Trump pone en peligro la concesión del estatus de refugiado a víctimas de violencia machista
La postura contra la inmigración de la nueva administración pone en peligro la emblemática sentencia de 2014 que
daba un halo de esperanza a las mujeres que huyen de sus países por motivos de
violencia machista
Un tribunal de Arizona ha concedido recientemente el asilo a Elbia, una guatemalteca que huyó con su hijo
de cuatro años de su novio maltratador
Molly Redden
eldiario.es/The Guardian
11 de abril de 2017
En Guatemala, la violencia contra las mujeres es un problema social a nivel nacional. EFE
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Cuando Elbia huyó de su pequeña aldea en Guatemala dejó atrás años de abusos a manos
de su novio. El punto crítico fue cuando este le pegó tanto que quedó atrapada
entre las tablas del somier de la cama. Poco después, ella y su hijo de cuatro
años se adentraron en las montañas que se alzan por encima de la casa de su
familia —el primer paso de un camino de meses hasta Estados Unidos—.
Ahora, Elbia, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, se encuentra en
el final de ese doloroso viaje. Recientemente se presentó ante un tribunal de
inmigración en Eloy, Arizona, para pedir asilo en Estados Unidos.
“Empiezo a comprender que lo que me pasó no era mi culpa y que tengo derechos”, afirmó
en su solicitud al tribunal. “Este es mi sueño, vivir una vida sin violencia”.
Los activistas de inmigración han estado batallando por el destino de las mujeres
como Elbia durante más de una década. Defendiendo que las personas que huyen de
la violencia machista deberían tener derecho al asilo, han obtenido victorias
cruciales en los tribunales para víctimas de la mutilación femenina, los
matrimonios forzados y la violencia homófoba.
En 2014, el alto tribunal de inmigración del país emitió una sentencia emblemática
en la que daba el derecho al asilo en Estados Unidos a las mujeres que escapan
de la violencia machista generalizada. Sin embargo, bajo la presidencia de un
hombre que dirige una ola de sentimiento antinmigración, los activistas temen
que estos logros y los futuros estén en peligro.
Las acciones de Trump
En su conjunto, las diversas órdenes ejecutivas de Trump sobre la inmigración
complicarán a los solicitantes de asilo llegar a Estados Unidos, les obligarán
a pasar más tiempo en detención y harán más difícil que tengan éxito en los
tribunales si no se rinden antes, afirman los activistas. La orden original de
Trump en inmigración —el veto migratorio— llevó incluso a algunos
agentes de aduanas y protección de fronteras a impedir a los solicitantes de
asilo rellenar nuevas solicitudes.
Otro documento, publicado por el Departamento de Justicia ha empezado a transformar
lo que solía ser una evaluación honesta de la credibilidad de un solicitante de
asilo en algo más cercano a una plena audiencia judicial.
Los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur siempre han tenido que pasar
una fase de credibilidad antes de que su caso llegue a un juez. Sin embargo,
los estándares de las pruebas se han intensificado en las audiencias de credibilidad
y es como si los solicitantes de asilo tuviesen que ganar su caso dos veces —y
en las audiencias de credibilidad, no existe la oportunidad para presentar
pruebas o testigos—.
“El efecto acumulativo de las órdenes es hacer mucho más difícil que los
solicitantes lo logren”, explica Karen Musalo, directora del Center for Gender
& Refugee Studies (CGRS) que, junto con el Proyecto Florence, representa a Elbia.
Jeff Sessions, el nuevo fiscal general y un clásico crítico contra la inmigración,
tiene el poder de anular personalmente al tribunal de inmigración de mayor
instancia. Y existen peticiones para que suspenda la emblemática sentencia de 2014.
Los activistas contra la inmigración siempre han deseado una revocación absoluta de
décadas de política de asilo. Y ahora esos grupos gozan de la atención de la administración.
“No somos un refugio para mujeres maltratadas”
Elbia tenía 14 años cuando un chico de 15 se le acercó en un festival del pueblo y le
presionó para que fuese su novia. Él insistió, negándose a aceptar un “no” como
respuesta. Cuando ella tenía 16, ya estaba viviendo con él en la casa de la
familia del chico.
Fue tras dar a luz cuando él empezó a abusar de ella. Aparte de pegarle, su novio
gastaba tanto en alcohol que apenas había dinero para alimentar a su hijo.
