrato a los detenidos. Un agente del FBI escribió que, a pesar de las
declaraciones públicas de Rumsfeld al contrario, los métodos de interrogación
“fueron aprobados desde altos niveles del Departamento de Defensa (“DoD”).
Además de Rumsfeld, los correos electrónicos del FBI decían que Paul Wolfowitz,
un funcionario de la administración de Bush quien en gran parte se ha escapado
del escrutinio en el debate sobre la tortura, aprobó los métodos usados en
Guantánamo.
En 2006, Miller recibió una Medalla de Servicio Distinguido por su “servicio
excepcionalmente meritorio.” Dunlavey es un juez del Condado Erie.
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