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En la era de Obama, la criminalización de la oposición política
a la agresión estadounidense:
Las redadas del FBI contra los activistas
anti-guerra
Revolución #215, 31 de octubre
de 2010
A fines de septiembre, agentes del FBI llevaron a cabo redadas coordinadas en
la madrugada contra la oficina del Comité Anti-Guerra en Minneapolis y siete
casas en esa misma ciudad y Chicago. En algunas casas, desenfundaron sus
revólveres. El blanco de las redadas: los participantes en el movimiento contra
la guerra; los movimientos de solidaridad con Palestina y Colombia; y la
Organización Socialista del Camino para la Libertad (OSCL). Allanaron la casa
del director ejecutivo de un organismo de servicios sociales chicagoense, la Red
de Acción Árabe-Americana. Los órdenes de allanamiento para las redadas
afirmaban que la Fuerza Conjunta Contra el terrorismo (que abarca el FBI)
buscaba evidencias en una investigación en marcha respecto al "apoyo material al
terrorismo".
Como parte de la investigación, citaron a 14 activistas para comparecer ante
un gran jurado federal en Chicago. Cada uno firmó una carta de sus abogados en
que dicen que NO rendirían testimonio. El subprocurador federal responsable
respondió diciéndoles a esos abogados que iba a retirar los citatorios pero no
iba a comentar más. El gobierno no ha dado marcha atrás. Las autoridades tienen
varias opciones para sus siguientes maniobras: más redadas; levantar cargos y
hacer arrestos; emitir otra ronda de citatorios para rendir testimonio ante el
gran jurado, pero con la oferta de una inmunidad limitada a algunas personas que
trae aparejada del amenaza del encarcelamiento si siguen negándose a rendir
testimonio. (Ver el recuadro "El gran jurado: La gran
inquisición".)
Mientras tanto, aún más oponentes de la guerra siguen informando de
hostigamiento del FBI en sus casas y lugares de trabajo.
Ni una sola persona fue arrestada, pero saquearon durante horas sus casas. El
FBI confiscó computadores, teléfonos móviles, pasaportes, libretas de
direcciones, cuentas de correo electrónico, correspondencia y documentos
personales, fotografías, registros financieros e incluso pertenencias de sus
hijos. A cualquiera que obligan a comparecer ante el gran jurado corre la
posibilidad muy real del encarcelamiento por la duración del gran jurado
(posiblemente meses o hasta años) sin siquiera una condena por un delito
específico, lisa y llanamente por ejercer su derecho de no participar en la
cacería política.
Por todo el país la gente de inmediato se movilizó en defensa de las personas
bajo ataque.
Una década de represión da un salto serio
En la década desde los ataques del 11 de septiembre contra las torres gemelas
y el Pentágono, el gobierno ha expandido dramáticamente el aparato represivo. La
vigilancia penetra a hurtadillas en todo aspecto de la vida del pueblo. Durante
la última década, el FBI ha interrogado a miles de hombres de origen árabe,
vigilado mezquitas y cerrado instituciones caritativas. Policías requete-armados
reprimieron a protestas contra la guerra de Irak y otras políticas del gobierno
arrestando a cientos de manifestantes pacíficos de un solo golpe, incluyendo
fuera de las convenciones nacionales de los republicanos y de los demócratas. En
un momento, contra ocho organizadores de las protestas de 2008 contra la
Convención Nacional Republicana levantaron cargos de múltiples delitos graves
por organizar protestas "en apoyo al terrorismo". En una acción
anti-globalización durante una cumbre de dirigentes del mundo en Pittsburgh en
septiembre de 2009, levantaron contra un conocido activista cargos relacionados
con el terrorismo por "twiterar" mensajes sobre las actividades de la policía.
Mientras tanto, las autoridades fomentan tal mentalidad de tira mediante
campañas publicitarias como "si ves algo, di algo", a la vez que arrestan, meten
al bote y persiguen a aquellos que reportan o solamente videograban delitos
cometidos por la policía u otros organismos del gobierno.
