ACLU: EEUU no deja que otras 2 inmigrantes detenidas
aborten
Protestas en clínicas abortivas de Planned Parenthood, en una imagen de archivo | |
JESSICA GRESKO / The Associated Press
DICIEMBRE 16, 2017
WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump está impidiendo que dos inmigrantes
adolescentes sin autorización que están detenidas puedan abortar, denunció la
Unión Americana de Libertades Civiles. Este caso es parecido a otro que conllevó
a una pelea judicial de alto perfil hace unos meses antes.
Las muchachas llegaron a Estados Unidos como menores no acompañadas y están en
centros federales de detención, afirmó la ACLU (siglas en inglés del organismo
sin fines de lucro) sin indicar dónde exactamente. Hace unos meses, la organización
ayudó a una inmigrante adolescente embarazada en Texas a que pudiera
abortar mediante una demanda interpuesta a su nombre.
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detenidas por ICE exigen mejor atención
El viernes por la noche, la ACLU presentó documentos judiciales actualizando la demanda
anterior para incluir a las dos nuevas adolescentes. En los nuevos documentos
que presentó, dijo que los hechos de los casos son parecidos. La organización
solicitó a un juez federal que ordene al gobierno no interferir ni obstruir el
acceso de las adolescentes a un aborto.
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“Las dos menores le han pedido a sus médicos respectivos y a centros de detención que se
les conceda abortar, pero hasta la fecha” el gobierno “no les ha permitido
tener acceso a un aborto”, escribió la ACLU.
El juez que lleva el caso programó una audiencia para el lunes. Ese mismo magistrado falló
previamente en favor de la primera demandante apoyada por la ACLU, la cual no
fue identificada por su nombre sino solo como Jane Doe.
Los abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en
inglés), que es el responsable de dar albergue a los niños que ingresan al país
sin ninguno de sus padres ni permiso legal, han dicho que la dependencia tiene
como política “rehusarse a facilitar” abortos.
La Administración de Asuntos de Niños y Familias, perteneciente al HHS, dijo el
viernes que “los menores en este caso _que ingresaron al país ilegalmente_
tienen la opción de partir voluntariamente a su país natal o hallar un
patrocinador adecuado. Si optan por no usar estas opciones, el HHS no cree que
tengamos la obligación de facilitar el aborto".
En papeles del tribunal, la ACLU identifica a las dos adolescentes adicionales solo como
Jane Roe y Jane Poe. Dice que Jane Roe, de 17 años, se enteró que estaba
embarazada a fines de noviembre, cuando le hicieron un examen médico mientras
se encontraba bajo custodia federal. Decidió abortar, pero no se le ha
permitido, escribió la ACLU. La adolescente quería poner fin a su embarazo al
tomar medicinas que en esencia producen un aborto espontáneo, pero debido a la “obstrucción”
del gobierno “ahora ya se pasó del período para tener un aborto inducido por
medicinas”, agregó. Tiene unas 10 semanas de embarazo, según se indica en un
texto de la corte.
Los documentos contienen menos información sobre las circunstancias de la segunda
adolescente, Jane Poe, de quien también se dice que “conversó con un médico
sobre sus opciones para el embarazo, y decidió abortar” pero no ha podido
recibir la atención para hacer esto, escribió la ACLU. La demanda dice que ella
“se está acercando rápidamente al límite para poder abortar en el estado en el
que está detenida”.
El caso que manejó la ACLU anteriormente y que involucró a Jane Doe se refería a una chica
de 17 años que ingresó a Estados Unidos ilegalmente en septiembre y estaba
detenida en centro federal de detención en Texas. Allí se enteró que estaba
embarazada y obtuvo una orden de un tribunal estatal para poder abortar.
Las autoridades federales se negaron a transportarla o a liberarla temporalmente
para que otras personas pudieran llevarla a que le hicieran el aborto.
Eventualmente pudo abortar, después de que tribunales federales la apoyaron,
pero el gobierno de Trump acusó a los abogados de la ACLU de engañar a las
autoridades federales durante este caso. Washington dice que las acciones de
los abogados de la ACLU le privaron a los abogados gubernamentales de la
oportunidad de pedirle a la Corte Suprema que bloqueara el procedimiento, al
menos en forma temporal.
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