EEUU utilizó una base de datos de matrículas de
vehículos para rastrear a inmigrantes en situación irregular
Documentos prueban que agentes de inmigración tuvieron acceso a bases de datos
con información de matrículas de coches, recopilada por decenas de gobiernos
locales, para el arresto y la deportación de personas en situación irregular
Los agentes de inmigración afirman en los archivos que la base de
datos ofrecía "un método y sistema extremadamente exitoso a la hora
de ubicar y detener objetivos"
"Es una tecnología de vigilancia masiva que es realmente una forma de abuso",
afirma Vasudha Talla, integrante de la ACLU, que ha obtenido los
documentos
Sam Levin
The Guardian/eldiario.es
16 de marzo de 2019
Imagen de archivo de una protesta en EEUU. EFE
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Más de 80 organismos de seguridad de Estados Unidos han aceptado compartir con el Servicio de Aduanas y Migración (ICE, por
sus siglas en inglés) información sobre matrículas de vehículos para apoyar las
tareas de arresto y deportación de migrantes en situación irregular, según los
documentos internos a los que ha tenido acceso la Unión Americana por las
Libertades Civiles (ACLU).
Los documentos obtenidos por la
ACLU demuestran que el ICE tuvo acceso a bases de datos con
información de matrículas de coches recopilada por decenas de distritos en todo
EEUU, y estos datos ayudaron al ICE a rastrear a las personas en tiempo real.
Correos electrónicos revelan que la Policía también aportó de forma
informal datos sobre los conductores a los agentes de inmigración, brindando
detalles que, según la ACLU, pueden violar las leyes locales y las propias
normativas de privacidad del ICE.
Los archivos, que la organización obtuvo gracias a una petición de documentos
públicos, han hecho saltar las alarmas sobre la forma en que el ICE sigue el
rastro a inmigrantes y la forma en que las fuerzas policiales locales ayudan al
Gobierno de Donald Trump en su política de deportaciones.
"Es una invasión de la privacidad enorme", dice a The Guardian
Vasudha Talla, abogada y integrante de la ACLU. "El rastreo
y los datos de la ubicación de una persona aportan datos íntimos sobre su vida.
Se puede saber lo que alguien hace minuto a minuto".
Los documentos, a los que tuvo acceso The Guardian, muestran que:
- Como apoyo a sus "operaciones de seguridad y deportaciones" y a
sus investigaciones, ICE firmó un contrato de 5,3 millones de euros con la
Thomson Reuters Corporation con el objetivo de tener acceso a una base de datos
de lectura de matrículas de vehículos gestionada por Vigilant Solutions, una empresa
privada de analítica de datos, con vigencia hasta septiembre de 2020.
- El contrato implica que las empresas compartan con el ICE información
sobre ubicación de matrículas recogida con fines comerciales en las "50
áreas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos". El ICE también
podría aceptar datos adicionales recogidos por organismos de seguridad locales
y estatales que ya estén utilizando el software de Vigilant.
- El ICE animó a sus agentes a solicitar a las fuerzas de seguridad locales
acceso a sus bases de datos, y el software de Vigilant podía facilitar esas solicitudes.
- La base de datos ofrecía "un método y sistema extremadamente exitoso a
la hora de ubicar y detener objetivos", afirmó ICE en los documentos
del contrato. Si la agencia no tenía acceso a esa información "la tasa de
arrestos podía reducirse hasta en un 20%".
El avance de la tecnología de reconocimiento automático de matrículas de
vehículos, que permite que las cámaras tomen imágenes de las matrículas y las
asocien a una ubicación específica, ha generado en los últimos años fuertes
críticas de grupos de defensa de las libertades civiles.
Activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes aseguran que el uso de estos
datos por parte del ICE aumenta la capacidad de la agencia para vigilar y
arrestar inmigrantes en situación irregular.
Más de 9.000 empleados con acceso a la base de datos
Un documento de Vigilant, titulado Informe sobre el acceso a datos de la agencia,
contenía la lista de unos 80 organismos de los que estaba recibiendo
datos el ICE. La lista incluía algunas fuerzas policiales del estado de
California, que aprobó una ley local de "estado santuario" que
prohíbe a las policías locales colaborar con el ICE. Según un correo
electrónico, más de 9.000 empleados del ICE tienen acceso a la base de datos.
Los documentos prueban que el ICE permitió a sus agentes de casos de inmigración
buscar en la base de datos archivos de hasta cinco años de antigüedad. Talla
argumenta que esa ventana temporal abre la posibilidad de involucrar también a
conocidos de la persona que está siendo investigada o a cualquiera que haya
estado relacionado con esa matrícula de coche durante ese período de tiempo.
"Es una tecnología de vigilancia masiva que es realmente una forma de
abuso", afirma Talla.
Las materiales de formación para los agentes del ICE que se incluían en los
documentos contenía una guía paso a paso sobre cómo solicitar este tipo de
datos a cualquier otro organismo de seguridad y también un mapa de las
jurisdicciones de los organismos de seguridad que podían proporcionar
información a la base de datos de Vigilant.
Peticiones informales
ACLU también descubrió que el ICE había solicitado informalmente ayuda de vigilancia
a fuerzas policiales locales. Correos electrónicos prueban que un detective de
la Policía del condado Orange, en California, realizó repetidas
búsquedas en la base de datos en respuesta a solicitudes de un
especialista en investigaciones criminales del ICE. Al parecer, los dos hombres
han trabajado a menudo juntos a lo largo de varios años. El empleado de ICE le
daba al detective detalles sobre investigaciones de inmigración (como por
ejemplo, la página de Facebook de una persona investigada) y el detective le
respondía con la información de la matrícula del coche de esa persona.
En un correo electrónico, el detective le escribió al empleado del Ice "Te ayudo
:)", junto con un informe. En otro intercambio de mensajes, después de que
el empleado del ICE se disculpara por pedirle más informes, el detective le
respondió: "Vamos, realmente no te molesta pedirme informes… :)".
ACLU afirma que estos intercambios sugieren que el ICE no está siguiendo sus propias
normativas de privacidad, que requieren un procedimiento más formal para
solicitar información y justificar el acceso de la agencia de inmigración
a datos específicos.
Después de que ACLU hiciera públicos los documentos el miércoles por la
mañana, The Guardian se puso en contacto con el ICE, Vigilant y Thomson
Reuters para conocer su versión. Ya anteriormente Vigilant se había negado a
comentar su vínculo con el ICE y, en respuesta a críticas a su colaboración con
fuerzas de seguridad, ha dicho que ellas son las propietarias de las bases de
datos de matrículas de vehículos y ellas deciden si las comparten.
El ICE también defendió su uso de información sobre matrículas de vehículos en
investigaciones del año pasado, afirmando que la agencia no tenía una base de
datos propia y que los contratistas debían cumplir "estrictos"
requisitos de seguridad.
ACLU eclama a las ciudades que pongan fin a los contratos para la vigilancia de
matrículas de vehículos, que no se comparta este tipo de datos con el ICE y que
se aprueben normativas de privacidad proactivas que obliguen a supervisar a la
Policía cuando adquiere este tipo de tecnología de vigilancia.
Traducido por Lucía Balducci.
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