El encubrimiento de los asesinatos oficiales
ilegales
17 de febrero de 2013
Periódico Revolución
revcom.us
El poder más extremista que cualquier dirigente político pueda ejercer es el
poder de seleccionar a sus propios ciudadanos para ejecutarlos sin ningún cargo
ni debido proceso legal, lejos de todo campo de batalla. La administración de
Obama no sólo ha afirmado ese preciso poder en teoría sino que lo ha ejercido en
la práctica. En septiembre de 2011, mató al ciudadano estadounidense Anwar
Awlaki mediante un ataque de avión no tripulado en Yemen junto con el ciudadano
estadounidense Samir Khan, y dos semanas después, en circunstancias todavía sin
explicación, mató al hijo estadounidense de Awlaki, Abdulrahman, de 16 años de
edad, en otro ataque de avión no tripulado en Yemen.
El columnista Glenn Greenwald,
The Guardian, 5 de
febrero de 2013
En estos tres asesinatos oficiales de ciudadanos estadounidenses, no hubo
cargos, evidencia, juicio, derecho a una defensa ni derecho de refutar la prueba
en su contra. De hecho, lo hicieron todo en secreto: de la inclusión de sus
nombres en la lista de personas para matar al acto de matarlos.
Un Libro Blanco para destripar el debido proceso legal
El 4 de febrero, el noticiero de la NBC divulgó un “Libro Blanco” del
Departamento de Justicia que, según se informa, resume y embellece la
justificación jurídica de la administración de Obama por tales asesinatos. El
encubrimiento se intitula: “La legalidad de una operación letal apuntada contra
un ciudadano estadounidense que es un alto dirigente operativo de Al Qaeda o una
fuerza afiliada”.
Pero se le debería intitular: “Destripando la Constitución con el propósito
de justificar el que el presidente asesine a cualquiera en cualquier parte por
cualquier razón sin el debido proceso legal”.
En marzo de 2012, el procurador general estadounidense Eric Holder dio un
discurso para defender y justificar la “lista de personas para matar” de la
administración de Obama, que es una lista de individuos que han seleccionado
para el asesinato por avión no tripulado lisa y llanamente por decreto
presidencial. El quid del discurso de Holder fue su afirmación de que “—el
debido proceso legal y el proceso judicial no son una y la misma cosa”.
Pero sin una revisión judicial, el debido proceso legal no tiene sentido. La
V Enmienda de la Carta de Derechos a la Constitución estadounidense dice: “…a
persona alguna… se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el
debido proceso legal” y la VI Enmienda dice que “…el acusado gozará del derecho
de… ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le caree
con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los testigos en su
favor y de contar con la ayuda de Accesoria Legal para su defensa”. Esos
supuestos derechos son los elementos esenciales de lo que se llama “el debido
proceso legal”.
En el sentido más fundamental, el derecho al debido proceso legal siempre ha
sido una farsa: en los 200+ años de la existencia de Estados Unidos, un
sinnúmero de individuos, sobre todo de las nacionalidades oprimidas, han estado
metidos a las prisiones bajo acusaciones falsas y con la menor evidencia: la
policía, como juez, jurado y verdugo, ha matado a un sinnúmero de individuos.
Para colmo, el debido proceso legal nunca se ha aplicado a las personas
masacradas por las fuerzas armadas estadounidenses en Vietnam, El Salvador,
Haití y los muchos otros países objeto de sus invasiones.
Pero el rechazo de parte de la administración de Obama al debido proceso
legal (en la forma de decir que no implica una revisión judicial) es una
dramática escalada en la que los gobernantes estadounidenses se adjudican como
su “derecho” de matar a cualquiera que se les oponga sin ninguna
restricción.
¿Cómo es “el debido proceso legal” que Holder y Obama dicen que todavía
existe? Leon Panetta, el saliente secretario de Defensa de Obama, lo resume así:
“Obviamente el presidente de los Estados Unidos revisa estos casos, revisa la
justificación jurídica y en conclusión dice, sí o no”. Ahí está el “debido
proceso legal”.