Pero la última ronda de redadas y citatorios del gran jurado representa un
gran salto nuevo de la represión. Los ataques en Minneapolis y Chicago (no
quedan sin respuesta) significan que se permite llevar a cabo contra aquellos
que disienten del gobierno redadas, allanamientos y amenazas de encarcelamiento
sin debido proceso legal sin ninguna razón salvo su asociación con alguien que
el gobierno estadounidense ha puesto en la "lista negra internacional", y hasta
en los casos en que esa asociación sea puramente política o educacional.
Los abogados de derechos civiles vienen advirtiendo desde la aprobación de la
ley Patriota de 2001 que aquellos que critican al gobierno o mantienen lazos con
movimiento internacionales de paz podrían ser objeto de investigaciones por
terrorismo interno porque la definición de terrorismo es tan vaga y amplia que
cubra desde la desobediencia civil no violenta tradicional en el país hasta
proyectos humanitarios en otros países (Vea el recuadro "El fallo supremamente malo
de la Suprema Corte".)
Bruce Nestor del Gremio Nacional de Abogados-Minneapolis, uno de los
defensores de los activistas citados, dijo: "Esta fue la primera vez que las
autoridades han tenido por objeto en sentido amplio a lo que se podría llamar
‘los activistas anti-guerra tradicionales’… No quiero restar peso a la represión
contra los grupos musulmanes y árabe-americanos en Estados Unidos, pero esto
representa un ataque directo contra activistas anti-guerra". Margaret Ratner
Kunstler, en el programa radial Ley y desorden, trazó las consecuencias
amplias: "…De hecho, representa un enorme cambio que tenemos en este país por lo
que se refiere a la capacidad de la gente de oponerse activamente a esta
política del gobierno".
Una violación de derechos fundamentales
Este ataque es una escandalosa violación de los derechos fundamentales que
supuestamente garantiza la Constitución estadounidense. Analice la lista.
¿Libertad contra allanamientos y confiscaciones irrazonables (es decir, sin
causa probable de que un delito haya sido cometido)? Al traste. No comprobaron
tal causa probable antes de allanar las casas y llevarse cartón tras cartón de
pertenencias. Un observador legal dijo que la orden eran una carta blanca tan
amplia para el FBI que bien podría haberse dicho: "que se lleven todo".
¿Libertad de asociarse con otros para fines políticos? Al traste. La premisa
básica de la investigación en general es que había una asociación no definida
con unas organizaciones que el gobierno ha puesto en una lista. Confiscaron las
listas de contactos y e-mail de los activistas en busca de potenciales
"co-conspiradores". Además, llama la atención que las órdenes enumeran como
evidencias a confiscarse todos los materiales relacionados a "reclutar,
adoctrinar y facilitar que otros individuos en Estados Unidos ingresen a la
OSCL…". ¿Libertad de palabra? Al traste. Los 14 activistas han señalado que el
gobierno los ataca por artículos y testimonios que denuncian las políticas del
gobierno estadounidense en diferentes partes del mundo. ¿Libertad de ser
obligado a rendir testimonio en contra uno mismo? Al traste. Se puede usar el
proceso de citatorios para el gran jurado para encanar a personas por largos
plazos por negarse a rendir testimonio recurriendo al derecho de la V Enmienda a
no autoinculparse después de que un juez haya otorgado una inmunidad muy
limitada contra un proceso a fin de obligarlo a rendir testimonio en todo caso.
(Ver "El gran jurado: La gran inquisición".)
Esa es la versión corta de los derechos que están violando y lo que
representa.
He aquí una ironía: todo esto lo está haciendo el gobierno del "estudioso
constitucional", el presidente Obama. Pero la ironía no se trata de que
al presidente se le olvidara que una vez daba clases en la Universidad de
Chicago, sino que mucha gente se dejó creer que el paquete en que él venía
envuelto era fundamentalmente distinto al de Bush. Estas redadas demuestran la
realidad del funcionamiento de este sistema, no importa quién lo gobierne en un
momento determinado. Cuando los representantes políticos de este sistema
imperialista lo estimen necesario usar los instrumentos de la dictadura (en este
caso, la policía política, los tribunales y las prisiones), no dudarán en violar
los preceptos democráticos asentados en su Constitución.
