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21 de agosto de 2015

El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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Vil ataque oficial contra Lynne Stewart

Sentencia de 10 años como advertencia a otros abogados

Revolución #208, 25 de julio de 2010

El 15 de julio, una conocida abogada del pueblo, Lynne Stewart, fue sentenciada a pasar diez años en una cárcel federal. Stewart, de 70 años, se está recuperando del tratamiento por cáncer del seno. Ha dedicado la vida a defender en los tribunales a los acusados pobres e impopulares.

El encarcelamiento de Stewart es un ultraje y representa un mensaje ominoso a otros abogados: "Asumir la defensa de los oponentes de nuestro imperio o de las personas que nosotros tachamos de 'terroristas', y esto es lo que le podría pasar".

Los antecedentes de la persecución de Stewart revelan los motivos políticos del gobierno. Las acusaciones en su contra y la sentencia surgieron de su trabajo en los años 90 como defensora del clérigo islámico fundamentalista Omar Abdel Rahman, quien fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua en 1996 por conspiración sediciosa a raíz de unos supuestos complots para atacar importantes edificios en la Ciudad de Nueva York, entre ellos las torres gemelas. El alegato del gobierno en su contra sostiene que ella y dos co acusados, un traductor y un ayudante paralegal, ayudaron a comunicar un mensaje de Rahman a su grupo en Egipto, entregando un comunicado de prensa a un corresponsal de Reuters en que habla de su oposición a un cese al fuego con el régimen egipcio.

Se podría considerar que eso representara ejercer la libertad de palabra. Pero el gobierno dice que esta comunicación pública violó las "Medidas Administrativas Especiales" (SAM) impuestas sobre Rahman. Las SAM surgieron en los años de Clinton y dejan que el gobierno aísle y silencie a cualquier preso que se considera una amenaza a la seguridad del imperio.

El supuesto delito de Stewart ocurrió en 2000 pero el gobierno actuó en su contra en 2002, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En ese momento, el procurador general federal John Ashcroft corrió hacia Nueva York para anunciar ante las cámaras de la televisión el arresto repentino de Stewart y la tachó de "abogada de terroristas". En ese entonces, el gobierno llevaba a cabo arrestos en masa de hombres jóvenes de los países musulmanes y no quería que interfirieran los abogados.

La mayoría de los argumentos del gobierno en su contra se basan en grabaciones que el gobierno hizo a escondidas de sus reuniones con su cliente, y los miles de cartas, faxes, correos electrónicos y llamadas telefónicas interceptadas que se recibieron en su despacho o se hicieron desde el mismo o que sus empleados hicieron o recibieron. Se legalizaron tales intercepciones telefónicas mediante los nuevos poderes fascistas que el gobierno asumió después del 11 de septiembre de 2001, todos los cuales el gobierno de Obama mantiene y aplica afanosamente.

La sentencia de diez años es de hecho una nueva sentencia, pues un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la sentencia original era muy leve. El juez de su proceso obedecía dándole la máxima sentencia para la acusación principal, de darle "apoyo material a una conspiración terrorista" y otros dos de "libertad supervisada". Fue un mensaje oficial a los abogados que defienden a cualquiera que el gobierno tacha de "terrorista".

La nueva sentencia de diez años es muy ultrajante, en vista del trato brutal que le han dado ya en la cárcel. El tribunal de apelaciones que el año pasado ordenó la nueva audiencia de sentencia canceló su fianza y ordenó que la llevaran de inmediato a la cárcel. Después de estar en la cárcel, un chequeo regularmente programado para cáncer del seno reveló una mancha en su hígado. Ella pidió que su propio médico le practicara la biopsia, en su propio hospital, que tiene su historial médico. Las autoridades carceleras, al contrario, mandaron que se le practicara en una instalación inferior de su propia elección. Salvo durante el examen y el procedimiento, la mantuvieron en grilletes y esposada durante la consulta.

La han inhabilitado para el ejercicio de la abogacía y ahora podría pasar casi ocho años más en la cárcel, incluso con los beneficios del buen comportamiento y el tiempo ya pasado en la cárcel. Como es una querida figura en los movimientos del pueblo, la sala repleta del tribunal estalló en aplausos cuando ella entró. Muchos abogados estaban presentes para apoyarla, además de sus defensoras Jill Shellow y Sarah Kunstler (hija del difunto William Kunstler). Casi 300 personas más llenaron otra sala para ver la audiencia por video.

Se puede hallar más información sobre el caso y lo que se puede hacer para apoyarla en http://www.lynnstewart.org/.


 

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