Grupos estadounidenses destinan millones de dólares a
campañas antiaborto en América Latina
The Guardian revela que grupos provida de EEUU usan métodos sofisticados y financian
asociaciones locales para tratar de impedir posibles reformas a las
estrictas leyes antiaborto de la región
Angelika Albadalej- Medellín / Bogotá
eldiario.es/The Guardian
28 de octubre de 2017
Activistas celebran la aprobación de la nueva ley del aborto en Chile
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Grupos estadounidenses contra el aborto están coordinando
y financiando una campaña para restringir el acceso al aborto en Latinoamérica
y el Caribe.
The Guardian ha descubierto que las organizaciones han destinado
millones de dólares en la región, que tiene una de las legislaciones más
estrictas contra el aborto, para combatir las voces que luchan para
despenalizar las interrupciones de embarazos, y también para dificultar el
acceso a clínicas que ofrecen estos servicios.
En julio, the Guardian informó que
Human Life International (HLI), una organización católica sin ánimo de lucro
del estado de Virginia, destinó más de 600.000 dólares (unos 510.160 euros) a
sus misiones en Centroamérica entre 2008 y 2014, y que un grupo en El Salvador,
Fundación Sí a la Vida, recibió más de 47.000 dólares (alrededor de 39.938
euros) a lo largo de siete años.
Ahora ha salido a la luz que al menos dos organizaciones
más con sede en Estados Unidos -40 Days of Life (40 Días de Vida) y Heartbeat
International (Latido Internacional)– están formando a activistas antiaborto,
abriendo centros e inyectando dinero en la región.
Grupos provida profesionalizados
Natalia Acevedo Guerrero, de Profamilia, el mayor
servicio de atención a la salud reproductiva en Colombia, dice: "Estamos
acostumbrados a la oposición, pero en los últimos años hemos visto cómo los
grupos antiaborto se han organizado mucho más. Se han profesionalizado. Ya no
son señoras mayores con rosarios. Son abogados con un discurso sofisticado,
tienen grupos de presión...Tienen dinero, tienen gente en los juzgados, tienen
gente en el Congreso".
El aborto está prohibido en países como República
Dominicana, El Salvador y Nicaragua, y muchos de los otros países de
Latinoamérica sólo lo permiten en circunstancias muy limitadas. Sin embargo,
medidas para liberalizar las leyes están teniendo algo de éxito. En
agosto, Chile revocó la ley que prohibía por completo el aborto para permitirlo en casos en los que la vida de
la mujer estuviese en peligro, y en El Salvador se está discutiendo hacer lo mismo.
La gran mayoría de estos fondos estadounidenses se
emplean en desarrollar una red de "centros de crisis del embarazo"
que según los críticos están destinados a persuadir a las mujeres para que no
aborten. El número de centros, 130, ha aumentado más del doble entre 2012 y 2015.
Entre 2010 y 2015, HLI dirigió más de 1,3 millones de
dólares (alrededor de 1,1 millones de euros) a socios antiaborto en
Latinoamérica y el Caribe, según documentos de la declaración de impuestos vistos
por the Guardian. Durante cuatro décadas, HLI ha ayudado a
desarrollar una red de grupos que se extiende por más de 20 países.
Una extensa red de centros antiaborto
Adolfo Castañeda, el director de educación destinado a la
comunidad hispana de HLI, dice que cada centro en la red opera de manera
independiente, dando acceso a muchos "materiales educativos" en
español, como cursos de formación online, programas de vídeo y de radio, así
como conferencias y talleres.
"No gestionamos la red, pero colaboramos
estrechamente con ella, en el sentido en que les proveemos con materiales
educativos que la gente que trabaja en esos centros emplea para educar a las
embarazadas, en relación con el aborto, para convencerlas a que no
aborten", dice Castañeda.
