42 millones de dólares para los detenidos de Abu Ghraib en un juicio por torturas contra una empresa de
defensa estadounidense
Sanya Mansoor, The Intercept, 12 noviembre 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Foto: Un iraquí espera la liberación de su familiar detenido
en la prisión de Abu Ghraib, Iraq, el 21 de mayo de 2004. (Wathiq Khuzaie/Getty Images).
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Un jurado federal declaró el martes por primera vez a un contratista de defensa legalmente responsable de
contribuir a los malos tratos infligidos a los detenidos en Abu Ghraib.
El jurado concedió un total de 42 millones de dólares a tres hombres iraquíes -un periodista, el director
de un centro de enseñanza media y un vendedor de fruta- que estuvieron
recluidos en la tristemente célebre prisión hace dos décadas. Los demandantes
acusaban a la empresa CACI, con sede en Virginia, contratada por el gobierno
estadounidense para prestar servicios de interrogatorio en Abu Ghraib, de
conspirar con soldados estadounidenses para torturar a los detenidos.
El veredicto del martes supone una rara victoria para los demandantes que pretenden llevar ante la
justicia a las empresas estadounidenses por su participación en la llamada
guerra contra el terrorismo.
«Lo que el jurado ha hecho hoy es enviar un mensaje muy claro de que los contratistas que van a la guerra
o trabajan con el gobierno en el extranjero tendrán que rendir cuentas por su
papel en cualquier violación que cometan sus empleados», dijo Katherine
Gallagher, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, que representó a
los demandantes, en una conferencia de prensa el martes por la tarde. «Tienen
que supervisar mucho mejor a sus empleados para garantizar que algo como lo que
ocurrió en Abu Ghraib no vuelva a ocurrir».
Según Stjepan Meštrović, profesor de sociología de la Universidad A&M de Texas y testigo experto en
múltiples consejos de guerra contra soldados que sirvieron en Abu Ghraib, el
caso dependía en gran medida de la definición jurídica de conspiración, que no
requiere un acto manifiesto, pero que también puede incluir la cooperación con
otros que participen en torturas. «Esta sentencia abre la puerta a futuras
determinaciones de responsabilidad basadas en la conspiración para cometer
crímenes de guerra por parte de contratistas civiles y otros auxiliares de las
fuerzas militares», afirmó en una declaración enviada por correo electrónico.
CACI había alegado que, si bien se produjeron abusos en Abu Ghraib, fue en última instancia el Ejército el
responsable de esta conducta, aunque empleados de CACI pudieran haber estado
implicados. El contratista de la defensa también argumentó que no había pruebas
definitivas de que su personal abusara de los tres hombres iraquíes que presentaron
la demanda, y que podrían haber sido soldados estadounidenses quienes los
torturaran. El jurado no consideró convincente ese argumento.
Un abogado de CACI no respondió ante una solicitud de comentarios.
La indemnización monetaria para los demandantes incluye 3 millones de dólares para cada uno por daños
compensatorios y 11 millones de dólares para cada uno por daños punitivos. Sus
abogados dicen que eso es lo que solicitaron. Baher Azmy, director jurídico del
Centro de Derechos Constitucionales, dijo en una conferencia de prensa el
martes que el veredicto «envía un fuerte mensaje de que este tipo de mala
conducta corporativa, y la negligencia y la imprudencia y la desviación, son
indignantes y merecen ser castigadas».
El caso se presentó hace 16 años, pero quedó atrapado en toda una serie de obstáculos procésales, ya que
CACI intentó más de 20 veces desestimar la demanda. El caso de noviembre era un
nuevo juicio; en un juicio inicial celebrado en abril, los miembros del jurado
no llegaron a un acuerdo tras más de una semana de deliberaciones. El juez
declaró el juicio nulo. Ese juicio, celebrado a principios de este año, supuso
también la primera vez que un jurado estadounidense escuchaba directamente a
los iraquíes detenidos en Abu Ghraib.
La demanda se interpuso por primera vez en 2008 al amparo de la Ley de Agravios contra Extranjeros, que
permite a los no ciudadanos llevar ante un tribunal federal estadounidense
casos de claras violaciones del derecho internacional, como la tortura, cuando
existe una conexión sustancial con Estados Unidos. «Fue Estados Unidos quien
invadió Iraq, fue Estados Unidos quien detuvo a nuestros clientes y fue una
empresa estadounidense quien se benefició de sus torturas y abusos», declaró
Gallagher en la rueda de prensa del martes.
Que Al Shimari versus CACI haya sobrevivido a tantos obstáculos procesales es impresionante, señala Shirin
Sinnar, profesora de Derecho de la Universidad de Stanford, en una declaración
enviada por correo electrónico. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha
dificultado el enjuiciamiento de casos relacionados con la seguridad nacional.
«Es extremadamente raro que los supervivientes de torturas u otras víctimas de
derechos humanos de la guerra global de Estados Unidos contra el terrorismo
prevalezcan en los tribunales estadounidenses, ya sea contra funcionarios del
gobierno o contra contratistas militares», escribió Sinnar. «El Tribunal
Supremo ha dificultado increíblemente la rendición de cuentas del Estado de
seguridad nacional ante los tribunales. Así que esta victoria es excepcional en
todos los sentidos del término».
También es destacable que un jurado estadounidense se pusiera del lado de los hombres iraquíes contra un
contratista militar estadounidense, afirma Yumna Rizvi, analista principal de
políticas del Centro para las Víctimas de la Tortura, una organización
internacional sin ánimo de lucro. «Demuestra que claramente no están de acuerdo
con las decisiones de su gobierno», afirmó Rizvi. «El público estadounidense
está poniendo sobre aviso a su gobierno y a sus contratistas de que: ‘Os vemos
y no estamos de acuerdo con lo que habéis hecho o estáis haciendo’».
Rizvi se pregunta por el precedente que podría haberse sentado para otros casos si los demandantes
hubieran podido ir a juicio antes. «No se puede ir por ahí destruyendo los
cuerpos y los espíritus y las mentes de la gente y salir impune», dijo.
«Desgraciadamente, eso es lo que hemos visto durante demasiado tiempo en la
guerra de Estados Unidos contra el terrorismo y en la forma en que Estados
Unidos se ha comportado en todo el mundo».
Los demandantes -Suhail Najim Abdullah Al Shimari, Salah Hasan Nusaif Al-Ejaili y Asa’ad Hamza Hanfoosh
Zuba’e- habían declarado haber sufrido abusos sexuales y acoso, así como
palizas y amenazas con perros en Abu Ghraib a principios de la década de 2000.
«Mi cuerpo era como una máquina que respondía a todo tipo de órdenes
externas», había declarado
anteriormente Al-Ejaili, experiodista de Al Yazeera. «La única parte
que poseía era mi cerebro, al que la bolsa de plástico negra que utilizaban
para cubrirme la cabeza no podía bloquear».
Al-Ejaili voló a Estados Unidos para estar presente en ambos juicios, pero escuchó por primera vez el
veredicto del jurado mientras estaba en casa con su familia en Suecia. El
martes esperaba una llamada de Azmy para notificarle la decisión del jurado.
Cuando sonó su teléfono, las primeras palabras de Azmy fueron: «Salah, hemos ganado».
«Sentí una alegría pura y profunda», dijo Al-Ejaili.
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