Una “amenaza inminente” es lo que disponga el presidente
Una justificación central del Libro Blanco es que el presidente tiene que
actuar sin revisión judicial a fin de lidiar con lo que supuestamente sea una
“amenaza inminente” específica contra Estados Unidos debido de un “alto
dirigente operativo” de Al Qaeda o una “fuerza afiliada” (subrayado
agregado).
El Libro Blanco define una “amenaza inminente” así: “En primer
lugar, la condición de que un dirigente operativo represente una amenaza
‘inminente’ de un ataque violento contra los Estados Unidos no requiere que los
Estados Unidos tenga claras evidencia de que ocurrirá en el futuro cercano un
ataque específico contra unos individuos o intereses de Estados Unidos”.
O sea, ¡una “amenaza inminente” no tiene que ser ni inminente ni tampoco
una amenaza!
Poco después del asesinato de Anwar al-Awlaki, Obama lo justificó en
declaraciones ante los medios informativos (pero desde luego no en el proceso,
que nunca se sostuvo). ¿Cómo? En parte, al decir: “[al-Awlaki] repetidamente
pidió que unos individuos en los Estados Unidos y por el mundo mataran a
hombres, mujeres y niños inocentes a fin de promover una agenda mortífera”.
No hubo ninguna acusación de que la víctima de este asesinato hubiera
cometido un delito, de que fuera un “alto dirigente operativo” de Al Qaeda, de
que matara a alguien o ordenara el asesinato de alguien. Para colmo, mediante
declaraciones semejantes (a los que los medios informativos de la clase
dominante les hicieron eco y repitieron sin fin), condicionan a la población de
modo que acepte tales afirmaciones del presidente para legitimar el asesinato de
ciudadanos estadounidenses.
En una palabra, una “amenaza inminente” que supuestamente justifica el
asesinato ilegal, ilegítimo e inconstitucional sin proceso a ciudadanos
estadounidenses es lo que disponga el presidente.
La ominosa elección de “fuerzas afiliadas”
En vista de la definición tan falsa (y engañosa) de una “amenaza inminente”
en este Libro Blanco, es muy ominoso que el mismo insiste en que se lleven a
cabo tales asesinatos no solo contra al Qaeda sino contra cualquiera que el
gobierno estime que sea una “fuerza afiliada”.
Para repetir, si el gobierno puede seleccionar a cualquier ciudadano
estadounidense para asesinato al decir que su actividad, sea cual fuere,
constituye una “amenaza inminente”, pues imagínese quién pudiera considerarse
una “fuerza afiliada” de “los terroristas”.
Si ellos le pueden hacer eso a un ciudadano estadounidense…
Por sus propias razones, algunas fuerzas en la clase dominante estadounidense
y en el Congreso han manifestado inquietudes acerca de este Libro Blanco y la
“lista de personas para matar” del presidente. Al parecer, los términos
principales del “debate” son: seguir asesinado a cualquiera en cualquier lugar
pero con un barniz de algo parecido a una revisión judicial.
Pero ninguna de esas inquietudes ni siquiera dice que parte de los intereses
de la humanidad. Al contrario, parten de la premisa de que cualquier crimen está
bien siempre y cuando la víctima no sea un ciudadano estadounidense.
He aquí lo que en realidad está en juego en la realidad de que están
seleccionando abiertamente a unos ciudadanos estadounidenses para el asesinato
ilegal sin juicio: si el gobierno estadounidense puede hacerle esto a unos
ciudadanos estadounidenses, o sea, los individuos que estas políticas
supuestamente “protegen”, eso allana el camino para crímenes mucho
mayores contra los pueblos del mundo.
Desde esa perspectiva, es necesario denunciar y protestar contra el
encubrimiento en el Libro Blanco.
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