"Servimos de intermediarios entre organizaciones que
tienen dinero para financiar [centros de crisis del embarazo]" añade
Castañeda. "Por ejemplo, si hay una fundación católica que quiere donar,
vamos a decir 10.000 dólares a un centro en Bolivia, ayudamos a la fundación,
traducimos cualquier formulario que necesiten y servimos de canal para que el
dinero les llegue".
Castañeda dice que HLI trabaja con asesores jurídicos
estadounidenses para proporcionar estrategias a los abogados y grupos de
presión locales que pueden emplear para "educar y luchar políticamente
contra las leyes antivida y en favor de leyes provida".
Latido Internacional, que lleva una de las redes más
grandes de centros en Estados Unidos y a nivel internacional, expandió su red
de alcance global a Latinoamérica y el Caribe en 2013. Jay Jobbs, su director
de marketing y comunicaciones, dice que están centrados en la educación y la
formación "para que las mujeres en localidades de todo el mundo puedan
tener decisiones positivas alternativas al aborto".
Entre el 2013 y el 2015 dieron 15.925 dólares (unos
13.542 euros) a socios latinoamericanos, según declaraciones de impuestos en
Estados Unidos. También ayudan a recibir y
transferir donaciones de otros grupos antiaborto estadounidenses y personas individuales.
La desinformación como herramienta
Servicios de atención a la salud reproductiva y
defensores de los derechos humanos en Colombia, donde estas organizaciones se
están afianzando cada vez más, dicen que muchos de estos centros se construyen
con el fin de parecer clínicas normales. El director de una clínica de aborto
legal en la capital colombiana, Bogotá, que pide no ser nombrado, dice que sus
trabajadores han documentado múltiples casos en los que pacientes han visitado
por accidente centros de crisis del embarazo, donde los activistas antiaborto
"les hicieron sentir culpables, estigmatizadas, acosadas y presionadas
para seguir adelante con sus embarazos".
La desinformación es una forma de crear barreras y
obstáculos al acceso [al aborto]", dice Cristina Rosero Arteaga, abogada
del grupo de defensa Women’s Link Worldwide.
"Hay muchas mujeres que desconocen sus derechos.
Nuestra preocupación es que las mujeres necesitan tener acceso a información
que sea veraz y no esté distorsionada".
Katharine O’Brien, de la organización, basada en Texas,
40 Días de Vida, que lleva trabajando en la región desde 2011, dice que los
centros son vitales: "Es muy simple. La cantidad de formación que hace
falta para estar realmente inspirado por esto es muy pequeña. Puedes explicarlo
todo en una sesión".
O’Brien forma a locales sobre cómo llevar a cabo
protestas "entregadas a la oración". Se entrena a los activistas en
"asesoramiento a pie de calle" fuera de las clínicas de aborto para
dar a las mujeres "otras opciones" y "ayudarlas a pasar por el
que tiene que ser el momento más difícil de sus vidas".
Más abortos ilegales y en malas condiciones
Representantes de dos de los principales servicios de aborto en Colombia dicen que esto pone vidas en
riesgo. "Las mujeres no dejan de inclinarse por el aborto", dice el
director de la clínica en Bogotá. "En su lugar, buscan estos servicios en
clínicas en las que no haya una gran presencia [de estos activistas provida]...Muchos
de estos lugares no son legales y no son seguros".
Alrededor del 75% de todos los abortos en la región son ilegales y cada año 760.000 mujeres son tratadas por complicaciones derivadas de abortos no seguros.
"Si hay algo que hemos aprendido de cómo operan estos grupos anti-derechos humanos es que culpan a las
mujeres por ser mujeres", dice la directora de la clínica en Bogotá.
"Empiezan cuestionando qué vida es más importante, y la conclusión final a
la que llegan es que las vidas de las mujeres no importan", dice Sandra
Mazo Cardona, directora de Católicas por el Derecho a Decidir-Colombia, una
organización católica feminista.
"La gente tiene derecho a tener sus creencias y a trabajar hacia un objetivo común que sea justo y
loable. Pero no puede estar basado en la intimidación".
Traducido por Marina Leiva
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