Cuando se negó a tener otro, él la violó. La amenazó con matarla. Durante tres años,
recuerda, “ni me acuerdo de todas las veces que me pegó y me violó”.
La ley de asilo de Estados Unidos protege a las personas perseguidas por su raza,
religión, nacionalidad, opinión política y grupo social particular. No protege
explícitamente a las personas perseguidas por su género, pero una serie de
sentencias judiciales ha reconocido grupos específicos de mujeres como “grupos
sociales particulares” protegidos.
La sentencia de 2014 reconoce “a las mujeres casadas en Guatemala que no pueden
dejar su relación” y da a las mujeres una base sólida para hacer sus
solicitudes de asilo.
El argumento que da validez a la sentencia es el siguiente: en Guatemala, la violencia machista contra las mujeres es un problema social y generalizado. Las fuerzas
de seguridad en el país son reticentes e incapaces de frenar a los maltratadores por
su actitud respecto a los derechos de las mujeres. La violencia machista
no es un problema doméstico y privado, sino un problema cultural a nivel
nacional similar a la mutilación genital o el matrimonio forzado.
El argumento en contra de conceder el asilo a mujeres como Elbia es que hay muchas
mujeres como ella. “Nuestro país no es un refugio para mujeres maltratadas”,
afirmó la agitadora conservadora Ann Coulter en el programa de radio de Sean
Hannity. “No estamos aquí para hacernos cargo de todos los casos de caridad del
mundo”, añadió.
El poder judicial, dividido
Los activistas en favor de la inmigración señalan que ya es extremadamente difícil
para las mujeres solicitar asilo en EEUU por violencia machista. En los últimos
seis años, de acuerdo con un análisis realizado por investigadores sobre
tendencias judiciales de la Universidad de Siracusa, el sistema de inmigración
estadounidense se ha polarizado cada vez más entre los jueces que aprueban
abrumadoramente las solicitudes de asilo y los que las rechazan. Las
diferencias han aumentado tanto que el mejor indicador para conocer el
resultado del caso es saber el nombre del juez asignado.
En la actualidad, las posibilidades se han inclinado en contra de los solicitantes de
asilo. Las negativas han crecido a un ritmo sin precedentes de 2015 a 2016. La
gente de México, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde varios tipos de
violencia obligan a la gente a huir, son los que menos posibilidades tienen de
ganar sus casos.
La solicitud de asilo de Elbia se presentó como el caso perfecto en este escenario
hostil. Los hechos en su caso son prácticamente idénticos a los de la
emblemática sentencia de 2014 y sus abogados convocaron a un grupo de testigos
expertos de élite para testificar sobre el peligro —persecución, en sus propias
palabras— a la que se enfrentaría Elbia si volviese a Guatemala. El caso se
desarrolla en Arizona, donde los jueces de inmigración tienen la tasa de
rechazo por los cielos.
Un juez escuchó su caso el 17 de febrero. En menos de una semana, el juez llamó a
sus abogados para decirles que le otorgaban el asilo. Elbia se podía quedar.
Mujeres sin protección
Pero muchos otros no tendrán tanta suerte, teme uno de sus abogados. “Que haya hecho
falta un experto nacional en el tema para trabajar en el caso, desarrollar el
testimonio a favor y preparar importantes recursos para ganar lo que debería
ser un caso bastante claro lo dice todo”, explica Blaine Bookey, abogada de CGRS.
Y estos son solo los obstáculos que se ha encontrado dentro de las fronteras
estadounidenses. En su declaración jurada, Elbia relató un viaje de meses de
duración que casi le cuesta la vida. “Dormí bajo los árboles y en una cueva”,
contó. “Encontré huesos de personas muertas en el desierto”. Pero la
alternativa, explicó, era aún más terrible.
“Mi suegra me dijo que fue varias veces a la policía para interponer una denuncia
contra su propio marido, pero que no hicieron nada por ayudarla”, indicó.
Si se hubiese quedado en Guatemala, aseguró que su pareja hubiese contratado a un
miembro de una pandilla para encontrarla. “El Gobierno no me hubiese dado ninguna
protección, da igual en qué parte del país estuviese”, explicó. “Las mujeres no
encuentran protección. Tienen que sufrir hasta que finalmente son asesinadas”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
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