A lo largo de este caso, parece que el gobierno estadounidense esté dando un
mensaje a la gente dentro (y fuera) de las fronteras de este país: "Fíjese, no
sólo vamos a librar guerras constantes en el Medio Oriente y Asia central,
imponiendo regímenes en la región y avalando las masacres y ocupaciones de
Israel… no sólo cometeremos asesinatos y tortura contra aquellos que se nos
entrepongan… no sólo espiraremos, hostigaremos y deportaremos a los inmigrantes
de estas regiones que se oponen a nuestras políticas… sino que también
aumentaremos las apuestas tan fuertemente pata cualquiera dentro de los propios
Estados Unidos que se atreva a disentir y denunciar nuestros crímenes. Tenemos
un imperio… y en nuestra defensa de él, nos podremos despiadados. Así que usted
debería aceptar las cosas o la próxima vez, ¡alguien podría estar tocando su
puerta!" (Busque más sobre cómo y por qué la llamada "guerra contra el terror"
es en realidad una guerra por el imperio en "Forjar
otro camino — Más sobre los 'dos sectores históricamente anticuados'", de
Bob Avakian, Revolución #213, 10 de octubre de 2010.)
Es imprescindible rechazar ese mensaje.
Hay que responder a este ataque con mayor resistencia y
darle marcha atrás
La pura verdad es lo siguiente: la clase dominante, y Obama, no dejan que los
derechos supuestamente garantizados por ley impidan lo que ellos perciben como
los intereses del imperialismo. Pero eso NO quiere decir el pueblo no debiera
luchar por esos derechos. Al contrario. Lo que sí demuestra es que debemos
luchar tanto más duramente y sin ilusiones contra esta represión,
denunciando tanto la naturaleza cruel de las políticas que estas redadas hacen
cumplir (y los intereses que mueven dichas políticas) como las maneras en que
estas redadas son completamente ilegítimas: son una violación no sólo de los
derechos fundamentales y de las creencias fundamentales de muchísimas personas
en materia de lo que es justo sino de las propias leyes tales como se
redactaron.
A esa luz, han surgido pasos iniciales muy positivos en respuesta a las
redadas. El mismo día de las redadas y durante la semana posterior en unas 60
ciudades en todo el país, se montaron acciones de protesta de emergencia frente
a oficinas del FBI y edificios del gobierno: de 400 a 500 personas en
Minneapolis; en las calles de Chicago fuera de las oficinas del FBI. Se
celebraron otras formas de protesta: de circular declaraciones en la red a
iniciativas del clero y gente religiosa. El Consejo de Trabajadores de San
Francisco aprobó una resolución condenatoria del ataque y cinco legisladores
presentaron un proyecto de ley en la legislatura del estado de Minnesota que
daría la alerta sobre las redadas del FBI y la investigación del gran
jurado.
Es necesario y posible hacer mucho más. Estos ataques contra los activistas
contra la guerra y de solidaridad internacional deberían dar la alarma para
todos aquellos que se hayan opuesto a las políticas del gobierno estadounidense
en diferentes partes del mundo, y éstos deberían apoyar el derecho de la gente a
organizarse y defender en el frente político a las personas que caen bajo ataque
por hacerlo. Cualquiera que apoye a los grupos e individuos en Estados Unidos
que hacen trabajo humanitario en otros países (proyectos de socorro,
trabajadores de derechos humanos, periodistas, programas de resolución de
conflictos) también deberían tomar posición contra esta opresión, al igual que
hizo mucha gente en el reciente caso de la Suprema Corte. (Ver "El fallo
supremamente malo de la Suprema Corte".)
Además, los revolucionarios y los radicales no sólo deben sonar la alarma y
unirse a esto sino demostrar cada vez más la manera en que los intereses que
motivan tal represión son intereses imperialistas y la manera en que es
ilegítimo el estado que debe servir y sí sirve esos intereses. Es únicamente de
esta manera que habrá una oportunidad de no sólo para este ataque sino empezar a
construir un movimiento que se oponga a un ambiente y sistema jurídico que a
diario se vuelve más represivo.
Aquellos que desafían y alzan la voz contra lo que Estados Unidos hace en
este país y en el mundo deberían conocer sus derechos. De esta manera, entre
otras, el ataque del gobierno se le podría salir por la culata: si muchas más
personas no se dejan embaucar por los agentes de la represión y ejercen sus
derechos. (Ver "Que no se
deje engatusar por los agentes de la represión — 'No diga nada'",
Revolución #194, 7 de marzo de 2010.)
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